Los juzgados de violencia de género, colapsados por asumir más funciones y denuncias: "La sumisión química nos alarma"

El pasado 3 de octubre entró en vigor uno de los cambios más profundos del sistema judicial español en materia de igualdad: desde esa fecha, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer ya no se limitan a los delitos cometidos por la pareja o expareja: asumen también todos los de índole sexual perpetrados contra ellas.

Una agresión en la calle, una denuncia de violación en una noche de fiesta, la prostitución forzada en un piso clandestino… Lo que antes iba al órgano de instrucción ahora entra por la misma puerta que el resto de los casos de violencia machista en los que existía una relación sentimental. El objetivo de la ampliación de competencias, en este sentido, es claro.

Alineándose con el Convenio de Estambul, aspira a que las víctimas tengan una justicia especializada, con jueces altamente formados al respecto y un circuito que evite la revictimización. Un mes después, en el sector se habla de avance y de sobrecarga —algo que se temía desde que la noticia se dio a conocer este verano— en la misma frase.

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Para atender a esta nueva realidad, el Gobierno aprobó en junio la creación de 50 plazas judiciales específicas, lo que supone un incremento del 42% respecto a las existentes hasta ahora. Además, con la aprobación de la futura Ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se podría llegar al 47% en los próximos meses.

Sobre el papel, el refuerzo supone un alivio. En la práctica, la incorporación está siendo escalonada y la mayoría de instancias la han asumido con la misma plantilla. En Sevilla, Ángeles Carmona, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº3, confirma: “Estamos trabajando las mismas personas con una ampliación de competencias considerable".

A juicio de la magistrada, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, es un "cambio bueno, pero tenía que haberse hecho con más estructura". Lo dice con la vista puesta en los números que vienen detrás. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha calculado que puede haber un incremento de la carga de trabajo del 12,9%.

Más casos, más presión

La reforma llega, además, en un contexto en el que las estadísticas no aflojan. El balance del segundo trimestre de 2025 que realiza el Consejo General del Poder Judicial recoge 51.897 denuncias por violencia de género y la atención a 47.710 víctimas, con un aumento del 2,69% y el 3,41% respectivamente respecto al año anterior.

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Más de una de cada diez —un 11,63 %— se acogió a la dispensa de declarar. Las sentencias condenatorias alcanzaron el 82,6%, el porcentaje más alto desde que se registran estos datos. Al mismo tiempo, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 5,3%, y las agresiones sexuales con penetración, un 7% en el primer semestre de 2025.

Es ese bloque de delitos el que se ha desplazado a órganos especializados. En Madrid, Carmen Gámiz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº6, ha empezado a contar lo que entra en su instancia desde el pasado mes: "Cada día se presentan una o dos denuncias por agresión sexual. Es fácil hacer la cuenta, tendremos mínimo 300 asuntos más al año".

Vista del acceso al juzgado de Violencia contra la Mujer en Madrid. EFE

Hasta ahora, la jueza había visto crecer el goteo de procedimientos por malos tratos, quebrantamientos, etc. El traslado de todos los delitos sexuales contra mujeres a estos órganos suma una nueva capa. Hace énfasis en el tiempo que requiere cada caso si se quiere mantener un estándar: "Queremos atender bien a las afectadas, pero nos faltan medios".

Habla de la necesidad de escuchar sin prisa, de hacer preguntas con cuidado, de no hacer declaraciones atropelladas. "Las víctimas necesitan su tiempo para declarar. Se necesita incluso más que en otros casos porque son cuestiones muy íntimas. Tienes que dejarlas que se abran a ti y se expresen con naturalidad".

Aunque asegura que esta nueva normalidad no afectará a la calidad de la atención, "porque seguimos prestando un buen servicio como hemos venido haciendo hasta ahora", pone el foco en la salud laboral de los trabajadores del sector: "Va a afectarnos, indudablemente, porque si queremos estar en todas partes debemos dedicar más horas y estamos sobrecargados".

