En una nueva zancadilla a la voluntad de las urnas, Nicolás Maduro ha decretado el estado de emergencia en Venezuela con el pretexto de "estabilizar el país" y "hacer frente a las amenazas nacionales e internacionales contra el Estado". Con esta medida, el presidente bolivariano intenta paralizar el referéndum revocatorio convocado por la oposición y armarse de poderes excepcionales para reprimir el creciente descontento del pueblo venezolano. De hecho, este decreto llega apenas unas semanas después de que la policía utilizase gases lacrimógenos contra los manifestantes en las protestas que vienen sacudiendo el país.

En lo que sólo puede interpretarse como una declaración de intenciones, Maduro ha reiterado que ninguna iniciativa para sacarle del gobierno tiene "viabilidad política". El reférendum revocatorio está permitido en la Constitución, pero el Gobierno de Maduro ha hecho todo lo posible para que la votación en la que el pueblo venezolano debería decidir su continuidad no tenga lugar, a pesar de las casi dos millones de firmas recabadas por la oposición. Legalmente éstas debían ser verificadas por el Consejo Nacional Electoral en cinco días, pero el plazo ha pasado entre la pasividad de este órgano y las excusas del vicepresidente venezolano, que ha aducido a errores de "forma y de plazo" para aparcar el referéndum.

Un autoritarismo evidente

El decreto de estado de emergencia es la última medida del Gobierno venezolano para blindar el régimen desde la aplastante victoria legislativa de la oposición el pasado diciembre. Los chavistas han llevado a cabo todo tipo de triquiñuelas para boicotear al nuevo Congreso, desde crear un órgano paralelo a la cámara a utilizar el Tribunal Supremo para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía a presos políticos.

La situación sigue empeorando en un país en el que las garantías democráticas son burladas de forma recurrente por un Gobierno que no duda en sugerir su disposición a mantenerse en el poder por la vía de las armas. El autoritarismo de Maduro es cada vez más preocupante: el pasado sábado, el mandatario anunció su decisión de convocar maniobras militares "de carácter excepcional" para prepararse para "cualquier escenario", refiriéndose a unos supuestos planes de intervención planeados en el extranjero. Como ya hizo su predecesor, Hugo Chávez, Maduro utiliza la amenaza de unos supuestos enemigos exteriores para intentar justificar la suspensión de derechos constitucionales, ya que el estado de excepción le permitirá perseguir a los opositores del régimen con la excusa de velar por la seguridad del país.

Al borde del abismo

Al despotismo de Maduro se une su incapacidad de hacer frente a una atroz crisis económica que ha sumido en la miseria a la gran mayoría de sus compatriotas. Venezuela sufre una inflación del 270%, la más alta del mundo por tercer año consecutivo, y la crisis de desabastecimiento de alimentos se ha acrecentado con la sequía en la región. Para ahorrar la energía que escasea, el Gobierno ha reducido la jornada laboral hasta convertirla en un fin de semana a la inversa y ha llegado a pedir a las mujeres que usen el secador de pelo menos a menudo. Mientras tanto los estantes de las tiendas continúan vacíos, las colas para acceder a alimentos básicos o medicamentos siguen sin ver el fin y algunas imágenes de centros hospitalarios parecen mostrar un país en guerra.

En esta situación desesperada el saqueo y la violencia son cada vez más comunes en las calles. La inteligencia estadounidense avisa de que una explosión social parecida a la de 1989, cuando los disturbios que produjo el colapso del precio de petróleo se cobraron la vida de 300 personas, podría estar a la vuelta de la esquina. Maduro ha calificado estos análisis como parte de una conspiración de Washington y la "derecha fascista", pero lo cierto es que la tensión en Venezuela y las bravuconadas del pupilo de Hugo Chávez generan preocupación en toda la región. La oposición democrática necesita todo el apoyo para desarrollar sin amenazas el mandato de las urnas. La comunidad internacional no puede permanecer impasible mientras Venezuela se convierte en un Estado fallido.