La serie Mi lucha contra ETA, en la que el responsable de la sección de Ciencia de EL ESPAÑOL, Pablo Romero, relata en primera persona cómo después de tres años de investigación ha logrado llevar a los tribunales al presunto asesino de su padre, no puede dejar indiferente a nadie.
El próximo lunes 29 de agosto, el terrorista legalmente reinsertado Jesús García Corporales declarará en la Audiencia Nacional por el atentado con coche bomba que hace 23 años segó la vida del teniente coronel Juan Romero Álvarez y otras seis personas en la Glorieta de López de Hoyos de Madrid. La imputación de este etarra acogido a la vía Nanclares, a quien las pesquisas de oficio no habían relacionado con aquella masacre, ha sido posible gracias exclusivamente al tesón y pundonor personal de nuestro compañero, que cuando se produjo el atentado sólo tenía 17 años.
"Pasar página"
Pablo comenzó a investigar el asesinato de su padre en 2013 tras escuchar por casualidad cómo alguien decía que para afianzar el proceso de paz era importante "pasar página". La causa judicial estaba a punto de prescribir, pero nuestro compañero logró que la Justicia no diera carpetazo al caso, se personó como acusación particular y se embarcó en una aventura escalofriante.
Habló con testigos, policías, abogados, jueces, funcionarios y altos cargos de Instituciones Penitenciarias y de los ministerios del Interior y Justicia, buceó en el sumario, pasó días enteros recabando posibles pistas y cruzando datos a partir de las noticias sobre ETA de aquellos terribles años de plomo. Es más, no dudó en entrevistarse cara a cara con el mismísimo Corporales, antes de sospechar que él era el presunto asesino de su padre, y con otros etarras excarcelados y acogidos a medidas de gracia como Aitor Bores e Iñaki Recarte.
Los pistoleros
Si el relato de estas entrevistas, tal como se puede comprobar en la entrega de hoy, resulta estremecedor por la frialdad de los pistoleros -"Todos fuimos un poco responsables de todo", le llega a decir Corporales"-, en próximos capítulos dará cuenta de testimonios muy distintos pero no menos indignantes: la de cargos públicos y responsables de la lucha contra ETA que le conminaron poco menos que a abandonar.
Además del relato de una odisea personal vibrante, la investigación de Pablo Romero constituye una enmienda al Estado, un mensaje de esperanza a las víctimas de los cerca de 400 atentados que aún quedan por resolver y un antídoto contra el olvido y la indiferencia. Nadie pone en duda el esfuerzo y la valía de las fuerzas de seguridad, pero algo falla estrepitosamente cuando son las víctimas quienes se ven obligados a investigar para encontrar las respuestas a los crímenes de ETA.