Con más procedimientos sobre la mesa, esa forma de trabajar requiere huecos en las agendas que, por el momento, no existen. Y la jueza de Madrid aborda otro asunto: "Los informes psicosociales tardan un año. Eso no es razonable. Necesitamos más agilidad en los equipos tácticos para ofrecer una respuesta eficaz a personas con problemas acuciantes".

La ampliación de competencias no sólo exige manos. También espacios. Ángeles Carmona señala que la mayoría de las sedes judiciales no han sido aún adaptadas a la nueva realidad: "Todavía no se han hecho las reformas necesarias en los edificios para llevar a cabo esta ampliación; hay que dimensionarla bien".

La magistrada también insiste en la obligación de no olvidar a las mujeres rurales, que en muchas ocasiones presentan más obstáculos a la hora de denunciar. "Hay que hacer un esfuerzo adicional", dice, en estos entornos. "Lo ideal sería que en todas las provincias o comarcas grandes hubiera un juzgado de violencia sobre la mujer, e invertir más en recursos".

Eso incluye que "las afectadas estén atendidas siempre por un letrado especializado del turno de oficio que pueda trasladarse a su lugar" y que no deban recorrer kilómetros para declarar. También reclama avanzar en herramientas tecnológicas, para garantizar, entre otras cosas, "que se le pueda tomar declaración por videoconferencia evitando su desplazamiento". 

La información es otro de los puntos que Carmona sitúa en el centro. Subraya que no basta con que existan recursos; hay que acercarlos "para que ya sepan cómo continuar su vida apoyándose en las casas de acogida, el apoyo psicológico o la ayuda para sus hijos, porque a veces no denuncian pensando que van a perjudicarles".

Una joven, en la manifestación contra la violencia machista.

Desde la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), Leonor Sanz, magistrada y socia de AMJE, valora el cambio de forma positiva. Recuerda que se trata de una "exigencia derivada de la ratificación del Convenio de Estambul" y que, con ella, el sistema empieza a asumir que la violencia por razón de género no se limita al ámbito de la pareja.

Para entender el giro de 2025, se remonta a 2004. Entonces, explica, se optó por ceñir la jurisdicción de estos juzgados al ámbito de la pareja o expareja, "para dar una respuesta efectiva y rápida a un problema muy grave que se estaba produciendo en España". Aquella decisión, insiste, fue "muy buena" porque permitió mirar de frente una realidad hasta entonces se mantenía en la esfera privada.

Lo que cambia ahora, subraya, es el alcance. "Se está dando respuesta a lo que es realmente la violencia por razón de género, que trasciende mucho más allá del ámbito de la pareja", valora, y asegura que cada vez la legislación pone más el foco en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el acoso sexual y la trata con fines de explotación sexual".

Son delitos que, recuerda, “se cometen principalmente sobre mujeres”. Para Sanz, esa selección no es casual, sino consecuencia de “la desigualdad histórica en la que ha vivido la mujer a través de un sistema patriarcal”, que las ha convertido en personas “especialmente vulnerables de sufrir este tipo de delitos y de violencia”.

Desde el punto de vista de las víctimas, insiste en que el impacto es claro: "Me parece que es una mejora sustancial y esencial". La existencia de juzgados especializados ha permitido, dice, que jueces, fiscales, forenses y equipos psicosociales hayan desarrollado "habilidades específicas para detectar, prevenir y descubrir los delitos que se cometen por razón del género" y, sobre todo, un modo distinto de mirar a quien denuncia.

Recuerda que no se trata solo de mujeres adultas: "Las víctimas son también los menores de edad" que entran en el circuito cuando conviven con esa violencia. Esa práctica acumulada ha dado lugar, resume, a una “estructura mental adecuada a cómo se produce este tipo de violencia" y a la capacidad de ordenar "diligencias de instrucción necesarias y adaptadas a este tipo de delitos".

La otra cara de esa valoración llega cuando habla de organización y medios. "Desde el punto de vista organizativo hay muchísima preocupación en el sector porque no va acompañado de la creación de plazas suficientes para atender a esta nueva realidad", admite. Sanz destaca que incorporar estos delitos permitirá, por primera vez, cuantificar mejor lo que sucede.

