El pulso entre Bruselas y Polonia por la Justicia se acerca a su hora decisiva

A la Comisión Europea se le ha acabado la paciencia con la deriva autoritaria del Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en Polonia. Con el nombramiento como primer ministro del moderado Mateusz Morawiecki el pasado diciembre, se abrió una nueva fase de distensión entre Bruselas y Varsovia, pero este diálogo reforzado ha resultado infructuoso. Así se ha puesto de relieve durante la visita este lunes a la capital polaca del vicepresidente primero de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans, que ha hecho un último intento fallido de acercar posturas.

El Ejecutivo comunitario considera que las reformas judiciales aprobadas por Ley y Justicia desde su llegada al poder en otoño de 2015 someten a los tribunales al Gobierno de turno y amenazan la supervivencia del Estado de derecho. Timmermans ve meramente cosméticos los cambios legislativos introducidos en los últimos meses por Morawiecki en respuesta a la presión de la UE. Y se plantea ahora dar otro paso en el proceso sancionador, que podría acabar con la suspensión del derecho de voto de Varsovia en la UE.

En la reunión en Polonia entre Timmermans y Morawiecki no ha habido ningún avance concreto. Con gesto serio y sin aceptar preguntas de la prensa, los dos mandatarios se han limitado a reiterar su voluntad de diálogo. La intervención del vicepresidente de la Comisión apenas ha durado 40 segundos. "Hemos mantenido una discusión constructiva y positiva. El primer ministro me ha dado información adicional para que la estudie y así lo haré. Espero que podamos continuar nuestro diálogo constructivo con el objetivo de resolver el problema".

El Estado de derecho, en grave riesgo

Morawiecki se ha extendido un poco más para repetir hasta en dos ocasiones que el Gobierno polaco no tiene intención de dar marcha atrás en la reforma. Una reforma que Ley y Justicia considera imprescindible para modernizar el sistema y purgar los restos del régimen comunista que según sostiene todavía quedan en la judicatura.

"Hay diferentes fuerzas que no quieren que logremos un compromiso, así que celebro que el vicepresidente no represente esa posición. Estamos intentando llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que es necesario reformar el sistema judicial en Polonia", ha insistido Morawiecki. En total, la comparecencia conjunta ante la prensa se ha ventilado en menos de cuatro minutos.

Mucho más combativo se mostró Timmermans durante su comparecencia ante el pleno de la Eurocámara la semana pasada. Allí dejó claro que las cuatro nuevas leyes aprobadas por Polonia en abril y mayo "no son suficientes para eliminar el claro riesgo de una vulneración grave del Estado de Derecho".

"Las medidas que las autoridades polacas han continuado aplicando en los últimos seis meses ya han causado daños y continúan haciéndolo. Tras el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura, ahora es el Tribunal Supremo polaco el que está en riesgo de quedar sometido al control político", denuncia el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

Para Bruselas, la próxima fecha clave es el 3 de julio. Para ese día, las autoridades polacas tienen previsto activar la jubilación forzosa de 27 de los 72 jueces del Tribunal Supremo, entre ellas su presidenta Malgorzata Gersdorf, que ha sido muy crítica con la reforma de Ley y Justicia y ha expresado su voluntad de agotar su mandato, que concluye en 2020.

Serán sustituidos por otros magistrados designados por el Consejo Nacional de la Judicatura, un órgano que en opinión de Bruselas ya está politizado debido a los cambios que introdujo Ley y Justicia en su método de elección. "La jubilación forzosa de esos jueces del Tribunal Supremo constituye una vulneración irreversible del Estado de derecho", sostiene Timmermans. 

La audiencia contra Polonia, el 26 de junio

Ante la gravedad de los hechos, la Comisión ha decidido pasar la pelota al resto de Gobiernos de la UE. Les ha pedido que organicen una audiencia formal para pedir explicaciones a Varsovia sobre sus incumplimientos, el siguiente paso en el procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado, considerado como la 'opción nuclear' porque puede acabar con la suspensión del derecho de voto de Polonia en la UE. Esta reunión se celebrará el próximo martes 26 de junio. 

El Gobierno de Ley y Justicia cuenta de momento con el apoyo del resto de socios del denominado grupo de Visegrado (Hungría, República Checa y Eslovaquia), que votaron en contra de convocar esta audiencia, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes europeas.

Pese a la escalada en el conflicto, es improbable que Polonia reciba la sanción más grave. La suspensión del derecho de voto requiere el apoyo unánime del resto de países miembros. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán -que se encuentra también en el punto de mira de Bruselas por su deriva autoritaria pero que a diferencia de Morawiecki cuenta con la cobertura del PP europeo- ya ha dicho varias veces que vetará cualquier medida contra Varsovia. Lo que sí está claro es que el pulso amenaza con agravar la brecha entre la Europa del Este y la del Oeste que ha provocado la crisis de refugiados.