La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la condena por "injurias" a Federico Jiménez Losantos significa una gran victoria para la libertad de expresión. Ahora bien, es tremendo que el periodista haya tenido que recurrir a Estrasburgo para hallar la justicia que no pudo encontrar en los tribunales españoles, así como que hayan tenido que pasar ocho largos años desde que fue condenado antes de poder reparar el daño causado.
Han quedado en evidencia el juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial; también el Ministerio Fiscal, que actuó como ariete del partido en el Gobierno -el demandante era el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y el tema de la disputa, su falta de respaldo a la búsqueda de la verdad del 11-M-; pero sobre todo queda en evidencia el Tribunal Constitucional, que ni siquiera quiso admitir el asunto con el argumento de que no afectaba a derechos fundamentales. Qué bochorno que venga a enmendarle la plana un tribunal cuya misión es velar precisamente por el respeto de los Derechos Humanos en Europa.
Los argumentos de los jueces de Estrasburgo son impecables. Subrayan que los medios de comunicación juegan "un papel esencial en una sociedad democrática" y que la libertad de prensa ampara el posible recurso "a un grado de exageración o incluso de provocación". Y en ese sentido abogan por que se respete y se proteja el "estilo periodístico" tanto como lo que se dice, esto es, el propio "contenido". Por eso aclara que ni siquiera la utilización de frases vulgares tiene por qué ser determinante para que una expresión "sea considerada ofensiva".
"Efecto negativo"
Pero la parte más relevante de la sentencia es aquella en la que aclara que una sanción como la que se impuso a Jiménez Losantos tiene "inevitablemente" un "efecto negativo" en la manera de trabajar de los periodistas. En este sentido habla del "efecto disuasorio que el temor a las sanciones" puede generar, perjudicando así a la libertad de expresión y, por ende, a "la sociedad en su conjunto".
La sentencia es un aviso a navegantes, particularmente para aquellos políticos que puedan tener la tentación de recortar la libertad de expresión en nuestro país. En ese sentido, es una pena que llegue tarde para Ruiz-Gallardón, apartado ya de la política. Fue un error que se empecinara en dar su particular escarmiento al periodista que le incomodaba, y que lo hiciera con la evidente intención de dejarlo marcado. Una sociedad democrática que se precie no puede tener atados a los periodistas, uno de los pocos contrapoderes que le quedan.
