Walter Márquez, exembajador chavista y hoy ariete legal contra Maduro en la Corte Penal Internacional

Hoy en día, un exembajador y exdiputado venezolano ya jubilado malvive con su precaria pensión en Caracas. No hay productos en las tiendas ni en las farmacias en los que gastarla, pero es un ingreso seguro. Pero si al cambio los ingresos mensuales suponen poco más de dos dólares, su país es su cárcel: imposible mantener las amistades de toda una vida, inviable visitar a sus hijas que se fueron quedando a residir en alguno de sus destinos del pasado, impensable compartir sus experiencias dando conferencias en foros internacionales.

Walter Márquez, tres décadas en la Asamblea Nacional, logró reunir dinero en los últimos meses gracias a la ayuda de familiares y de opositores democráticos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y con ello se fue resuelto a La Haya para proseguir la lucha que inició cuando, al inicio de los 2000, abandonó la militancia chavista y su cómodo destino como embajador en la India.

Hoy se traslada en silla de ruedas y respira con dificultad, pero no desfallece. Se cita con EL ESPAÑOL en un restaurante, El Velázquez 17, a las 10.00 en punto de la primera mañana fría de septiembre.

Lo trae un coche de alquiler con conductor, y sobre sus rodillas lleva una carpeta roja desportillada. Dentro están impresas las diapositivas que resumen toda su investigación de años: "Maduro debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por el exterminio de su pueblo, por las decenas de miles de desplazamientos y deportaciones forzosas de 2015; la Asamblea Nacional lo debe someter a juicio político por desacato; el dictador, además, nació colombiano, lo que lo inhabilita a ser presidente según la Constitución; y aunque así no fuera, como mínimo tiene la doble nacionalidad pues su madre es de Cúcuta (Colombia), lo que también le impediría ocupar el cargo..."

-¿Y eso es lo que ha denunciado estos días en La Haya?

-Eso y más. He llevado ante el Mecanismo de Supervisión Independiente a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Faotou Bensuda, porque es connivente con la dictadura y ha paralizado las 110 denuncias que se han presentado en los últimos años. Algunas de ellas por el entonces senador Iván Duque, hoy presidente de Colombia; otras por Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Walter Márquez muestra los apuntes de sus denuncias a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Carmen Suárez

La idea es lograr que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional sea retirada del puesto por su inacción en las 110 denuncias presentadas contra Maduro por violaciones de los Derechos Humanos. De hecho, y a pesar del volumen de denuncias, "la inmensa cantidad de fuentes de prueba", la autoridad política de algunos de los denunciantes y los años pasados desde que se presentaron, si uno revisa los expedientes de la CPI, no hay un solo caso sobre Venezuela que ya esté bajo investigación. Sólo algunos en fase preliminar.

Amistades peligrosas

Márquez ha pedido en reiteradas ocasiones a la fiscal su inhibición y ahora ya ha recurrido a los 21 países miembros de la Asamblea de Estados que gobierna la Corte el iniciado del proceso para apartarla del cargo. Según el exdiputado, Bensouda tiene una relación estrecha "que además no oculta" con Haifa El Aissami, designada por Maduro como representante diplomática en la CPI, "una figura que legalmente ni siquiera existe".

Se da la circunstancia de que esta embajadora es hermana de Tareck El Aissami, vicepresidente económico del régimen bolivariano y buscado en Estados Unidos por narcotráfico. Según Márquez, la misión de esta representante es frenar las investigaciones contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Y a fe que lo estaría consiguiendo, pues Bensouda no ha solicitado pruebas o ha desestimadocada una de las denuncias contra el heredero de Hugo Chávez y su camarilla en Venezuela.

El año pasado, el exembajador Márquez presentó ya una denuncia por las deportaciones forzosas que practicó el régimen venezolano en uno de los momentos de álgida tensión con la vecina Colombia. Más de 2.000 ciudadanos de este país -muchos de ellos con doble nacionalidad- fueron expulsados sin proceso judicial y otros 20.000 sacados a la fuerza de sus casas en el estado Táchira, muchas de las cuales fueron demolidas sin orden judicial. Sin embargo, y a pesar de los numerosos testimonios, las pruebas gráficas y las denuncias provenientes de la Organziación de Estados Americanos (OEA), la denuncia fue desestimada.

Los argumentos esgrimidos por la fiscal jefe de la CPI son calificados por Márquez como "falaces". En primer lugar, alegó que no podía investigar "hechos previos a 2002", fecha de constitución de la Corte. "Pero esto ocurrió en 2015, de modo que no se sostiene su alegación", explica a EL ESPAÑOL el opositor democrático. 

Walter Márquez, exdiputado y exembajador venezolano, opositor democrático al régimen chavista. Carmen Suárez

El segundo argumento fue que Márquez debía haber "agotado las instancias en el país donde fueron cometidos los crímenes". Pero precisamente, y aunque eso en los juzgados venezolanos, dominados por el chavismo, es peligroso y tedioso, el trabajo estaba hecho. El exdiputado presenta los escritos de desestimación que recibió "de parte del Tribunal Supremo de Jusiticia" venezolano, que controla Maikel Moreno -sancionado por EEUU y la Unión Europea "a causa de las violaciones de derechos humanos y el deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas"-.

Además, la fiscal consideraba que no había peso probatorio, pero lo cierto es que un total de seis países, a través de sus presidentes (Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú) solicitaron ya en septiembre de 2018 investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Falta de idoneidad

Pero no sólo señala Márquez la actitud de Bensouda, sino su "falta de idoneidad para el cargo". Según argumenta, la fiscal no reúne los requisitos legales que establece en el Estatuto de Roma. Esta mujer fue fiscal general en su país de origen, Gambia, bajo la dictadura de Yahya Jammeh, quien fue acusado de violaciones sistemáticas contra los Derechos Humanos.

Ésta es la primera vez un fiscal general de la CPI es recusado ante el panle de 21 países que conforman su órgano de gobierno. Según Marquez, ya se contaría con una mayoría suficiente para removerla del cargo, "lo que sería una bendición para Venezuela". No sólo por la salida de quien, en su opinión, "está paralizando los procesos contra el dictador Maduro", sino porque su puesto lo tomaría el actual vicefiscal general, James Stewart, original de Canada, "un país con mucha más tradición democrática y que nos ha ayudado mucho en la lucha democrática por la liberación de Venezuela".

La CPI, por ahora, parece más un saco de casos mundiales, una coartada para todos, admite el exdiputado y exembajador. Pero lo cierto es que si Maduro es investigado finalmente podría ser arrestado en caso de viajar a cualquier a de los 117 países que integran el organismo. Así, la presión internacional sería aún más poderosa que la de las sanciones personales de la UE y la especie de "embargo a la cubana" impuesto recientemente por EEUU al régimen.

Ésa es la esperanza de Márquez, cuando recoge sus legajos y comienza a rodar su silla camino del coche. Queda un largo viaje de vuelta a casa... donde le esperan las carencias y la persecución ideológica. "Pero seguimos en la lucha", y sonríe.