Giorgia Meloni este jueves en un acto en Roma.
Meloni aprueba la "detención preventiva" de 12 horas para manifestantes "peligrosos" entre dudas de su constitucionalidad
También la prohibición de vender navajas a menores, con sanciones para padres. Todo ello tras los disturbios en Turín y el apuñalamiento en un colegio.
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El Gobierno de Italia ha aprobado este jueves un paquete de medidas sobre seguridad que van desde la "detención preventiva" de asistentes "peligrosos" antes de una manifestación pública a la prohibición de vender cuchillos o navajas a menores, con sanciones incluso para los padres o tutores.
"No son medidas propagandísticas, sino otra pieza de la estrategia que este Gobierno ejecuta desde sus inicios", ha declarado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de seguridad urbana compuesto por un proyecto de ley y por un decreto ley, este último un tipo de texto al que se recurre en situaciones de extraordinaria urgencia y que deberá ser revalidado en el Parlamento en 60 días.
El Ejecutivo ha justificado la pertinencia de estas normas tras la manifestación del pasado fin de semana en Turín (norte de Italia), que derivó en violentos choques y numerosos policías heridos, y por un reciente apuñalamiento en un colegio de La Spezia (norte), entre otros casos.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, explicó en una rueda de prensa los artículos más destacados de los 29 del proyecto de ley sobre seguridad, que en primer lugar pena con hasta tres años de cárcel quien lleve cuchillos o navajas en espacios públicos.
La venta de estas armas queda prohibida a los menores, también por internet, y en caso de que se les descubra con un cuchillo o una navaja, la norma sancionará a sus padres o tutores legales.
Dudas de constitucionalidad
Otro punto destacado de las normas, que ha suscitado dudas de constitucionalidad, es la introducción de la denominada "detención preventiva", es decir, la posibilidad de retener, hasta durante 12 horas, a un sujeto "de riesgo" para una manifestación pública.
Para ello, el texto -aún no divulgado, sino solo expuesto por el ministro- determina que la peligrosidad deberá estar avalada por los antecedentes penales del sospechoso o por hallarle en posesión de armas o con prendas que puedan servir para ocultar su identidad.
La redacción de este texto, clave en las intenciones de Meloni de reforzar la seguridad en las ciudades italianas, ha sido seguida por los técnicos del Palacio del Quirinal, la jefatura del Estado, debido a las dudas de constitucionalidad que suscita.
Meloni sólo se limitó a explicar en sus redes que también se "introducen penas más severas para carteristas".
Sobre la mencionada detención preventiva, la mandataria explicó que el objetivo es "prevenir la presencia y la acción de grupos organizados y dedicados a la violencia que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse" y que "destruyen" las calles del país.
