Bruselas desoye a Sánchez y propone derogar la prohibición total desde 2035 de coches de gasolina y diésel

Von der Leyen desoye así la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado 11 de diciembre le escribió para reclamarle que mantuviera el veto al motor de combustión porque "el mercado ya identifica a los vehículos electrificados como la opción más eficiente y competitiva".

"Por lo tanto, rechazamos que los vehículos de combustión u otras tecnologías sin viabilidad demostrada puedan seguir comercializándose más allá de 2035", afirmaba la misiva de Sánchez.

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Sin embargo, la presidenta ha optado por alinearse con las tesis de un grupo mayoritario de países liderado por Alemania (el principal fabricante de coches de la UE) y en el que figuran también Italia y Polonia, que exigen desde hace meses acabar con el veto a los vehículos de combustión.

Von der Leyen cede también a las presiones de la industria automovilística, que alega que el fin de los vehículos de gasolina y diesel en 2035 es un objetivo imposible de cumplir por el lento despegue del coche eléctrico y la falta de infraestructuras de recarga.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha propuesto rebajar del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en el tubo de escape que deben cumplir los fabricantes para 2035, tanto en coches como en furgonetas.

El 10% restante deberá compensarse con un nuevo sistema de créditos que los constructores pueden obtener mediante el uso de combustibles renovables sostenibles o mediante el uso de acero bajo en carbono fabricado en la UE.

Según Bruselas, esta fórmula permitirá alcanzar la neutralidad climática, respetando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica y dando a los fabricantes un mayor margen de maniobra.

¿Cuáles serán las consecuencias prácticas de esta modificación legislativa? "Lo más importante es que el objetivo del 90% está fijado en la legislación, lo que obliga a que la mayor parte de los esfuerzos de los fabricantes provenga de los vehículos de cero emisiones (eléctricos o de hidrógeno)", explica un alto funcionario comunitario.

"No obstante, se introducen ciertas flexibilidades adicionales, que permitirán que híbridos, híbridos enchufables y coches de gasolina o diésel puedan seguir formando parte de las flotas más allá de 2035, pero solo hasta un límite".

"Además, las emisiones de estos vehículos deberán compensarse completamente mediante el uso de combustibles sostenibles o acero verde", ha resaltado el alto funcionario.

Un punto clave es que estas flexibilidades no son obligatorias: los fabricantes tienen plena libertad para decidir si quieren seguir poniendo en el mercado únicamente coches eléctricos o si optan por una presencia muy limitada de otras tecnologías, en cuyo caso deben compensar las emisiones. 

El fin del veto al coche de combustión todavía tiene que ser aprobado tanto por los Gobiernos de la UE (por mayoría cualificada) como por la Eurocámara. En el Consejo, España apenas cuenta con el apoyo de Francia para tratar de frenar la reforma, mientras que en el Parlamento Europeo el dominio del PPE garantiza que salga adelante.

“La industria automovilística europea es un pilar de nuestra economía, aportando el 7% del PIB de la UE y sosteniendo cerca de 14 millones de empleos", ha destacado el comisario de Transportes, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas.

"Con el Paquete Automóvil presentado hoy, estamos reforzando la competitividad del sector, introduciendo flexibilidad en los estándares de CO2 para coches y furgonetas y estableciendo un marco tecnológico neutro", sostiene Tzitzikostas.

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En paralelo, Bruselas ha adoptado también este martes un paquete de simplificación legislativa en el ámbito de la industria automovilística (denominado Ómnibus Automotriz) con el fin de reducir la carga administrativa y los costes a los fabricantes europeos, que permitirá ahorros de 706 millones al año.

Además, el Ómnibus crea una nueva categoría dentro de la iniciativa de Coches Pequeños y Asequibles, que incluye vehículos eléctricos de hasta 4,2 metros de longitud. Estos coches se beneficiarán de un superbono en el cálculo de las emisiones de CO2 de los fabricantes, siempre que estén fabricados en la Unión Europea.

El objetivo de Bruselas es impulsar el desarrollo de una gama de coches eléctricos con un precio comprendido entre 15.000 y 20.000 euros.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario movilizará 1.800 millones para sostener la industria europea de baterías.

Por último, la Comisión está actualizando y armonizando las normas de etiquetado de coches, para que los consumidores tengan información completa sobre las emisiones al comprar un vehículo.

Con este paquete de medidas, Bruselas sale al rescate del sector del automóvil de la UE, que "se enfrenta actualmente a una competencia feroz (en particular de China) y a una profunda transformación estructural de una velocidad y magnitud sin precedentes, con cambios significativos en el panorama mundial que suponen un reto para los fabricantes".

"Por lo tanto, es extremadamente importante garantizar la competitividad de la industria y apoyarla en la transición hacia una movilidad limpia y la descarbonización del transporte por carretera", alega la Comisión.