Una agente de seguridad junto a una mujer con niqab. Reuters
Un burka para tapar el verdadero problema de la inmigración
Si el velo integral debe ser prohibido porque atenta contra la igualdad entre sexos, ¿qué hacemos entonces, por ejemplo, con la exclusión de las mujeres del sacerdocio católico?
Lo más singular del debate sobre la prohibición del burka y el nicab, la última gran controversia nacional a la que nos hemos visto arrastrados por nuestra clase discutidora, es que la retirada del velo cabe entenderla también en sentido figurado: es uno de esos casos-límite que hacen aflorar algunas de las inconsistencias de nuestros sistemas políticos, que permanecían veladas por la normalidad de la rutina administrativa.
En ocasiones, los meandros de la deliberación infinita del parlamentarismo se topan con el escollo del conflicto radical que había querido diferir, y se levanta el velo que cubría aquella realidad que nos asusta afrontar de cara. Se desvanece la tranquilizadora ilusión que nos había conducido a olvidar que, en el corazón de lo político, siempre subyace una decisión sobre nuestro carácter colectivo como sociedad que no se resuelve con legalismos formularios.
Al contraluz del Otro islámico, cobran cuerpo esas realidades primordiales que las democracias liberales aconfesionales parecían haber neutralizado.
Porque, a tenor de las argumentaciones puestas en circulación por diputados y analistas, pareciera que, en el fondo, una comunidad política sí descansa sobre una mínima adhesión a unos principios morales densos e innegociables.
Que la libertad no es un fetiche taumatúrgico que bendice cualquier decisión, sino que la libertad puede verse condicionada por factores circunstanciales.
Que el mero consentimiento no basta para legitimar una elección éticamente reprobable.
Que en efecto existe un choque de civilizaciones irresoluble.
Que la amistad civil trenzada sobre parámetros de semejanza es necesaria para la cohesión de una sociedad.
O que la integridad de un espacio público reconocible es un bien social a preservar.
La diputada del PP, Ester Muñoz, exhibe una fotografía con varias mujeres con velo integral en España.
La finta argumental para salir al paso de estas objeciones es apostillar que el burka no es realmente un símbolo religioso.
Se trataría de una imposición de pedigrí somero y circunscrita a un puñado de plazas fundamentalistas del mundo islámico, por lo que desterrarlo del espacio público no entrañaría una lesión de la libertad de culto. Sería equivalente a prohibir la ablación genital: algo realizable desde criterios de estricta razón pública y legalidad.
Pero es vano refugiarse en vericuetos nominalistas: en tanto que canon indumentario establecido por unos preceptos de fundamento teológico, el burka comparece de facto en el debate político como una manifestación del credo islámico.
Buena prueba de ello es que tanto los partidarios de prohibirlo como los renuentes a su persecución abordan el asunto desde consideraciones religiosas. Y equiparan el burka a otras prácticas islámicas, como hizo la portavoz de Vox al clasificarlo dentro del mismo género que la dieta halal o la fiesta del cordero, o la portavoz del PP al asimilar la opresión asociada al velo integral con el velo islámico tout court.
¿Está entonces la derecha realmente segura de la conveniencia de suscribir una lógica según la cual la libertad religiosa puede ser limitada por el poder civil si se estima que esta conculca el derecho a la dignidad de la mujer?
El PP, que ha defendido la medida desde el prisma feminista, postula que debe ser prohibido "cualquier símbolo que represente subordinación de la mujer en el espacio público". Pero, siguiendo esa misma racionalidad, cabe decir que tampoco respetaría la igualdad de las mujeres su exclusión del sacerdocio femenino, como sucede en la Iglesia católica.
No es una conjetura ociosa plantear, en un país descristianizado como el nuestro y con un odium fidei anticlerical como el que ha acreditado cierta izquierda, que ese mismo credo laico del igualitarismo podría invocarse para extender la prohibición del burka a otras manifestaciones públicas de la religión, incluida la cristiana.
Al fin y al cabo, se han perpetrado en el pasado revisiones inclusivas de la cabalgata de los Reyes Magos. Algunos proponen la privatización de las procesiones de Semana Santa. Y el Gobierno llegó a amagar con llevar a la Iglesia al Tribunal Constitucional por negarle la comunión a quienes viven en una relación homosexual.
Si lo que hay detrás del problema del burka es el apercibimiento de las antinomias del multiculturalismo, la solución no pasa por obligar a los inmigrantes que profesan corrientes fundamentalistas del islam a renunciar a ciertas observancias, lo cual conlleva una amputación de su identidad cultural mucho más traumática de lo que la concepción liberal de la religión alcanza a imaginar.
La solución radicará, en todo caso, en asumir la necesidad de una selección de la inmigración por origen, vetando el acceso a nuestro territorio a aquellos extranjeros cuyas costumbres resulten incompatibles con las nuestras.
De hecho, todo indica que la fijación con el velo integral responde a un mero ejercicio publicitario para halagar con una medida cosmética a ese creciente segmento del electorado que exige un endurecimiento de las políticas de extranjería.
La animadversión que inspira en Europa el islam autoriza aspavientos teatrales más severos que los que se dedican al resto de comunidades foráneas. Pero cada vez parece más claro que la inflamación retórica contra el invasor mahometano encubre una maniobra para orientar la conversación pública lejos del problema realmente incómodo de abordar.
Y es que tal vez la tipología de inmigrantes que, por su volumen e incidencia social, resulta verdaderamente problemática en España no es la que va embozada, sino una que viste a la occidental.