"Es muy buena noticia que se incluya esta competencia porque podremos acceder a estos datos y visibilizarlos", dice. Pero advierte de que ese mismo movimiento está revelando el tamaño del reto: "Hay una preocupación de que no vaya acompañada de unas medidas adecuadas a nivel profesional y genera una sobrecarga que yo ya estoy detectando".

"Yo ya estoy en una de las medidas de refuerzo que se han aprobado para aliviar la carga", cuenta, y confirma que, "en menos de un mes, de la cantidad de casos que hemos comenzado a instruir, sólo el 50% ya son agresiones sexuales", una proporción que, extrapolada a los juzgados, “da ya una pista de que estamos ante un problema que debe solventarse de forma preventiva".

Atentos a otras violencias

En Sevilla, el despacho de Carmona se ha convertido en un punto de observación de otro fenómeno en aumento: la sumisión química. "Lo vemos sobre todo los fines de semana. Es terrible que una mujer denuncie que cree que ha sido agredida sexualmente porque tienen lesiones, porque se notan raras", subraya.

Estos casos, en los que "la violencia se agrava más si cabe porque ni siquiera son capaces de reconocer a los autores por estar inconscientes", añaden una capa de dificultad a las investigaciones y a la recuperación de las víctimas. Desde octubre, ya no entran por el circuito general, sino por juzgados como el suyo.

Gámiz coincide con esa valoración y confirma que la sumisión química también se ha convertido en una preocupación creciente en Madrid. Relata que muchas denunciantes llegan a los hospitales sin recordar nada y sospechando que les administraron alguna sustancia sin consentimiento. Esta tendencia exige, como se pretende favorecer, una respuesta altamente especializada.

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La ampliación de competencias incorpora también de forma explícita los delitos de trata con fines de explotación sexual cuando la víctima es mujer. Es uno de los puntos que desde Moncloa se destacan como especialmente significativos, en la medida en que otorgan reconocimiento a quienes antes quedaban fuera de los juzgados de violencia de género.

Imagen de la campaña 'Mercancía humana', impulsada en 2025 por APRAMP para denunciar la explotación sexual que aún existe en este país. Sara Fernández

Hasta ahora, estos procedimientos se tramitaban como macrocausas en juzgados de instrucción, sin un enlace tan claro como este con la violencia de género. Con la reforma, pasan a leerse también como expresión de una violencia estructural contra las mujeres, y sus víctimas entran en el mismo circuito de atención y protección.

Para los juzgados, esto supone asumir investigaciones complejas, a menudo con redes que se desplazan a clubes clandestinos y entornos digitales, y con supervivientes en situación de extrema vulnerabilidad. Para ellas, implica que quienes instruyen sus casos están formados en enfoque de género y pueden conectar su situación con otras formas de violencia.

Quedan retos pendientes

Queda aún un capítulo por cerrarse: el de los menores de edad. La ley prevé que los futuros tribunales de infancia y adolescencia asuman los delitos sexuales cuando la afectada tiene menos de 18 años y no es o ha sido pareja del agresor. Mientras esos tribunales se terminan de implantar, los juzgados de instrucción mantienen parte de la función.

Ese diseño transitorio está generando dudas y conflictos de competencia, como ya ocurrió con la creación de los propios juzgados especializados en 2004. Mientras se fijan criterios unificados, los órganos son conscientes de la necesidad de evitar que este colectivo especialmente vulnerable se vea atrapado en un laberinto competencial que retrase las respuestas.

Ni Carmona, ni Gámiz, ni Sanz cuestionan el fondo del cambio. Las tres insisten en que era necesario y que se trata de un paso adelante en la forma en que el Estado aborda la violencia contra las mujeres. Sus reservas se concentran en el cómo: en los plazos, los recursos, la desigual implantación territorial.

El reto, a partir de ahora, pasa por que las plazas previstas se cubran, los equipos técnicos se refuercen y la especialización se extienda para garantizar "una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género", algo que, como expresaba el gabinete de prensa de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es el último fin de esta reforma.