Imagen de un perro en una terraza.
España cambia las normas: el ayuntamiento puede multar a los dueños de perros que ladren en horas de descanso
Aunque la Ley de Bienestar Animal no fija horarios concretos ni límites de ruido para los perros, el control de los ladridos recae en las ordenanzas municipales.
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El 16 de marzo de 2023, la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados. Con ella, se buscó garantizar la protección, salud y dignidad de los animales de compañía, reduciendo drásticamente el abandono y el maltrato.
Esta normativa introduce un enfoque más amplio sobre la convivencia entre personas y animales, en el que no basta con cuidar físicamente a la mascota, sino que también se exige responsabilidad sobre su conducta. De este modo, se refuerza la idea de que tener un animal implica deberes que van más allá del ámbito privado, ya que sus efectos pueden extenderse al entorno comunitario.
Con ello, esta ley, junto a la de propiedad horizontal, tratan de limitar todos esos aspectos molestos, como los ladridos. Se abre así un escenario en el que los ruidos generados por animales dejan de considerarse una simple molestia puntual para convertirse en una cuestión regulada, con consecuencias legales cuando afectan al descanso o a la convivencia.
Los ladridos como problema legal y de convivencia
Aunque la Ley de Bienestar Animal no fija horarios concretos ni límites de ruido específicos para los perros, la realidad es que el control de los ladridos recae principalmente en las ordenanzas municipales.
Son los ayuntamientos los que determinan cuándo un ruido deja de ser tolerable y pasa a considerarse una infracción, especialmente durante las horas destinadas al descanso, que suelen situarse entre las diez de la noche y las ocho de la mañana.
En ese marco, los ladridos constantes pueden encajar dentro del concepto de contaminación acústica. No se trata de un ladrido ocasional, algo completamente normal en cualquier perro, sino de situaciones prolongadas en el tiempo que afectan al descanso de los vecinos.
Cuando esto ocurre, cualquier persona afectada puede recurrir a la Policía Municipal, que tiene capacidad para actuar, ya sea mediante mediciones sonoras o, si el ruido resulta evidente, levantando acta sin necesidad de instrumental técnico.
Las consecuencias económicas tampoco son menores. Las multas suelen rondar los 300 euros, aunque pueden incrementarse notablemente si la conducta es reiterada o especialmente grave, llegando en algunos casos a cifras cercanas a los 3.000 euros.
Todo ello depende de la normativa local, que adapta los límites y sanciones a la realidad de cada municipio.
Imagen de ilustración de un perro ladrando.
Más allá de la sanción, la responsabilidad recae directamente sobre el propietario del animal. La ley deja claro que el dueño debe garantizar que su mascota no altere la convivencia, lo que incluye evitar que permanezca en lugares como balcones, patios o terrazas durante la noche si eso implica generar ruidos molestos.
El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal establece que el dueño debe educar y manejar al animal de forma adecuada, evitando tanto el maltrato como situaciones de ansiedad que puedan derivar en comportamientos problemáticos, como los ladridos continuos.
El problema también tiene una dimensión civil. La Ley de Propiedad Horizontal establece que ningún propietario puede desarrollar actividades que resulten molestas o perjudiciales para el resto de vecinos.
Su artículo 7.2 es especialmente claro al prohibir cualquier conducta que altere el uso y disfrute de las viviendas ajenas, mientras que el artículo 6 permite a las comunidades aprobar normas internas que refuercen estas limitaciones. Así, si una comunidad decide regular los ruidos derivados de animales, puede exigir el cese de los ladridos persistentes.
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A todo ello se suma la Ley del Ruido, que establece el marco general sobre contaminación acústica. Esta norma permite fijar límites de decibelios y sancionar a quienes los superen, siendo habitual que durante la noche los niveles permitidos sean mucho más bajos, en torno a los 25 o 30 decibelios.
Sin embargo, algunos casos de ladridos han llegado a superar los 68 decibelios, lo que evidencia la magnitud del problema en determinadas situaciones.
La vía judicial también ha respaldado a los vecinos afectados. Existen sentencias que obligan a los propietarios a tomar medidas inmediatas para poner fin a los ruidos, además de imponer indemnizaciones económicas.
Un ejemplo significativo es el de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2017, que condenó a un dueño no solo a cesar la actividad molesta, sino también a pagar más de 5.800 euros por los daños ocasionados.
En la práctica, muchos conflictos pueden resolverse antes de llegar a sanciones o tribunales. Hablar con el propietario suele ser el primer paso, ya que en ocasiones este desconoce que su perro ladra cuando se queda solo en casa.
Sin embargo, cuando el problema persiste, los vecinos pueden presentar una denuncia administrativa y documentar los episodios de ruido, registrando horarios y duración para demostrar que no se trata de hechos aislados.
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