El azar le ha brindado al Gobierno la oportunidad de dejar en suspenso la implantación de los exámenes de reválida que establece la Lomce y ganar tiempo de esta forma para consensuar una medida que, si bien entendemos positiva, ha puesto en pie de guerra a toda la oposición y a buena parte de la comunidad educativa.

No es casual que una de las condiciones que Ciudadanos logró arrancar del PP para apoyar la investidura de Rajoy fuera precisamente congelar este año la entrada en vigor de la reválida prevista para 4º de ESO (que da acceso al Bachillerato) y la de 2º de Bachillerato (que sustituye al Selectivo y permite entrar en la Universidad).

Situación rocambolesca

El episodio creado es tan rocambolesco que casi parece un guiño del destino para invitar al PP a reconsiderar el calendario. El caso es que las jubilaciones del presidente y de la vicepresidenta del Consejo Escolar, a las que se ha unido el fallecimiento del secretario general, han descabezado este organismo, que es el que tiene que dictaminar cómo se establecen las pruebas. Y la situación está bloqueada porque, estando en funciones, el Gobierno no puede renovar la dirección.

Aunque el ministro, Méndez de Vigo, ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para tratar de sortear este escollo, lo prudente sería abrir un periodo de reflexión o más bien una moratoria. Primero, por una cuestión práctica: su introducción condiciona la programación del curso, y éste ya ha comenzado. Pero, sobre todo, porque cuando Wert tomó la decisión de implantar las reválidas, el PP gozaba de una mayoría absoluta que ha perdido. Además, conocida la oposición del resto de partidos, queda claro que estas pruebas finales están condenadas a desaparecer en cuanto los populares abandonen el poder. Y no es cuestión de que continúe la dinámica de que haya una reforma educativa cada dos por tres.

Método objetivo

Las reválidas son un método objetivo para controlar la competencia de profesores y alumnos, en un sistema educativo que, en los últimos años, ha estado presidido por la idea de que lo mejor para evitar problemas a todos los niveles -personales y sociales-, es que los alumnos vayan pasando de curso. Es un modelo que relega la exigencia, que desmotiva y que acaba igualando por abajo a los estudiantes. Desde ese punto de vista, estas pruebas pueden estimular una mejora.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, a día de hoy, 700.000 alumnos no saben aún si dentro de nueve meses tendrán que hacer la reválida, ni con qué criterios ni en qué condiciones. No ocurrirá nada si ese requisito que prevé la Lomce se aplaza, al menos, un curso. Y ese tiempo deben emplearlo los partidos políticos y la comunidad educativa para intentar llegar a un gran acuerdo.