Un episodio paradigmático de la corrupción en España se juzga a partir de este lunes en la Audiencia Nacional. Un total de 66 directivos de Cajamadrid y Bankia, entre los que destacan Rodrigo Rato y Miguel Blesa, se sentarán en el banquillo de los acusados por, presuntamente, haber hecho un agujero de 12 millones en gastos suntuarios de espaldas a los accionistas y al Fisco.
Resulta que quienes tenían la obligación y responsabilidad de velar por la entidad rescatada no tuvieron empacho en darse la gran vida en hoteles, restaurantes, salas de fiestas, e incluso adquiriendo productos en tiendas de ropa, confiados en que el sistema de tarjetas opacas del que disfrutaban no sería descubierto.
Los acusados alegarán que desconocían las irregularidades, que se trataba de tarjetas de representación o que las usaban porque formaban parte de su retribución. Estas líneas defensivas caen por su peso si tenemos en cuenta la naturaleza personal y arbitraria de los gastos en los que incurrieron, que se trataba de tarjetas no declaradas, y que todos los acusados tenían una cualificada formación bancaria, económica y fiscal.
Algunos han devuelto el dinero que se gastaron, cuando se descubrió el escándalo, para atenuar sus penas. Sin embargo, tanto Blesa (que repuso 436.000) como Rato (que devolvió los 99.000 euros) tendrán que responder ante el tribunal no sólo por haber utilizado las black, sino por haber autorizado su uso al resto de ejecutivos, por lo que afrontan penas de cárcel y la petición de indemnizaciones por 9,3 y 2,6 millones. Una de las páginas más chabacanas de la corrupción en España llega a la Audiencia Nacional.
