Hellerstein, el juez de 92 años que desafió a Bush y ahora será el encargado de juzgar a Maduro en Nueva York

Alvin K. Hellerstein (Nueva York, 1933) es uno de los decanos del influyente Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, conocido por su discreción, su rigor jurídico y su longevidad profesional. Será el juez encargado de dirigir el proceso contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y corrupción.

Figura central en la justicia neoyorquina desde hace más de dos décadas, es respetado por su independencia y por su capacidad para enfrentarse sin titubeos a casos de máxima sensibilidad política y mediática.

Hijo de inmigrantes judíos originarios de Rusia, Hellerstein se graduó con honores en Derecho por la Universidad de Columbia en 1956, tras obtener su licenciatura en el City College de Nueva York. Comenzó su carrera en el bufete Stroock & Stroock & Lavan, donde se especializó en litigios comerciales y derecho laboral. Permaneció allí durante más de 30 años antes de ser nominado como juez federal por el presidente Bill Clinton en 1998, una designación ratificada ese mismo año por el Senado.

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A lo largo de su trayectoria en el tribunal del Distrito Sur, Hellerstein ha manejado asuntos emblemáticos, como las demandas derivadas de los atentados del 11‑S o los casos sobre el trato a prisioneros en Abu Ghraib, una decisión que lo enfrentó directamente al Gobierno de George W. Bush, consolidando su reputación como magistrado meticuloso y reacio a los excesos del poder ejecutivo.

Sus resoluciones suelen combinar un tono moral sobrio con un profundo respeto a la letra de la ley, y ha sido descrito por quienes lo conocen como un “originalista pragmático”: fiel a la interpretación clásica de la Constitución, pero sensible a los impactos humanos de sus fallos.

Comparecencia en Nueva York

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, comparecerán este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y corrupción. Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago y trasladados después a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, el encargado de la causa, en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT). En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Incómodo para el poder

Hellerstein no llega 'virgen' a los asuntos que rozan la alta política y la seguridad nacional. Fue el juez que gestionó buena parte de las demandas civiles derivadas del 11‑S, presionando para que se alcanzaran acuerdos de compensación con las víctimas y exigiendo transparencia en los procesos.

También firmó órdenes que obligaron al Pentágono a revelar fotografías y documentos sobre el trato a prisioneros en Irak, en contra del criterio del Gobierno, apoyándose en el derecho de acceso a la información pública.

En el ámbito penal, su trayectoria muestra una mezcla de dureza con los delitos graves y escrupuloso respeto al debido proceso. Se le conoce por sus audiencias largas, en las que interroga directamente a las partes y obliga a fiscales y defensas a justificar cada paso. No tolera retrasos injustificados ni maniobras dilatorias, y ha reprendido en sala tanto a abogados del Gobierno como a defensores privados cuando percibe falta de rigor.

Ese estilo anticipa unas primeras audiencias en el caso Maduro marcadas por la formalidad extrema y el control absoluto del juez sobre el calendario y las condiciones de la detención. Cualquier intento de transformar la vista en un mitin político probablemente chocará con la firmeza de Hellerstein, acostumbrado a gestionar casos con enorme exposición mediática.

Liderar una red de narcotráfico

Maduro ya había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA en la que ya figuraban cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos. El mismo sábado que fueron detenidos Maduro y su mujer, el tribunal hizo pública una acusación presentada por la Fiscalía que amplía la de 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La acusación, conocida como “imputación sustitutiva”, imputa por primera vez a Cilia Flores y a uno de los hijos del matrimonio. En total, hay seis personas imputadas: además de Maduro y Flores, incluye a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y su mujer; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y figura clave del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

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El documento señala que Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos. Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también “inundar” Estados Unidos de cocaína y “utilizar la droga como un arma” contra ese país.

De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, el Departamento de Estado calculó que hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos. Los fiscales describen alianzas con las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos, aeropuertos controlados por autoridades y rutas marítimas protegidas por fuerzas estatales para mover la droga.

En ese tablero, será Alvin K. Hellerstein, el juez nonagenario de Manhattan con fama de incómodo para el poder, quien decida cuándo y cómo se sienta en el banquillo el presidente venezolano que durante años desafió a la justicia estadounidense desde Caracas.