El Gobierno asignará 4.700 millones de forma directa a 9 programas de Defensa por su "urgente necesidad"

En total, tal y como aparece en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, se trata de 4.722 millones de euros en formato plurianual que se irán adjudicando a medida que se elijan las compañías encargadas de llevarlos a cabo.

La parte financiera recae en la Dirección General de Programas Industriales, perteneciente al Ministerio de Industria, mientras que la cartera de Defensa hace lo propio con la determinación de los candidatos más idóneos.

En el documento se reconoce que parecería más adecuado esperar a que el Ministerio de Defensa decida las empresas que lideren esos 9 programas, confeccionando a posteriori un real decreto "de concesión directa de carácter nominativo", antes de llevar el real decreto al Consejo de Ministros.

Sin embargo, también apuntan a que se hace necesaria la aprobación con esta fórmula debido a los plazos tan ajustados que se manejan.

"Demorar el mismo haría imposible ejecutar la financiación prevista y, por tanto, derivaría en el incumplimiento del Plan Tecnológico Industrial de Seguridad y Defensa", que el propio Gobierno ha impulsado este 2025.

Asimismo, desde Industria avalan esta fórmula por la "urgente necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades para afrontar un escenario geopolítico complejo". Eso, explican, "resta sentido" a seguir el "procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva".

Estos 9 programas que menciona Industria en el real decreto forman parte de un total de 31 que se recogen en el Plan Industrial. En las últimas semanas, el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto de todos ellos para este 2025.

Según otro documento publicado por la Dirección General de Programas Industriales, se designarán 1.505 millones de euros para este 2025 y el resto se repartirá en los próximos 7 años, hasta completar los 4.722 millones en el 2031.

No obstante, se trata de una cuantía importante que ha levantado alarmas en el sector, que está a la espera de que el Ministerio de Defensa decida a quién le adjudica cada contrato. Todo en el nuevo contexto del mercado de la defensa y la autonomía estratégica que busca Europa frente a EEUU y China.

Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL han alertado de que la intención del Ejecutivo de unificar la industria española de defensa en torno a unas pocas empresas tractoras controladas por capital público, puede "pesar" en la toma unilateral de decisiones, en detrimento de otras empresas privadas.

Si bien es cierto que los candidatos a esos programas deberán demostrar que su producto es único y es el idóneo para la finalidad y el servicio que se quiere cubrir, entre los profesionales del sector se ha generado un recelo difícil de evitar cuanto hay tanto dinero en juego.

La premisa que plantea Europa en su plan "rearmar" es adjudicar a empresas locales el 80% de todo lo que se contrate, frente a EEUU, que domina el comercio de armas a nivel global y compite con China y Rusia.

En el caso español se cuenta con el caso de Santa Bárbara, empresa española y que usa tecnología generada en Europa, pero controlada por el capital americano de General Dynamics, competidor duro a nivel global de los gigantes europeo, como Rhenimetall, BAE Systems o Leonardo.

Proceso legal

El Gobierno se ampara en la Ley General de Subvenciones, a la hora de aplicar los préstamos previos para los programas de suministro de armamento, y en el Tratado de Funcionamiento de la UE para justificar la adjudicación directa y evitar el sistema ordinario de concurrencia competitiva para las subvenciones.

Cuando se anunció el Plan Tecnológico Industrial de Seguridad y Defensa, con una ampliación de 10.471 millones de euros en la dotación al gasto de esa cartera, ya se contemplaba la adjudicación directa de contratos en virtud del artículo 346 del Tratado europeo.

Esa norma permite saltarse los concursos y las licitaciones en la dotación de armamento para la defensa para proteger "los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".

Fuentes expertas en derecho administrativo aseguran a EL ESPAÑOL que nunca se ha discutido el uso del artículo 346 para este tipo de adjudicaciones, hasta el punto de que no suele haber control por parte de los jueces españoles, sino de los europeos.