La multa real no es de 200 euros, como muchos medios repiten, sino de 80 euros, 40 con pronto pago. EP
JuanFran, experto en automoción, vuelve a lanzar una verdad incómoda sobre la baliza V16: “Es un proyecto que nace muerto”
Calero desmintió la supuesta conectividad que la baliza tendría en cualquier territorio.
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En un escenario donde la baliza V16 sigue generando polémica, confusión y desconfianza entre los conductores españoles, el experto en automoción JuanFran volvió a levantar la voz y dejó claro que la medida, tal y como está concebida, “es un proyecto que nace muerto”, según declaró en un extenso análisis sobre el dispositivo y su implantación.
Un dispositivo cuestionado desde su concepción
A través de su canal de YouTube Car Wow, JuanFran explicó que uno de los principales fallos estructurales del proyecto es la conectividad obligatoria, una exigencia impuesta desde la propia DGT y que, según dijo, complica de forma innecesaria su implementación.
Recordó que millones de balizas sin conectividad se vendieron legalmente y hoy ya no serán válidas a partir del 1 de enero de 2026, pese a que muchas cumplen con la normativa técnica. Añadió que la administración “ha reculado”, admitiendo que al principio no sancionarán por el desorden comunicativo que rodea al dispositivo.
El experto también señaló que la confusión mediática ha alimentado bulos, especialmente la idea de que la baliza puede rastrear a los usuarios. Desmintió de manera tajante esa teoría, asegurando que el dispositivo no está asociado ni a DNI, ni a matrícula, ni a seguros, y que no existe infraestructura para procesar semejante volumen de datos.
Luces, sombras y un estándar técnico lleno de grietas
Otro de los puntos que JuanFran destacó fue la enorme variabilidad en la luminosidad permitida por la normativa. Explicó que una baliza homologada puede emitir entre 50 y 700 candelas, generando diferencias notables entre modelos.
Según expuso, muchas de las balizas baratas apenas alcanzan el mínimo del rango, lo que reduce drásticamente su visibilidad real en carretera. Criticó también que, para lograr una luminosidad mayor, sería necesaria una batería más potente y un sistema más caro, lo que, a su juicio, habría revelado aún más las contradicciones del proyecto.
El experto cuestionó igualmente que la baliza incluya aplicaciones móviles opcionales que piden datos personales, recordando que la mayoría de usuarios no las usará y que no hay obligación alguna de registrar información. Recalcó que la utilidad real de la app es prácticamente nula y que solo añade otra capa innecesaria de complejidad.
Un sistema de conectividad lleno de incógnitas
JuanFran detalló que la baliza opera mediante redes móviles y utiliza protocolos como LTE-M y NB-IoT. Explicó que la cobertura depende tanto del protocolo como de la operadora que gestione la SIM del dispositivo, algo que, dijo, contradice el mensaje oficial de “cobertura en todo el territorio”. Aseguró que la calidad de la conexión puede variar de forma drástica, especialmente en áreas rurales, y que la señal podría incluso no llegar en ciertas circunstancias.
Reveló también un hallazgo inquietante de investigadores del sector: los datos emitidos por algunas balizas terminan redirigidos a un dominio registrado a nombre de un particular y alojado en servidores de Amazon Web Services, cuya caducidad está fijada en 2026. Según declaró, este punto muestra un nivel de improvisación “absolutamente gigantesco” y pone en duda la solidez del sistema diseñado para gestionar la información.
Una obligación con fecha y consecuencias inciertas
El experto recordó que, si nadie lo modifica, la norma establece que todos los vehículos deberán llevar una baliza conectada desde el 1 de enero de 2026. Explicó que la multa real no es de 200 euros, como muchos medios repiten, sino de 80 euros, 40 con pronto pago, una cifra similar al coste del propio dispositivo. Señaló que esta situación evidencia el sinsentido de imponer un producto cuyo funcionamiento práctico sigue lleno de dudas.
JuanFran concluyó que el proyecto carece de claridad, rigor y sentido común. Defendió que no se trata del precio de la baliza, sino de un problema de fondo sobre cómo se diseñan e imponen determinadas medidas a los ciudadanos.
