ETA vuelve a poner sobre la mesa una oferta unilateral de desarme en un intento desesperado por evitar que sea la Policía la que escriba el final de 60 años de terrorismo. El fin sería entregar todas las armas antes del 8 de abril. La noticia se produce tres años después de una falsa entrega en cajas de cartón, tras varios intentos fallidos de sentar a negociar a los gobiernos de España y Francia y con sus pistoleros en la cárcel o acorralados.

Es decir, aunque cualquier paso hacia la desaparición de ETA es una buena noticia, a este anuncio de la banda no se le puede dar más crédito que el que merece un puñado de criminales en desbandada, políticamente derrotados, socialmente deslegitimados y que pretenden pactar con ventaja las condiciones de su rendición: principalmente en lo que atañe al acercamiento y la excarcelación de presos y la aprobación de una “justicia transicional” que permita que determinados delitos queden impunes.

Política carcelaria

No en balde, el final de la política carcelaria de dispersión es ahora mismo el principal caballo de batalla no ya de la izquierda abertzale sino del PNV, que acaba de sacar adelante los presupuestos del País Vasco con el apoyo del PP y que aparece en el escenario inmediato como potencial aliado del Gobierno en el debate de las cuentas públicas.

Está aún por ver si con este anuncio ETA pretende no ya capitalizar su final inevitable antes de que la Policía desmantele por completo su arsenal, sino obtener ventajas para sus presos. Sería un error imperdonable, que sólo contribuiría a retrasar la disolución de ETA, hacer pensar a los terroristas que su actitud puede condicionar la situación de los presos. En este sentido, la ligereza con la que Podemos se ha apresurado -este mismo viernes- a pedir el acercamiento, con la intención de buscar votos en el caladero de Bildu, resulta lamentable.

Recaderos de ETA

Más aún cuando no hay ningún elemento que permita pensar que ETA ofrece ahora algo distinto del paripé de hace dos años. ETA ha pasado de negociar de tú a tú con los gobiernos de Aznar y Zapatero y aprovechar la mediación de líderes internacionales como Kofi Annan (2011) a utilizar a verificadores a los que acabó engañando (2014) para -en esta ocasión- valerse de recaderos de perfil bajo que se autodefinen como auténticos representantes de "la sociedad civil".

A expensas de que la banda o este sujeto varias veces detenido detallen dónde están los zulos, el anuncio de la banda debe valorarse con máxima cautela. Más aún cuando buena parte de ese armamento pudo haberse empleado en los más de 300 asesinatos que aún hay que esclarecer. La banda tiene que comprender, y ni el Gobierno ni el PNV ni ningún partido debería hacer gestos en sentido contrario, que no le queda más recorrido que el de la disolución sin condiciones.