Oficina de la Seguridad Social
Ya ha entrado en vigor: aumentan las inspecciones médicas a estos trabajadores que estén de baja laboral
Los inspectores médicos supervisan una de cada diez bajas laborales, mientras los sindicatos reclaman más control público y menos poder empresarial.
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Las bajas laborales vuelven al centro del debate público en España. Mientras parte de la patronal insiste en poner el foco en un supuesto abuso del sistema, CCOO sostiene que los datos dibujan una realidad distinta, la de la incapacidad temporal ya está sometida a control y el verdadero problema no es la falta de supervisión, sino cómo se gestiona.
El sindicato ha presentado un informe en el que analiza la evolución de las bajas y rebate algunos de los argumentos más repetidos en los últimos meses. Entre sus conclusiones destaca que los inspectores médicos supervisan alrededor de una de cada diez bajas que se tramitan cada año.
Según los datos expuestos por la organización, en 2024 el Instituto Nacional de la Seguridad Social realizó 773.601 actuaciones de seguimiento sobre un total de 8,6 millones de partes de baja emitidos. Esas intervenciones sirven para decidir si el proceso debe prorrogarse, si procede el alta o si corresponde reconocer una incapacidad permanente.
Para CCOO, ese volumen de control no puede calificarse de insuficiente. El secretario de salud laboral del sindicato, Mariano Sanz, defendió este jueves que el sistema sí ejerce vigilancia sobre los procesos y rechazó la idea de que el aumento de las bajas responda a una falta de control o a un uso fraudulento generalizado.
Además, el seguimiento no se reparte de forma homogénea. La mayoría de las actuaciones se concentran en los casos más largos, especialmente en aquellos que superan el año de duración o que exceden los tiempos de recuperación considerados óptimos por la Seguridad Social. En esos supuestos, la supervisión médica alcanza a más de un tercio de los trabajadores afectados.
El propio sindicato subraya que tres de cada cuatro reconocimientos realizados por los inspectores del INSS se producen en bajas que rebasan los 365 días. A partir de ese momento, el peso económico del proceso crece para las arcas públicas, mientras que en la primera fase el coste recae sobre todo en empresas y mutuas.
Más coste a más edad
CCOO atribuye el incremento del gasto en incapacidad temporal, que ronda los 16.000 millones de euros anuales, a dos grandes factores. El primero es la mejora de los salarios y de las bases de cotización: si los trabajadores cobran más, también aumenta la cuantía de la prestación cuando enferman.
El segundo tiene que ver con el envejecimiento de la población activa. A mayor edad, aumentan las dolencias, se acumulan más procesos y estos tienden a prolongarse más en el tiempo. Esa tendencia explica buena parte del crecimiento del sistema, según el sindicato.
![Berna, capital de Suiza.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/16\/mujer\/estilo-vida\/1003744172101_261976106_320x180.jpg"])
La organización también pone el acento en la falta de recursos humanos para gestionar determinados expedientes. En el conjunto de España, el INSS cuenta con 536 médicos inspectores para atender a una población trabajadora de unos 18 millones de personas. En Catalunya opera además el ICAM con facultativos propios, pero el problema de fondo, advierten, persiste.
La consecuencia es que algunos procesos se alargan más de lo razonable, sobre todo en situaciones en las que la vuelta al empleo resulta inviable y lo procedente sería reconocer antes una incapacidad permanente. El sindicato recuerda que hay lesiones o secuelas irreversibles que no mejoran con meses adicionales de baja, aunque los tribunales médicos no siempre actúan con la rapidez necesaria.
![La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/17\/actualidad\/1003744133600_261470527_320x180.jpg"])
En paralelo, CCOO rechaza otro de los mantras instalados en el debate: que los trabajadores se den de baja masivamente en lunes o viernes para alargar los fines de semana. La patronal ha llegado a bautizar ese fenómeno como "bajaciones", pero el informe sindical sostiene que los números no respaldan esa tesis.
El mito de las bajas en lunes
El mayor volumen de bajas registradas en lunes responde en parte a un efecto administrativo. Muchas dolencias que aparecen durante el fin de semana no quedan formalmente registradas hasta el primer día laborable para numerosos médicos de atención primaria.
Al sumar sábado, domingo y lunes, en esos tres días se concentra aproximadamente un tercio de las bajas, mientras que en los otros cuatro días de la semana se acumulan los dos tercios restantes. El reparto, por tanto, pierde excepcionalidad cuando se observa el conjunto.
![Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/11\/mujer\/estilo-vida\/1003744165627_261887686_320x180.jpg"])
Tampoco los viernes destacan especialmente. En 2024 se contabilizaron 1,2 millones de bajas ese día, por debajo de los 1,5 millones de los jueves y de los 1,6 millones de los miércoles. Para el sindicato, estos datos desmontan la idea de un comportamiento oportunista generalizado entre los trabajadores.
Nacionalizar las mutuas
Junto al diagnóstico, CCOO plantea cambios de calado. El principal pasa por culminar la nacionalización de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para que dejen de tener naturaleza jurídica privada.
El sindicato recuerda que estas entidades nacieron como organismos privados, aunque hoy operan bajo supervisión pública y se financian con cotizaciones sociales. Aun así, denuncia que sus órganos de dirección siguen estando mayoritariamente controlados por perfiles próximos a las empresas, algo que a su juicio compromete la neutralidad del sistema.
![Inma pone la lavadora.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2017\/03\/07\/actualidad\/198991894_30451977_320x180.jpg"])
La objeción de fondo es que quien participe en el control de una baja no debería estar condicionado por un interés económico en reducir su duración. Por eso, CCOO reclama que la gestión sea plenamente pública y ajena a cualquier conflicto de interés.
Esta posición coincide con la de UGT y ambas centrales pretenden llevarla a la mesa de negociación con la Seguridad Social, dentro de la reforma del sistema de bajas que prepara el Gobierno. Por ahora, sin embargo, ese diálogo permanece congelado. Los sindicatos han decidido no retomarlo hasta que el Ejecutivo desbloquee otros compromisos pendientes, entre ellos los coeficientes reductores y la jubilación parcial del personal de las administraciones públicas.
