Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea.
La UE cambia las normas: reduce los límites permitidos de cinco pesticidas en frutas y hortalizas para consumo humano
La UE recorta el límite de residuos químicos en alimentos, obligando a agricultores locales y extranjeros a cumplir normas más estrictas.
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La seguridad de los alimentos se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los consumidores. Cada vez existe una mayor atención sobre lo que llega al plato, especialmente después de que distintos estudios hayan puesto el foco en los efectos que determinados residuos químicos pueden tener sobre la salud.
En los últimos años, la Unión Europea ha reforzado de manera progresiva las exigencias para agricultores, distribuidores e importadores, con el objetivo de reducir la exposición de la población a sustancias consideradas potencialmente peligrosas.
La estrategia comunitaria pasa por limitar cada vez más el uso de compuestos químicos en frutas, verduras y cereales, incluso aunque durante años hayan sido legales y habituales en el sector agrícola. Ahora, Bruselas ha dado un nuevo paso al endurecer los límites permitidos para cinco plaguicidas presentes en alimentos destinados al consumo humano.
La UE endurece los controles sobre los residuos químicos en alimentos
La nueva decisión de la Comisión Europea supone una modificación importante en los llamados Límites Máximos de Residuos (LMR), es decir, las cantidades máximas legales de restos de plaguicidas que pueden permanecer en un alimento sin que se considere un riesgo para la salud.
Estos límites se aplican tanto a frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea como a las importadas desde cualquier otro país.
El cambio llega después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revisara la información científica disponible sobre varios compuestos químicos y concluyera que algunos de ellos podrían presentar riesgos mayores de lo que se pensaba hasta ahora.
Entre las sustancias afectadas aparecen el triciclazol, el bixafén, el fenazaquín, el sedaxano y la warfarina, utilizados en distintos tipos de cultivos para combatir hongos, insectos o plagas.
Uno de los casos que más preocupación ha generado es el del triciclazol, un fungicida muy utilizado en el cultivo del arroz.
Según los análisis científicos manejados por la EFSA, no se ha podido descartar que esta sustancia tenga un posible efecto genotóxico, es decir, capacidad para alterar o dañar el material genético de las células.
Ante esa incertidumbre, la Unión Europea ha optado por aplicar el llamado principio de precaución, una de las bases de la política alimentaria comunitaria.
Eso implica que los nuevos límites permitidos se reducen hasta el denominado Nivel de Determinación (LOD), que suele situarse alrededor de 0,01 miligramos por kilo.
Imagen de ilustración.
En la práctica, esta decisión significa que la presencia de determinadas sustancias queda prácticamente prohibida en los alimentos comercializados dentro del territorio europeo, ya que solo se tolerarán cantidades mínimas técnicamente detectables.
La medida también tiene una dimensión internacional muy importante. La normativa europea funciona bajo el principio de reciprocidad comercial, por lo que cualquier producto importado deberá cumplir exactamente las mismas exigencias que los alimentos producidos dentro de la UE.
Esto obliga a numerosos países exportadores a revisar sus sistemas agrícolas si quieren mantener el acceso al mercado europeo, uno de los más exigentes del mundo en materia de seguridad alimentaria.
Los efectos serán especialmente visibles en sectores como el de los cítricos, las hortalizas de hoja o determinados cereales. Muchos productores extracomunitarios tendrán que sustituir algunos de estos plaguicidas por alternativas biológicas o por productos con perfiles toxicológicos considerados menos peligrosos.
La decisión encaja dentro de la estrategia europea "De la Granja a la Mesa", uno de los grandes pilares del Pacto Verde Europeo.
Bruselas se ha marcado como objetivo reducir un 50% el uso de plaguicidas químicos antes de 2030, impulsando modelos agrícolas más sostenibles y limitando la exposición de la población a sustancias potencialmente dañinas.
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Para adoptar estas medidas, la Unión Europea utiliza modelos matemáticos de exposición alimentaria que calculan cuánto puede ingerir una persona a través de la dieta diaria.
Estos sistemas tienen especialmente en cuenta a los grupos más vulnerables, como niños, ancianos o embarazadas, que pueden ser más sensibles a determinados compuestos químicos incluso en dosis muy bajas.
Cuando existen indicios de que una sustancia podría actuar como disruptor endocrino, afectar a la fertilidad o provocar toxicidad reproductiva, la normativa comunitaria suele adoptar una postura restrictiva.
La prioridad, según defienden las autoridades europeas, es reducir al máximo cualquier posible riesgo sanitario, aunque eso implique endurecer las condiciones para el sector agrícola y comercial.
La aplicación de los nuevos límites no será inmediata en todos los casos. Habitualmente se establece un periodo transitorio para permitir que fabricantes, distribuidores y operadores puedan agotar existencias producidas bajo la normativa anterior, siempre que los productos no supongan un peligro inmediato para los consumidores.
Aun así, una vez entre plenamente en vigor el reglamento, los controles aumentarán de forma considerable en las fronteras europeas.
