Militares españoles realizando un ejercicio. Emad
Defensa y Seguridad Social abordarán la próxima semana el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo
La posible declaración de la carrera militar como profesión de riesgo supondría un paso significativo en el reconocimiento de las particularidades y exigencias del servicio en las Fuerzas Armadas.
Más información: Defensa dará el primer paso para declarar la carrera militar como profesión de riesgo
Representantes de los ministerios de Defensa y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirán el próximo 2 de junio para abordar la propuesta del departamento que dirige Margarita Robles de reconocer la carrera militar como profesión de riesgo, una vieja reivindicación de las asociaciones de las Fuerzas Armadas.
Defensa ha informado de este encuentro en un escrito fechado este lunes, según ha adelantado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y han confirmado a EFE fuentes del ministerio. En dicho documento, el departamento asegura que su propuesta ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por las asociaciones profesionales.
Sin embargo, desde ATME recuerdan que aunque remitió sus sugerencias por escrito, desconocen si Defensa las ha incorporado al proyecto.
La asociación subraya que, según anunció públicamente la ministra el pasado 14 de mayo, el texto ya estaba redactado, pero a día de hoy no ha sido remitido a las organizaciones profesionales pese a haberlo solicitado.
La posible declaración de la carrera militar como profesión de riesgo supondría un paso significativo en el reconocimiento de las particularidades y exigencias del servicio en las Fuerzas Armadas, especialmente por la exposición a misiones internacionales, situaciones de riesgo físico y dedicación permanente al servicio.
Actualmente, Interior también trabaja en un decreto que reconoce como profesión de riesgo para la Policía Nacional, que implica beneficios en materia de jubilación, protección social y compensaciones específicas.
Ya tienen reconocida esta calificación policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra, entre otros.
Desde la ATME insisten en que el reconocimiento debe llevarse a cabo con garantías, incorporando la experiencia de quienes conocen de primera mano las condiciones de servicio.
Asimismo, advierte contra un proceso sin diálogo ni información previa, y reclama que no se excluya a colectivos como los militares adscritos a Clases Pasivas o los temporales que han abandonado las Fuerzas Armadas.
En la última reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), presidido por la ministra, Defensa informó de que había iniciado los trámites ante la Seguridad Social para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo.
El Ministerio de Defensa propondrá iniciar los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, mañana, en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas #COPERFAS pic.twitter.com/hqsu0dhLWB
— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 24, 2026
Tras ese encuentro, las asociaciones criticaron que la propuesta solo contemplaba a los militares integrados en el régimen general de la Seguridad Social —aquellos incorporados a partir del 1 de enero de 2011—, lo que, a su juicio, dejaría fuera a “miles de efectivos” acogidos al régimen de Clases Pasivas.
Posteriormente, en una nueva reunión, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, trasladó a las asociaciones su intención de que el reconocimiento incluya a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, avanzó que la propuesta sería remitida al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, encargado de evaluar su viabilidad y articular los mecanismos necesarios para su aplicación.
El reconocimiento de la profesión de riesgo se ha convertido en una de las demandas más repetidas dentro del ámbito militar.
Las asociaciones sostienen que la carrera implica exposición a riesgos físicos, disponibilidad permanente, movilidad, participación en misiones, maniobras, guardias y actividades operativas que no siempre tienen reflejo suficiente en el sistema de protección social.
