Tras meses de polémicas sobre las implicaciones rusas en las últimas elecciones presidenciales y de escándalos varios en la Casa Blanca, la política estadounidense se centra en esta recta final del año en una cuestión que afecta directamente al bolsillo de todos los ciudadanos, la gran reforma tributaria prometida por Donald Trump. Pero este proyecto, que podría ser el primer gran logro de su administración tras fracasar el intento por reemplazar el Obamacare, tampoco está exento de controversia. Mientras es seguro que los más ricos se verán favorecidos, no está tan claro cómo repercutirá en las clases medias y bajas.
El proyecto estrella del presidente va a contrarreloj. Los republicanos tratan de sacar adelante en el Congreso una propuesta para reducir los impuestos a costa de eliminar otra serie de exenciones que hasta ahora benefician a familias y diversos colectivos. Las negociaciones se llevan a cabo bajo la amenaza de que en unos días, el 8 de diciembre, el gobierno tendrá que echar el ‘cierre’ por falta de presupuesto si conservadores y demócratas no alcanzan a un acuerdo para extender la financiación de la administración.
Este tijeretazo fiscal impulsado por Donald Trump, tratando de emular la reforma de Reagan de 1986 al más puro estilo republicano -menos Estado para hacer despegar la economía- está siendo un proceso nada fácil. Para empezar, hay dos planes distintos.
Tanto el Senado como la Cámara de Representantes han elaborado sus respectivos y diferenciados proyectos para esta reforma que, una vez que sean aprobados, deberán fundirse en una sola propuesta que sea ratificada para llevarla a la Casa Blanca, a ser posible antes de que termine el año.
Los líderes conservadores llevan semanas insistiendo en que quieren dar luz verde a este recorte de tasas antes de 2018. La Cámara de Representantes ya aprobó su versión de la rebaja fiscal a principios de mes, y el Senado espera hacer lo propio esta semana, aunque no está siendo fácil.
Discrepancias de los republicanos
Varios senadores republicanos han mostrado discrepancias a lo largo de estos días. Ron Johnson, de Wisconsin, Steve Daines, de Montana, Bob Corker, de Tenesí, o James Lankford, de Oklahoma, son algunos de los legisladores que han manifestado reticencias, aunque se van superando. La principal preocupación suele ser que la bajada pueda llevar a una caída demasiado pronunciada de los ingresos federales, que se estiman caigan más de un billón de dólares en los próximos años, lo que podría traducirse en que se dispare el déficit y la deuda pública.
El plan pretende reducir los impuestos a las empresas del 35 al 20 por ciento, así como reducir las tasas a las rentas individuales de la clase media. También terminará con el pago de impuestos por las ganancias obtenidas fuera de las fronteras de EEUU. Hasta aquí lo que todos aplauden.
Sin embargo, se eliminarían muchas deducciones que hasta ahora beneficiaban a las familias, como los gastos médicos y educativos, las deducciones por hijos, o los impuestos estatales y locales, que hasta ahora se podían descontar al pagar los federales. Esto puede perjudicar a los ciudadanos de estados o ciudades con una presión fiscal más elevada, como Nueva York o California.
Economistas norteamericanos como Krugman o Stiglitz y las filas demócratas han atacado la reforma, alertando de que va contra la equidad y acabará perjudicando a las rentas más bajas. La teoría es que aunque los impuestos bajen, al suprimirse muchas deducciones, al final de cuentas saldrá a pagar más.
Por contra, no hay dudas sobre el beneficio para los millonarios. De hecho, los más ricos tendrán otro incentivo, al duplicarse la actual exención del impuesto de patrimonio, que se elevará hasta los 11 millones para las personas físicas.
Millonarios en contra
Curiosamente, incluso un grupo de más de 400 millonarios y multimillonarios estadounidenses firmaron a principios de noviembre una carta instando al Congreso a aumentar, en lugar de reducir, sus impuestos, alegando que “agravará aún más la desigualdad” y aumentará la deuda nacional, lo que “llevaría a recortes profundos en servicios críticos como educación, Medicare y Medicaid, y obstaculizaría la capacidad de nuestra nación para restaurar las inversiones en nuestra gente y comunidades”.
La ajustada mayoría republicana en el Senado hace imprescindible que los conservadores hagan piña en torno al proyecto, ya que sólo pueden permitirse perder dos votos si quieren sacarlo adelante. Una vez superado este trámite, todavía haría falta poner en común esta propuesta con la Cámara de Representantes. Y aquí hay diferencias, principalmente en lo que respecta a las deducciones fiscales estatales y locales. Los senadores quieren eliminarlas por completo, mientras que los representantes mantienen hasta 10.000 dólares en deducciones de impuestos a la propiedad.
'Cierre' del Gobierno en breve
Además de ir contra el calendario para tratar de sacar adelante la reforma antes de 2018, las conversaciones se producen bajo la amenaza de un ‘apagón’ del gobierno. Demócratas y republicanos en el Congreso tienen hasta el 8 de diciembre para ponerse de acuerdo y aprobar una prórroga de la financiación de la administración y evitar el cierre, algo que los primeros están utilizando para presionar a la mayoría conservadora.
La tensión entre Trump y los demócratas, agravada por los constantes ataques del presidente a través de Twitter, no ayuda. Esta semana ambos partidos debían sentarse en la Casa Blanca para buscar un pacto financiero, si bien los demócratas no acudieron en protesta por las críticas del presidente a través de la red social, donde en esta ocasión les acusaba de querer fomentar la inmigración ilegal y el crimen.
Con este panorama, los medios apuntan a un posible acuerdo provisional, sólo para evitar el cierre durante unas semanas, para luego alcanzar un proyecto de ley de financiación a más a largo plazo.
El objetivo es evitar que ocurra como en 2013, cuando durante 16 días de octubre el gobierno tuvo que aplicar este ‘apagón’. De producirse, se verían retrasadas o recortadas prestaciones como el seguro de desempleo o los beneficios para veteranos, y .
Trump, dependiente una vez más del Partido Republicano en el Congreso, se juega de nuevo el cumplimiento de sus compromisos electorales en un momento en que las encuestas le van en contra y con la reciente derrota electoral en los comicios estatales y locales de principios de mes.
