Suella Braverman

Suella Braverman

Europa

Reino Unido quiere colocar pulseras electrónicas para controlar la inmigración ilegal dentro del país

La falta de alojamiento para demandantes de asilo y la obligación del Gobierno de detener a los irregulares, plantea nuevas formas de control

28 agosto, 2023 18:23

El Gobierno británico no ha descartado recurrir a la colocación de dispositivos electrónicos para controlar a aquellos inmigrantes que entran indocumentados en el Reino Unido a fin de evitar su fuga.

La ministra británica de Interior, Suella Braverman, dijo hoy en una entrevista en la BBC que desde el Ejecutivo "se están valorando todas las opciones" para poder "ejercer algún control" sobre aquellos solicitantes de asilo que cruzan al Reino Unido de forma irregular a través del canal de la Mancha en patera.

La política conservadora fue preguntada por una información que sacó The Times, que reveló los supuestos planes que estudia el Gobierno para obligar a llevar dispositivos electrónicos a los migrantes que entran indocumentados y que no pueden ser alojados de manera temporal en centros de detención del país por falta de espacio.

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La escasez de alojamiento para los solicitantes de asilo ha obligado al Gobierno a buscar soluciones como aumentar el número de lugares de detención o a cortar las asignaciones financieras a alguien que no se presente regularmente en el Ministerio del Interior.

Braverman aludió en este sentido a la reciente implementación de nueva legislación "de referencia", la llamada Ley de Migración Ilegal, lo que les confiere "poder para detener a quienes lleguen aquí de manera ilegal y llevarlos con prontitud a un país seguro como Ruanda".

La ministra admitió que desde el Gobierno "se están valorando todas las opciones".

Por esa Ley de Migración Ilegal, el Gobierno tiene una obligación legal de detener a aquellas personas que accedan a este país de forma irregular y echarlas bien a Ruanda -con quien tiene un acuerdo- o a otro tercer país "seguro".

A finales del pasado junio, más de 175.000 personas aguardaban a conocer una decisión sobre su solicitud de asilo, un 44 % más de migrantes en esa situación frente a los 122.213 registrados hace un año, lo que tiene un coste anual para el contribuyente de casi 4.000 millones de libras (4.600 millones de euros).