La determinación con la que Albert Rivera había encarado su audiencia con Mariano Rajoy, a quien ha presentado seis condiciones regeneracionistas a cambio de negociar el sí a su investidura, se ha dado de bruces con la naturaleza cachazuda y tacticista del presidente en funciones.

Rajoy ha postergado a la semana próxima su respuesta al líder de Ciudadanos con el propósito de arrebatarle el protagonismo de un eventual pacto, apurar al máximo un posible proceso de negociación y trasladar a los demás partidos -y muy particularmente al PSOE- la presión. El objetivo apremiante de formar Gobierno para desbloquear España queda así supeditado al flemático sentido de la urgencia del candidato. 

Lo cierto es que la literalidad del documento elaborado por Ciudadanos -que se ha conocido este miércoles- facilita a Rajoy su estrategia, al dejar al albur del PP la interpretación de unas condiciones con demasiados resquicios.

De puente

Rajoy conocía desde la víspera las condiciones de Ciudadanos pero se ha tomado el puente para "reflexionar" y no ha concretado qué le parecen las propuestas ni desvelado si se presentará a la investidura. El presidente del PP ha alegado que no podía contestar ni dar su opinión sin antes someter a la votación de su ejecutiva este paquete de reformas.

El modo en que Ciudadanos ha presentado sus propuestas demuestra su bisoñez. Rivera se arriesga a que el PP le dé un sí genérico y a que luego la materialización del acuerdo choque con dificultades legislativas que lo conviertan en un brindis al sol. Ciudadanos ha mezclado reformas que sólo pueden encauzarse como compromisos políticos con otras que, por requerir cambios legales de calado, exigirían largos plazos de tramitación y consensos adicionales.

Imputados

El primer punto, apartar a los cargos políticos imputados de sus cargos, sólo puede tener efecto a partir de un pacto político: ser investigado no debe ser legalmente causa automática de inhabilitación, pues eso socavaría la presunción de inocencia. El segundo punto, la eliminación de la condición de aforados de los políticos, no podría por el contrario sustanciarse mientras no se reformaran los artículos 102 y 71.2 de la Constitución y la ley del Poder Judicial. Lo mismo se puede decir de la reforma de la ley electoral, para la que podría bastar la modificación de una ley orgánica, algo también impensable sin el apoyo del PSOE.

El cuarto punto, acabar con los indultos a los políticos, podría empezar a estar vigente como un compromiso del PP, pero su concreción legal también generaría problemas constitucionales y de agravio comparativo, amén de la complicación de fijar sus límites.

La clave

Aunque el sexto punto -abrir una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas en el Congreso- puede parecer una prueba de fuego para el PP, el quinto punto del documento -que establecería la limitación de mandatos- es la parte del león de la negociación. Investigar la financiación irregular del PP depende sólo de que la mayoría del Parlamento lo plantee, pero fijar la limitación de mandatos afecta de lleno a Rajoy.

Pues bien, el desarrollo de este asunto crucial es paradigmático de la ambigüedad que destila el documento, pues aunque Ciudadanos entiende que afectaría de forma retroactiva al presidente en funciones -que de ser reelegido iniciaría así su último mandato-, no lo precisa.

Más concreción

Sólo una mayor concreción de este punto en el momento de la firma de los acuerdos podrá tranquilizar a los votantes de Ciudadanos que temen que su líder haya podido ceder a las presiones de los poderes fácticos dándole, a la hora de la verdad, un aval demasiado generoso a Rajoy.

Es verdad que Rivera ha actuado con altura de miras al poner toda la carne en el asador para desbloquear la legislatura, pero ni la ingenuidad ni el voluntarismo servirán para sentar las bases de la regeneración en España. Y menos de la mano de Rajoy.