El real decreto aprobado por el Gobierno para reforzar las medidas de protección social en materia energética ha dejado más incertidumbres que certezas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, describió lo que será un nuevo protocolo para evitar los cortes del suministro, esbozó las cuatro nuevas categorías de consumidores que tutelará el sistema y dejó muy claro quién lo financiará -las eléctricas y las comunidades autónomas-, pero no pudo precisar si la iniciativa podrá entrar en vigor antes de que acabe el invierno.

Todo indica que no será así. Este real decreto es fruto del pacto alcanzado por Nadal con el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, al que se ha sumado Ciudadanos. Sin embargo, su paso por el Parlamento no será tan rápido; primero porque ahora entramos en el parón navideño y, segundo, porque la complejidad técnica del proceso de aprobación de la ley y de sus reglamentos es grande.

Largo proceso

La medida deberá ser analizada en una Conferencia de Presidentes autonómicos -ya que las comunidades son cofinanciadoras del programa-, tiene que recibir los dictámenes del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), y, por último, ha de ser sometido a la consideración de la Comisión Europea que tiene competencias sobre los precios de la energía.

Nadal tendrá que correr si quiere que la normativa vea la luz antes de la primavera. De hecho, no ha podido dar una respuesta rotunda a la pregunta de si este invierno habrá más cortes a personas que no paguen el recibo, porque sencillamente no lo puede garantizar.

Pagan las eléctricas

Lo que sí quedó claro tras el Consejo de Ministros, es que el flamante ministro no rectificará la política marcada por su hermano Alberto Nadal, ex secretario de Estado de Energía en el primer Gobierno de Rajoy, y cargará sobre los hombros de las eléctricas el grueso de la financiación del fondo social. Las eléctricas sostienen que éste debería ser financiado con cargo a los impuestos. Su planteamiento no carece de fundamento ya que de ese modo se evitarían distorsiones sobre el precio de la electricidad que a la larga perjudican al mismo ciudadano que se dice querer ayudar. 

Las empresas eléctricas ya eran los principales financiadores en la normativa anterior que fue rechazada por el Tribunal Supremo, que la consideró discriminatoria. Todo indica que las empresas volverán a recurrir la normativa cuando ésta avance en su camino legislativo, entorpeciendo aún más su aprobación.