El presidente surcoreano, Lee Jae Myung , y su esposa, Kim Hea Kyung, durante el 80 aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, en Seúl el pasado viernes. Reuters
Corea del Sur deja de publicar su informe anual sobre las violaciones de DDHH de Kim Jong-un para contentarlo
El gesto que refleja la nueva estrategia de acercamiento del presidente Lee Jae-myung y que rompe con la línea más dura de su predecesor.
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El Gobierno de Corea del Sur decidió por primera vez desde 2018 no publicar su informe anual sobre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, un gesto que refleja la nueva estrategia de acercamiento del presidente Lee Jae-myung y que rompe con la línea más dura de su predecesor, Yoon Suk-yeol.
La medida, adelantada por AsiaNews y medios surcoreanos, pretende evitar roces con Pyongyang en un momento en el que Seúl intenta reabrir canales de comunicación con el régimen de Kim Jong-un.
Giro diplomático
El Ministerio de Unificación confirmó que está “considerando varias opciones”, incluida la posibilidad de archivar el documento como material interno en lugar de hacerlo público.
Un alto funcionario señaló a la prensa que, además de la sensibilidad política, existe un factor práctico: en los últimos meses no se han recopilado nuevos testimonios relevantes de desertores norcoreanos, lo que limita el valor añadido del informe.
Desde 2018, este documento ha servido como un compendio de denuncias contra la represión política, los campos de prisioneros y las violaciones de libertades en el Norte.
Sin embargo, también ha sido objeto de duras críticas por parte de Pyongyang, que lo ha considerado una intromisión en sus asuntos internos.
El nuevo enfoque de Lee se apoya en un argumento expuesto ya por su ministro de Unificación, Chung Dong-young: usar los derechos humanos como arma política contra el Norte es “inapropiado” y puede incluso vulnerar el Acuerdo fundamental intercoreano, que prohíbe la injerencia en cuestiones domésticas.
Promesas de coexistencia
En su discurso de investidura, Lee prometió “dialogar con Corea del Norte” y “buscar formas de coexistir”, palabras que ahora se traducen en medidas concretas.
Una de las más llamativas fue la eliminación, a finales de julio, de las restricciones que impedían a los ciudadanos surcoreanos mantener contactos privados con norcoreanos sin autorización previa. Ahora, basta con comunicarlo al Ministerio de Unificación.
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Este gesto pretende rebajar la hostilidad de los últimos años, marcada por el cierre de canales de cooperación y por las continuas pruebas militares de Pyongyang en respuesta a las maniobras conjuntas de Seúl y Washington.
Sin embargo, la voluntad de acercamiento convive con la desconfianza: el Norte realizó recientemente ejercicios de artillería como advertencia frente al Ulchi Freedom Shield (UFS), un simulacro militar de gran escala que Corea del Sur y EEUU tienen programado para este agosto.
Un equilibrio frágil
El Ministerio surcoreano ha minimizado la relevancia de las maniobras norcoreanas, señalando que no participaron grandes contingentes ni estuvo presente Kim Jong-un, lo que interpretan como un intento de no dinamitar por completo el incipiente clima de distensión.
Pyongyang parece lanzar señales contradictorias: muestra músculo militar, pero evita una escalada directa.
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La suspensión del informe sobre derechos humanos debe entenderse en este marco de equilibrios.
Para el Gobierno de Lee, dejar de publicar un documento crítico con el régimen vecino puede ser un gesto simbólico para allanar el camino hacia nuevas conversaciones.
Pero para la oposición surcoreana y para los defensores de derechos humanos, la decisión puede suponer un retroceso en la denuncia internacional de los crímenes del régimen de Kim.
En cualquier caso, si se confirma, la medida marcaría un punto de inflexión en la política surcoreana hacia el Norte: priorizar el diálogo y la estabilidad regional sobre la denuncia pública de los abusos.
Una apuesta arriesgada que puede abrir espacio para la cooperación, pero también levantar críticas de quienes temen que los derechos humanos queden relegados a un segundo plano.
