Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, se despiden antes de la entrada en prisión. Reuters
Sarkozy pide salir de prisión agobiado por la comida y el acoso carcelario tras sólo dos semanas como recluso
El expresidente francés ha negado desde el primer momento cualquier irregularidad y mantiene que se trata de un proceso impulsado por intereses partidistas.
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El expresidente francés Nicolas Sarkozy espera la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre su solicitud de puesta en libertad, presentada veinte días después de su ingreso en la cárcel de La Santé.
La defensa del recluso ha reclamado que el procedimiento se resuelva este lunes y que el fallo pueda aplicarse de inmediato en caso de resultado favorable. Sostiene, a su vez, que no existen razones legales que justifiquen la prisión preventiva. ¿El motivo? Que su cliente no plantea un riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y cuenta con protección institucional suficiente.
Conviene recordar que Sarkozy cumple una pena de cinco años por haber permitido que su entorno buscara fondos del régimen del dictador Muamar Gadafi para financiar la campaña presidencial que le llevó al Elíseo en 2007. La sentencia estableció que el ingreso debía ejecutarse sin esperar a la apelación debido a la gravedad del asunto.
El político ha negado desde el primer momento cualquier irregularidad y mantiene que se trata de un proceso sólo impulsado por intereses partidistas. El próximo juicio está previsto para marzo de 2026.
La condena ha provocado mucho revuelo, como es natural, por la impresión de ver a un expresidente entre barrotes. Su situación es excepcional también por el régimen de seguridad desplegado a su alrededor. Dos agentes armados pertenecientes al equipo encargado de la protección de los antiguos jefes del Estado ocupan celdas próximas a la suya con el fin de garantizar su integridad.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó esta presencia al asegurar que existe "una amenaza" contra el exdirigente y que la protección se mantendrá el tiempo necesario.
Esta medida ha suscitado protestas en los sindicatos de funcionarios penitenciarios. El representante de CGT, Nicolas Peyrin, ha señalado que la vigilancia "no aporta valor añadido" y que los trabajadores del centro pueden garantizar la seguridad sin refuerzos policiales. Hugo Vitry, miembro de la central Force Ouvrière, criticó que los guardias no hubieran sido informados previamente de estos cambios y exigió explicaciones al Ministerio de Justicia.
Las inquietudes por su seguridad se intensificaron tras la difusión de un vídeo grabado dentro de La Santé en el que un preso profiere amenazas contra Sarkozy. La Fiscalía de París ha abierto una investigación y ha interrogado a tres reclusos en relación con este incidente tras el que se incautaron dos teléfonos móviles.
En paralelo, el expresidente afronta otra causa relacionada con la financiación irregular de su campaña para la reelección en 2012. La condena de un año de prisión, reducida a seis meses en apelación, será revisada por el Tribunal Supremo el próximo 26 de noviembre.
El encierro ha afectado también a su día a día. Según el periodista Charles Sapin, en una columna publicada por el semanario francés Le Point, Sarkozy se alimenta únicamente de yogures desde que ingresó en prisión por temor a que otros reclusos manipulen la comida que recibe en su celda.
Sus allegados admiten, de acuerdo con el artículo, que no ha querido recurrir a la compra y preparación de alimentos en el economato porque "no sabe ni cocer un huevo".
Si su solicitud de libertad prospera, Sarkozy pasaría a un régimen de control judicial, posiblemente con pulsera electrónica, como ya ocurrió entre febrero y mayo del año pasado por una condena firme de corrupción y tráfico de influencias. Hasta que llegue el fallo, seguirá recluido en la unidad de aislamiento.
