Pedro Sánchez y Gabriel Rufián antes de su reunión en Moncloa.

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LA TRIBUNA

¿Armonización fiscal? Sí, pero Madrid no es el problema

El autor opina que satisfacer a los independentistas lleva al Gobierno a asumir planteamientos falsos y demagógicos. 

29 noviembre, 2020 02:31

La desfachatez tiene muchas caras en estos tiempos. Las que menos resisten son las que tienen los números en contra. Las necesidades políticas que llevan al Ejecutivo a aceptar el respaldo del independentismo para sacar adelante los presupuestos y apretar las tuercas del mecanismo Frankenstein desembocan, entre otras piruetas, en la aceptación por parte del Gobierno de una mentira: Madrid ens roba. Según ERC y algunos bienpensantes dignos de mejores causas, hace falta una “armonización fiscal” entre comunidades autónomas para evitar que Madrid se aproveche de una supuesta “competencia desleal”.

Claro que debe haber una armonización fiscal entre las CCAA. Siempre he defendido la existencia de un sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de los ciudadanos, con independencia de donde residan. La solidaridad entre regiones es solidaridad entre españoles.

Pero la realidad es otra. No es Madrid, contrariamente a la propaganda interesada de nacionalistas y populistas, la Comunidad que no hace su parte. Son otras las que obtienen grandes privilegios.

Las regiones contribuyen a la solidaridad común a través de varios fondos. El más importante es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Pues bien, solamente tres comunidades son contribuyentes netas (es decir, aportan al fondo más de lo que sacan de él): Madrid, Cataluña y Baleares.

¿Y las CCAA de régimen foral, Navarra y País Vasco, que son la segunda y la tercera más ricas de España por PIB per cápita? ¿No están ahí? No, no están. Su contribución a la caja común es de… cero euros. La desleal Madrid, ese paraíso fiscal que engorda a costa del resto, aporta casi el 70% de la dotación del fondo, más de 4.000 millones de euros cada año.

La fuerza de los números para desmontar la repetida desfachatez no acaba ahí. Las CCAA de régimen foral sí participan en otro mecanismo de solidaridad interterritorial, la Seguridad Social. Qué bien, dirán algunos. Pues no. Participan… para recibir. Casi la mitad de las pensiones de los ciudadanos que viven en el País Vasco están pagadas por cotizantes del resto de España.

Claro que hay desequilibrio en la financiación autonómica. Claro que esto implica una situación de desigualdad muy injusta entre los españoles. Claro que hay dumping fiscal. Navarra y País Vasco son las únicas CCAA que tienen potestad para limitar el impuesto de sociedades con el objetivo de atraer inversiones: eso se traduce en que este impuesto es cinco puntos porcentuales más bajo para las pymes, y uno menos en el caso de grandes empresas. Miranda de Ebro y Vitoria: a 30 kilómetros de distancia, pero con esos cinco puntos de diferencia. A pesar de la menor presión fiscal, Navarra y País Vasco cuentan con hasta un 80% más de recursos por habitante por encima de la media española.

Que el Gobierno, por razones políticas –para asegurar la permanencia de la coalición de la moción de censura— llegue a la mezquindad de cuestionar la solidaridad de los españoles que viven en Madrid es impresentable. Uno de cada cinco euros que pagan estos ciudadanos en impuestos va a los 4.000 millones que se aportan al Fondo de Garantía.

A un Gobierno que basa su supervivencia en mantener y aumentar los privilegios de los nacionalistas y que insiste en beneficiar a los que buscan abrir diferencias entre españoles, de repente se le ocurre la genialidad de aceptar que Madrid es el problema. Ese es el objetivo a batir, no el pacto con las fuerzas políticas que defienden la ruptura de la caja común; no Arnaldo Otegui, que afirma que la aprobación de los Presupuestos forma parte del proceso de “crecer y alcanzar la república vasca”; no Gabriel Rufián, que dice que “las grandes empresas y las fortunas se benefician de un chiringuito fiscal”.

Madrid no roba a nadie, no se beneficia de una situación privilegiada. Su contribución al Fondo de solidaridad lo desmiente. El argumento de las grandes empresas es pura demagogia: el impuesto de sociedades va directamente al Estado, excepto –de nuevo— en el caso de las comunidades forales. No hay competencia desleal, señores del Gobierno; hay deslealtad e incompetencia en los argumentos.

¿Ustedes quieren establecer un marco fiscal común? Muy bien. Negocien ese marco con sus socios; convénzanles de que renuncien a los privilegios, tomen nota de los números mencionados y recuérdenselos. Pero no insulten a los españoles con la ley del embudo. No les animen a pensar que el camino de los privilegios y la participación en la tómbola insolidaria del independentismo tiene recompensas que van contra la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.

*** Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.

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