Gonzalo Bernardos, economista y colaborador televisivo.
Los economistas coinciden: "Los españoles que finalicen su alquiler en el 2027, tendrán que buscar una nueva vivienda"
El año 2027 dejará a muchos inquilinos sin opción de renovar, ya sea por la venta de sus viviendas o por subidas de precio que no podrán asumir.
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El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. Comprar una casa ya no es una meta alcanzable para una gran parte de la población, especialmente para los jóvenes y las familias con ingresos medios.
Las cifras son contundentes: entre el 60% y el 76% de los potenciales compradores no pueden acceder a una propiedad debido a los altos precios, la falta de ahorro para la entrada y el endurecimiento de las condiciones hipotecarias.
Aunque pueda parecer que el mercado ya atraviesa un momento crítico, algunos economistas, como Gonzalo Bernardos, advierten de que lo peor aún está por llegar. El profesor de economía sostiene que la situación puede deteriorarse aún más en los próximos años, especialmente a partir de 2027, cuando una parte importante de los actuales contratos de alquiler llegue a su fin.
Un mercado cada vez más reducido
El precio de la vivienda en España ha superado los máximos históricos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, encadenando más de una década de subidas continuas desde 2014.
Cada vez hay menos pisos disponibles y, al mismo tiempo, los que permanecen en oferta presentan rentas más elevadas, lo que estrecha aún más las posibilidades para quienes buscan una vivienda.
De acuerdo con el economista y profesor Gonzalo Bernardos, la situación actual convive con un mercado "asfixiado" e "inaccesible", que además podría agravarse en un futuro muy cercano, 2027.
El economista advierte de que ese año marcará un punto de inflexión para muchos inquilinos. Según explica, una parte importante de los contratos de alquiler firmados en los últimos años llegará a su fin y, en ese momento, muchos arrendatarios se verán obligados a buscar una nueva vivienda.
A su juicio, el motivo es claro. Cada vez hay más dueños de viviendas en alquiler que se sienten incómodos con las limitaciones regulatorias y la presión normativa, lo que está provocando que opten por vender sus inmuebles en lugar de mantenerlos en el mercado del alquiler.
Esta tendencia reduciría aún más la oferta disponible justo cuando miles de contratos expiren, generando un efecto de embudo especialmente intenso.
Imagen de ilustración de una persona firmando un alquiler.
A partir de ahí, el problema se agrava. Con menos viviendas en alquiler y una demanda que no deja de crecer, los precios tenderían a subir todavía más, lo que dificultará aún más el acceso, incluso para quienes no cambien de vivienda.
Cuando los contratos de alquiler lleguen a su fin, muchos propietarios tendrán margen para actualizar los precios conforme al mercado actual, muy por encima de los niveles de años anteriores.
Esto implica que numerosos inquilinos no solo se enfrentarán a la posible desaparición de su vivienda del mercado, sino también a subidas que pueden hacer inasumible continuar en ella, intensificando así la presión sobre el acceso a la vivienda.
Este diagnóstico se enmarca dentro de una crítica más amplia al funcionamiento del mercado. Durante una intervención televisiva, Bernardos señaló que las medidas impulsadas desde el ámbito político no están resolviendo el problema estructural.
Considera que muchas de ellas responden más a estrategias de visibilidad que a soluciones eficaces, sin impacto real sobre la dinámica de oferta y demanda.
El cambio en la percepción social refuerza esta idea. Hace apenas unos años, en 2018, solo un 2,2% de la población situaba la vivienda entre sus principales preocupaciones, mientras que en la actualidad ese porcentaje supera el 40%.
Desde su perspectiva, una de las claves para revertir esta tendencia pasa por implicar más al sector privado, al que considera esencial para aumentar la oferta.
En paralelo, critica que el sector público no esté cumpliendo con las expectativas generadas en torno a la construcción de vivienda, acumulando anuncios que no se traducen en resultados tangibles.
El debate también alcanza a la regulación de precios. Aunque ve razonable limitar las subidas del alquiler, introduce un matiz relevante: esa contención debería ir acompañada de compensaciones a los propietarios.
Argumenta que estos ya soportan una carga fiscal importante y que no les corresponde asumir en solitario el coste de las políticas sociales.
