La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Una asesora financiera, sobre la nueva ley de las limpiadoras de hogar: "Lo único que consigue es que nadie las contrate"
La ley de protección para las empleadas domésticas pone a su disposición una evaluación de sus puestos de trabajo.
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Millones de hogares españoles están obligados a evaluar los riesgos laborales de aquellas viviendas que cuenten con una empleada doméstica. A pesar de que la medida buscaba proteger a las trabajadoras, ha provocado confusión y un cierto temor a contratar este tipo de servicios.
El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la equiparación de derechos laborales. Quienes tengan contratada a una empleada de hogar deberán realizar una evaluación de riesgos laborales del domicilio.
El Real Decreto 893/2024 entró en vigor oficialmente el pasado septiembre tras seis meses de plazo para su implementación, aunque su estreno no fue precisamente tranquilo.
Qué exige la ley
El procedimiento es aparentemente sencillo: el empleador debe entrar en la web, registrar los datos del hogar y detallar las tareas que realiza la empleada. El sistema genera un documento denominado "Plan de Prevención de Riesgos Laborales", que ambas partes deben firmar y conservar por si lo solicita la Inspección.
El documento debe analizar aspectos tan domésticos como el peso del aspirador, la altura de la tabla de planchar o los riesgos eléctricos en la cocina. El objetivo oficial es proteger a un colectivo históricamente precario, el más feminizado y peor remunerado de la economía española.
Son más de 378.000 personas afiliadas al sistema especial de empleo doméstico en España, en su mayoría mujeres y con una media de edad superior a los 40 años. El 69% son extranjeras o con doble nacionalidad.
No obstante, la Encuesta de Población Activa eleva el número total, unas 540.000 trabajadoras, lo que revela una bolsa significativa de empleo sumergido que esta ley difícilmente alcanzará.
Brecha invisible
El nuevo derecho llegaba después de que este mismo colectivo consiguiera, en 2022, acceder a las prestaciones por desempleo, una demanda histórica. Pero la avalancha de requisitos preocupa incluso a quienes celebran los avances.
UGT y CCOO han pedido a la Inspección de Trabajo que no adopte un enfoque punitivo en los primeros meses y que contextualice los incumplimientos mientras la ciudadanía se adapta al sistema.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/05\/actualidad\/1003744233843_262800472_320x180.jpg"])
El Ministerio de Trabajo defendía la norma como una "medida de justicia social" que coloca a las empleadas del hogar "al mismo nivel de protección que cualquier otro trabajador".
Sin embargo, hay elementos que el propio Ejecutivo no ha completado. El decreto preveía la creación antes de septiembre de una guía técnica de prevención y un protocolo contra el acoso, además de una plataforma formativa para trabajadoras. Ninguno está disponible todavía a pesar de que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aseguraba que estarían listos a comienzos de 2026.
'Acabará con los contratos'
La reacción de parte de los empleadores fue contundente. La asesora financiera María Pilar, trabajadora de Dancausas Asesores, comentaba con ironía a través de una publicación en redes sociales: "A la mierda los contratos a los empleados de hogar. Todo porque ahora la ministra ha decidido que además de pagar cotización tenga que hacer una prevención de riesgos".
Una indignación a la que añadía con sarcasmo: "¿Qué pasa, que si paso el aspirador sola no tengo riesgos? Ya vale. Así lo único que conseguirán es que nadie las contrate".
@mpdancausaasesora Nadie va a contratar de manera “oficial” a las empleadas de hogar. #España #control #prevencionderiesgos #empleadasdehogar ♬ sonido original - mpdancausa
Su opinión reflejaba una sensación creciente entre muchas familias de clase media que opinan que la protección se ha transformado en una trampa burocrática. Las quejas se multiplican por la dificultad técnica de completar el trámite y por la amenaza de sanciones en plena crisis de precios.
Menos empleo
El sector del empleo doméstico ya arrastraba una tendencia descendente. Según la EPA, en el último año ha perdido 53.000 trabajadoras, la mayor caída de toda la economía.
Las patronales del sector, como la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), atribuyen parte del descenso al aumento del salario mínimo en un 61% desde 2018, al derecho a paro y, ahora, a esta nueva exigencia preventiva. "A muchas familias se les hace inasumible", advierten.
![La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/09\/actualidad\/1003744200383_262349298_320x240.jpg"])
El riesgo es claro, ya que a mayor empleo sumergido, menor protección real. En la práctica, quienes sufran serán de nuevo las mismas mujeres que la medida pretendía defender.
Idea mal ejecutada
El colapso de la web prevencion10.es nada más salir publicado el real decreto evidenció la brecha tecnológica entre la intención política y la realidad práctica. Según el Ministerio, en 24 horas se bloquearon más de 16.000 direcciones IP sospechosas y se registraron casi 50 millones de intentos de acceso.
Aunque los técnicos mantenían que la plataforma "funcionaba correctamente", los usuarios relataban errores, bloqueos y formularios interminables, lo que ha empañado el arranque de una política que aspiraba a convertirse en símbolo de modernización.
![Trabajadora embarazada en su puesto de trabajo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/07\/mujer\/estilo-vida\/1003744236960_262839329_320x180.jpg"])
El problema no reside en proteger, sino en cómo se legisla para proteger. España da un paso más en derechos laborales, pero lo hace tambaleándose entre la buena intención y la mala ejecución.
