Los datos y argumentos que ha aportado Manuel Moix para avalar su honorabilidad son consistentes. Al margen de que no es ningún delito heredar una sociedad inactiva en Panamá, declaró su existencia a la Agencia Tributaria en cuanto accedió a la cuarta parte de su titularidad y tributó por ello en el Impuesto de Sucesiones.

De igual forma, sus explicaciones de por qué no pudo liquidar la sociedad como era su voluntad ni informó al fiscal general son dignas de tenerse en cuenta. Ahora bien, el problema de Moix es que él no es un ciudadano de a pie, sino fiscal jefe Anticorrupción, un puesto muy relevante en el Ministerio Público fruto de un nombramiento político.

Ciertamente a Moix no lo ha elegido ningún partido, pero ocupa un cargo de libre designación y quien lo ha nombrado ha sido escogido por el Ejecutivo. Por eso, y por ser el Ministerio Público una institución jerárquica, decimos que Moix ocupa de forma indirecta una plaza fruto de un nombramiento político. Y lo hace en un momento especialmente sensible, cuando el partido en el Gobierno se encuentra acorralado por los casos de corrupción.

EL ESPAÑOL no sólo fue el medio que desveló el caso, sino que ha dado toda la información al respecto: la que le exculpaba en cuanto que ciudadano y la que le pone muy difícil seguir como fiscal Anticorrupción. Cuando la Administración está persiguiendo delitos en sociedades radicadas en paraísos fiscales, Moix no puede verse salpicado por la revelación de que su familia ha compartido testaferros en Panamá con Oleguer Pujol o Ruiz Mateos.  

El propio Moix ha admitido este miércoles que "calculó mal" al no comunicar al fiscal general del Estado que poseía el 25% de una sociedad en Panamá. Pero es probable que, de haberlo hecho, no le hubiera dado el cargo. En cualquier caso, su continuidad en Anticorrupción lastra la credibilidad de la institución y es de sentido común su relevo.

Las razones que ha argüido para justificar por qué ha mantenido el 25% de la sociedad patrimonial que su padre abrió en Panamá hace 30 años son discutibles. Moix ha alegado que sólo tuvo conocimiento de la existencia de Duchesse Financial Overseas en 2008 cuando, tras el fallecimiento de su madre, heredó su parte. Sin embargo, la hermana mayor de Moix ya aparece como representante de la compañía en 1988, año en el que los padres utilizaron la sociedad para adquirir un chalet en Collado Villalba.

Es cierto que hay elementos suficientes para sospechar que ha habido una campaña contra Moix desde el propio Ministerio Fiscal, encabezada por quienes no querían sujetarse a la disciplina que, con buen criterio, quiso imponer desde su llegada al cargo. En el Gobierno prevalece la sospecha de que el fiscal es "víctima de una cacería", pero se le da por "amortizado" por el modo en que todo este escándalo compromete la imagen de la institución. Aunque se trate de un tópico, no hay que olvidar que la mujer del César no sólo ha de ser honrada, sino parecerlo.

Moix está perfectamente legitimado para seguir desempeñando sus funciones como fiscal en cualquier otro destino. Aunque sea por una cuestión de credibilidad institucional debería ser relevado o dimitir. Más aún cuando ha reiterado, y le creemos, que no tiene "apego alguno" al cargo.