Cristina, vecina del barrio de Lavapiés: "Nos cortan la luz y el agua para echarnos y construir pisos turísticos"

El edificio situado en el número 7 de la calle Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, es una construcción antigua, de viviendas pequeñas y alquileres históricamente bajos —para la zona en la que se encuentra—, habitada durante décadas por familias trabajadoras, personas mayores y vecinos que residían allí desde hacía años. 

Durante años, sus 54 hogares formaron parte de una normalidad cada vez más rara en el centro de Madrid: contratos estables, rentas asumibles y una convivencia construida durante años. Una estabilidad que comenzó a resquebrajarse a finales de enero de 2024, cuando los inquilinos supieron que el inmueble iba a ser adquirido por una sociedad de inversión inmobiliaria.

La compra se materializó en marzo de 2024 por parte de Elix Rental Housing, una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) especializada en la adquisición de edificios completos en zonas céntricas de grandes ciudades. El objetivo, según denuncian los vecinos, era vaciar el inmueble para reconvertirlo en un producto mucho más rentable.

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El objetivo era sencillo, construir viviendas de uso turístico o alquiler temporal de alto precio en una zona céntrica de Madrid. La operación encajaba en una estrategia ya conocida en Lavapiés, donde en los últimos años bloques enteros han cambiado de manos para ser transformados en apartamentos destinados a visitantes y residentes de corta estancia.

La reacción de los vecinos fue desigual desde el primer momento. Mientras algunos inquilinos, superados por la incertidumbre y la presión, optaron por abandonar el edificio, otros decidieron quedarse y plantar cara a la situación. En un primer momento fueron once y hoy son ocho quienes continúan resistiendo. Entre ellos se encuentra Cristina Gómez, vecina del inmueble desde 2020.

Los fondos buitre en España

La presencia de los llamados fondos buitre no es un fenómeno reciente. Desde la crisis financiera de 2008, grandes fondos de inversión han desembarcado en España atraídos por el bajo precio de los activos inmobiliarios y por un marco legal que, durante años, priorizó la rentabilidad frente a la protección del derecho a la vivienda.

Estos fondos, a menudo estructurados como SOCIMIS, compran edificios completos o grandes carteras de viviendas con el objetivo de maximizar beneficios en el menor tiempo posible, ya sea mediante fuertes subidas de alquiler, la no renovación de contratos o la transformación de viviendas residenciales en productos turísticos.

Los datos dibujan una realidad contundente. Según diversos estudios académicos y sindicales, más del 10% del parque de alquiler en los distritos centrales de las grandes ciudades ya pertenece a fondos o grandes propietarios, un porcentaje que crece año tras año.

Esta concentración de vivienda tiene un impacto directo en los precios: en Madrid, los alquileres han aumentado alrededor de un 60% en la última década, mientras que los salarios apenas lo han hecho un 3%, generando una brecha que expulsa a miles de vecinos hacia la periferia.

En barrios como Lavapiés, esta dinámica ha provocado la salida de más de 10.000 vecinos en los últimos cinco años, según datos de asociaciones vecinales, un proceso que ha transformado la composición social del barrio y ha sustituido población residente por usos vinculados al turismo y al alquiler temporal.

Un ejemplo claro: Tribulete 7

Tribulete 7 se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de esta embestida especulativa. Desde que Elix Rental Housing adquirió el edificio con todos sus inquilinos dentro, los vecinos como Cristina denuncian haber sufrido una estrategia de desgaste continuado.

Obras constantes desde primera hora de la mañana, ruidos ininterrumpidos de taladros, presencia permanente de operarios en zonas comunes y una sucesión de desperfectos que han ido haciendo la vida cotidiana cada vez más difícil.

Techos que se desprenden, cañerías dañadas, goteras persistentes y un portal que se inunda de forma recurrente forman parte del día a día del inmueble.

A estas condiciones materiales se suman, según los afectados, interrupciones reiteradas en servicios básicos como el agua y la electricidad, así como la falta de respuesta ante avisos y quejas. No siempre se trata de cortes totales, pero sí de incidencias constantes que generan inseguridad y cansancio.

Los vecinos sostienen que este deterioro no es accidental, sino parte de una estrategia para convertir el edificio en un lugar inhabitable y forzar así la salida voluntaria de quienes aún resisten, evitando los costes y tiempos de un procedimiento judicial de desahucio.

La presión no ha sido solo física. Los inquilinos relatan llamadas, mensajes y reuniones en las que se les sugería "buscar otra vivienda" o aceptar acuerdos individuales a la baja. El fondo, aseguran, se ha negado sistemáticamente a negociar de forma colectiva, intentando tratar a cada vecino por separado.

Algunos de los que se marcharon lo hicieron tras reuniones individuales y bajo acuerdos de confidencialidad, lo que ha incrementado la desconfianza y el sentimiento de indefensión entre quienes permanecen.

El impacto humano de esta situación es especialmente visible en los casos de personas mayores. En los últimos meses, un matrimonio octogenario y otra pareja de ancianos que llevaban toda la vida viviendo en Tribulete 7 abandonaron el edificio incapaces de soportar más la presión. De las 54 familias iniciales, solo ocho continúan hoy en el inmueble.

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La denuncia vecinal dio un giro relevante cuando un juzgado de Madrid decidió imputar a Elix Rental Housing por un presunto delito de acoso inmobiliario. Por primera vez, no solo se investiga a personas físicas, sino a la propia persona jurídica, un paso considerado histórico.

La causa ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid y ha citado a declarar a altos cargos del fondo, así como a responsables directos de las obras y de la gestión con los vecinos. La vista está prevista para febrero de 2026 y podría sentar un precedente clave en la lucha contra el mobbing inmobiliario.

Para los vecinos, el objetivo sigue siendo sencillo: permanecer en sus casas. Aseguran haber propuesto subidas de alquiler moderadas, en torno al 3%, dentro de márgenes razonables y acordes a la ley, pero el fondo nunca ha contemplado esa opción.

En un mercado donde un piso similar al de Cristina, de 40 metros cuadrados, supera ya los 1.000 euros mensuales, abandonar su vivienda supondría, en la práctica, ser expulsada del barrio y de la ciudad.