Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña del PSOE en Ponferrada. Europa Press
Es justo al revés: Sánchez pisotea los derechos de los nietos del exilio
Por fin hemos llegado a la verdadera disyuntiva de Sánchez. ¡Al fin nos hemos estrellado con la versión más depurada del muro! Los nietos del franquismo contra los nietos del exilio. Lo enunció exactamente así en uno de sus últimos mítines.
La encrucijada engulle todas las demás porque, en la visión binaria de la sociedad que exhibe el presidente, los nietos del franquismo son también propietarios de pisos, negacionistas del cambio climático, racistas, reaccionarios y consumidores de bulos. Del mismo modo, se les presume pureza moral a todos aquellos cuyos ascendientes fueron represaliados.
Así como, por ejemplo, las soluciones al mercado de la vivienda o a la crisis de Ceuta son complejas –deben integrar posiciones tradicionalmente asociadas a la izquierda y a la derecha; ¡qué absurdo y qué viejo este eje!–, el argumento de los nietos no requiere demasiada oposición para desmontarse.
Más que nada porque cada ser humano tiene cuatro abuelos y, en el caso de los españoles, muchos combinamos los ascendientes republicanos con los franquistas. Por no hablar de todos aquellos que participaron de una y otra causa por el mero hecho de ser sorprendidos en una u otra zona. O por no hablar también de lo más importante: nadie es responsable de los pecados de sus padres.
Sánchez no es mejor o peor presidente porque su abuelo materno desertara de las filas republicanas y terminara la guerra como un soldado condecorado del franquismo. Del mismo modo que Pablo Casado no era mejor o peor candidato porque uno de sus abuelos estuviera a punto de ser fusilado por la dictadura.
Hechas estas apreciaciones, conviene explicar también por qué el objeto de la oración de Sánchez –¡van a prohibir votar a los nietos del exilio!– es tan falso como el sujeto. Es más: sucede exactamente al contrario. Empiezo por el final: quien está pisoteando el derecho al voto de los nietos de los exiliados es precisamente Sánchez.
La Ley de Memoria Histórica primero y la Ley de Memoria Democrática después incluye distintas medidas de reparación, muchas de ellas justas e imprescindibles: la devolución de los expolios artísticos, el desentierro digno de las cunetas, el cambio de nombre de algunas calles... Y también, por supuesto, esa concesión de la nacionalidad –y de voto– a los nietos del exilio.
Con carácter previo, podríamos debatir qué sistema electoral queremos: uno donde se necesiten acreditar diferentes arraigos para poder votar –vivir o haber vivido mucho tiempo en el país– o uno como el español ahora. Este debate, el más interesante, no se está produciendo, como ningún debate que exija algo de sosiego y poso intelectual. Pero eso daría para otro artículo.
Hablaba de ese derecho al voto de los nietos del exilio, que garantizaba, bien garantizado, la Ley de Memoria Democrática y que generaba un consenso mayoritario: lo quería Sánchez y lo defendía Feijóo en sus visitas a Sudamérica. Fraga, ¡ministro de Franco!, fue el político más entusiasta a la hora de reivindicar este derecho.
Las leyes de memoria son leyes de reparación. Y, para tener derecho a esa reparación, uno debe acreditar su pertenencia al sujeto reparado. A ninguno nos parecería bien que un chaval de treinta años ingresara, por una treta, una pensión de jubilado todos los meses. O que alguien sin discapacidad hiciera lo propio con una pensión de discapacidad.
La Ley de Memoria Democrática, en lo referido a los nietos, estaba redactada con pulcritud. El lío llegó cuando la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente (hermana del ministro), amplió esa instrucción concediendo la nacionalidad a los descendientes de todos aquellos que hubieran salido de España entre 1936 y 1955. ¡A todos!
Desde aquel momento, ya no hacía falta acreditar que el exilio se debía a motivos políticos o de orientación sexual, entre otros. No hacía falta probar que había existido un exilio por culpa del franquismo.
Dicho con carne y hueso: desde aquel momento, el nieto de un diplomático de Franco que se fue a hacer las Américas con la fortuna de su familia podía tener el mismo derecho a la reparación que el nieto de un perseguido.
Sánchez tiene esa costumbre: es capaz de dar un paso que pisotea a los nietos del exilio y salir a cuerpo gentil a decir que es la oposición la que lo está haciendo.
Pero hay más.
Visto que cientos de miles de ciudadanos, a lomos de esa extensión en el derecho de Sofía Puente, solicitaban su capacidad de voto, el Supremo trató de poner orden. Y lo hizo intentando proteger, precisamente, el derecho al voto de los nietos del exilio. Vino a decir a la Administración: "Oigan, hagan un cribado y señalen cuáles de estos inscritos han acreditado su condición de descendientes del exilio para que puedan votar".
La Administración dijo que no daba tiempo. Porque se les había ido de las manos.
Ante tal coyuntura, el Supremo, guiado por la tradicional doctrina, ha optado por proteger el derecho de todos. Además, ha concedido un plazo de alegaciones para que aquellos nietos de exiliados que se han visto perjudicados por la maniobra del Gobierno puedan presentar alegaciones.
Todo esto, pasado por el gabinete de La Moncloa, se ha convertido en... una conspiración de la derecha y la ultraderecha que, con la complicidad de los jueces, han logrado quitar el voto a los nietos del exilio para, así, ganar unas elecciones que, en el fondo, están mucho más disputadas de lo que parece. Y todo esto sucede así porque la alternativa no es democrática; es heredera de Franco.
