Campaña de prevención del suicidio del Gobierno de España.

Campaña de prevención del suicidio del Gobierno de España.

Columnas

Dejemos de perpetuar el tabú: el suicidio no es un asunto privado

Necesitamos una ley estatal, con carácter vinculante y con dotación económica blindada, que garantice un sistema nacional de registro y seguimiento de intentos de suicidio.

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Imaginen que cada día, los 365 días del año, se suicidara en España un equipo completo de fútbol en el campo. Los once, uno detrás de otro. Ante sus ojos. Con distintos métodos letales. Alevines, juveniles, profesionales, séniors.

Once españoles de toda edad y condición. Cuatro veces más hombres que mujeres, eso sí.

Imaginen que, a pesar de ese espanto cotidiano, solo habláramos de ello un día al año. Digamos hoy, por ejemplo. 10 de septiembre.

Otro Día Mundial compartiendo hashtags y memes, velas y concentraciones, cabeceos contritos y aspavientos. Algún especial en los medios recordando cifras y recomendaciones, y a pasar página al día siguiente.

Imaginen que, además, esa cifra de suicidios —probados, porque el número real nunca lo sabremos— hubiera crecido nada menos que un 10% en los últimos cuatro años. Una persona más al día, casi cuatrocientas más al año.

Y, además, que ese incremento se hubiera producido de forma exponencial entre los más jóvenes.

Pues bien: dejen de imaginar, pues la realidad es incluso peor. Porque, en lo que a prevención del suicidio se refiere, en España seguimos atrapados entre la retórica y la inacción.

¿Hemos avanzado algo? Desde luego, pero ni mucho menos lo suficiente.

Mónica García, ministra de Sanidad.

Mónica García, ministra de Sanidad. A. Pérez Meca / Europa Press

Recuerdo muy bien la primera vez que se presentó en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno a crear con urgencia un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en España.

La redacté yo, y la defendió Rosa Díez en septiembre de 2012, en un pleno memorable donde fue aprobada por unanimidad.

Hubo algunas meritorias iniciativas parlamentarias que siguieron la estela, pero, en toda la década siguiente, no se puso en marcha plan alguno. Los partidos políticos no supieron o no quisieron contemplarlo ni en sus programas electorales ni en sus propuestas de gobierno.

Mientras, la sociedad civil y algunas comunidades autónomas trataban de suplir la ausencia del Estado.

En 2022 se activó la línea pública 024 para la prevención del suicidio, operada por Cruz Roja, con atención 24 horas. Su valor como herramienta es incuestionable, pero su capacidad y alcance deberían encuadrarse en una estrategia integral de la que aún estamos lejos.

En febrero de este año, la ministra Mónica García presentó el "primer Plan de Prevención del Suicidio en España", bienintencionado pero débil y difuso en sus objetivos.

Pretendía abarcar mucho (ya saben, sanidad, educación, medios, justicia, servicios sociales, perspectiva de género, visibilización de colectivos vulnerables como adolescentes, LGTBIQ+, mayores solitarios, familias tras un suicidio… lo que se tercie).

Iba acompañado de un presupuesto exiguo, dependiente de unos Presupuestos Generales del Estado eternamente prorrogados.

Podríamos considerarlo otra suerte de brindis al sol, puesto que no garantiza equipos humanos especializados en cada territorio. No asegura suficientes psiquiatras y psicólogos en atención primaria ni en cuerpos como la Policía. Y no establece protocolos claros de seguimiento tras un intento de suicidio.

Siempre insisto en la importancia de emular a quienes tienen éxito afrontando problemas similares. Países como Finlandia, Reino Unido, Australia o Argentina han demostrado que es posible reducir las cifras con medidas transversales: aprobando leyes nacionales con presupuestos garantizados, formando obligatoriamente a maestros, sanitarios, policías y periodistas, restringiendo medios letales, adaptando infraestructuras urbanas…

Mientras tanto, nuestro septiembre ha arrancado teñido de luto. Tres agentes de la Policía Nacional se suicidaron el mismo día en Madrid, Jaén y Las Palmas.

En Terrassa, una mujer paciente de Psiquiatría se suicidó tras 48 horas esperando habitación en un box. Tres días después, otro paciente psiquiátrico se escapó de las mismas urgencias.

No, el suicidio no es un asunto privado. Es un grave problema de salud pública, que puede y debe abordarse desde las políticas públicas de prevención.

Ya es la primera causa de muerte no natural en España, y todas las administraciones tienen la responsabilidad de enfrentarlo con rigor.

Seguimos liderando el consumo mundial de ansiolíticos, medicalizando el dolor sin atacar sus raíces sociales, culturales y emocionales. La depresión, principal factor de riesgo, sigue estigmatizada y mal atendida.

La violencia, el acoso, la discriminación y la soledad actúan como detonantes invisibles, sobre todo entre adolescentes y colectivos vulnerables.

Y lo más grave: seguimos sin escuchar a quienes lo intentan. Por cada persona que se suicida hay veinte que lo intentan.

Ése es el problema central, y lo subrayo: ignoramos sistemáticamente esas veinte llamadas desesperadas de auxilio, que podrían convertirse en oportunidades de prevención si existiera un sistema de registro y seguimiento. Pero no lo hay.

Quienes sobreviven a un intento regresan a la soledad y al silencio, sin protocolos claros, sin acompañamiento psicológico garantizado, sin redes comunitarias de apoyo. Las familias quedan solas, los adolescentes quedan especialmente a la intemperie y la sociedad sigue mirando hacia otro lado.

Es ahí, en ese vacío, donde se juega la verdadera batalla.

Sé muy bien que escribir, hablar o legislar sobre el suicidio incomoda, y que existe un miedo difuso a nombrarlo, a darle espacio público, como si así lo convocáramos. Lo sé porque llevo casi veinte años haciéndolo, precisamente porque creo lo contrario: callar es lo que perpetúa el tabú.

Cuando investigaba para escribir La estirpe de los niños infelices, me obsesionaba el silencio alrededor de la desesperanza de los más jóvenes y del dolor de los supervivientes. Hoy, la adolescencia se ha convertido en la franja de edad donde el suicidio crece con mayor rapidez.

Necesitamos una ley estatal, con carácter vinculante y con dotación económica blindada, que garantice un sistema nacional de registro y seguimiento de intentos de suicidio.

Necesitamos protocolos claros en hospitales, colegios y cuerpos de seguridad para que ningún adolescente vuelva a salir de urgencias sin un plan de acompañamiento.

Necesitamos equipos móviles de intervención rápida, psiquiatras y psicólogos suficientes en la atención primaria, formación obligatoria para quienes trabajan con menores y campañas públicas permanentes que hablen sin miedo, sin estigma, con rigor y con empatía.

Necesitamos, en definitiva, pasar de las palabras a la acción, porque no hay problema de salud pública en el que fallemos tanto y tan gráficamente como en la prevención del suicidio.