La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves el proyecto de ley de amnistía.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves el proyecto de ley de amnistía. Reuters

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El Parlamento de Venezuela da luz verde al proyecto de ley de amnistía de Delcy Rodríguez para los presos políticos

Su aplicación abarcaría a todos los casos desde 1999 excluyendo a los procesados o condenados por violaciones graves de DDHH y otros delitos.

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Las claves

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera votación el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, impulsado por Delcy Rodríguez.

La amnistía contempla la liberación inmediata de presos políticos, eliminación de antecedentes penales y restitución de bienes incautados, pero excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos y corrupción.

La medida cubre delitos relacionados con protestas, manifestaciones y opiniones críticas desde 1999, facilitando también el regreso de exiliados y perseguidos.

El proyecto deberá pasar por consultas con la sociedad civil y un segundo debate antes de ser promulgado oficialmente.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, dio luz verde este jueves por unanimidad en primera votación al proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos y otros delitos graves, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

La propuesta fue presentada el 30 de enero por Delcy Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques militares de EEUU en suelo venezolano.

De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, se busca "la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad", mediante "la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos".

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", señala.

Según el texto aprobado, la amnistía contempla la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de los procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados a los beneficiarios.

Además, se levantan órdenes de captura, alertas migratorias y notificaciones internacionales, facilitando así el regreso de exiliados y perseguidos.

La amnistía cubre delitos y faltas vinculados a protestas, manifestaciones, expresión de opiniones críticas a funcionarios públicos y difusión de mensajes políticos, incluidos los realizados a través de redes sociales. La medida abarca actos cometidos desde 1999, cuando comenzó el Gobierno chavista en Venezuela.

Quedan excluidos de sus beneficios "aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello Jorge Rodríguez designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", para luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

La norma se remite entonces al mandatario, quien la firma, y entra en vigor una vez se publique en Gaceta Oficial, el medio oficial de difusión.