Un perro en un cheñil.

Un perro en un cheñil. istock

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Ya es oficial en España: se han registrado 1.377 delitos contra los animales y 756 personas investigadas o detenidas

Se exige una reforma urgente del Código Penal español que ponga fin a la impunidad de los maltratadores de animales.

Más información: Tomás Palomares, veterinario: "En España se abandonan 800 animales al día; la gente solo aprende cuando hay multas"

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España registra una paradoja judicial que indigna cada vez a más ciudadanos: mientras las investigaciones por maltrato animal baten récords, la inmensa mayoría de los condenados no llega a pisar un centro penitenciario.

Así lo reflejan las últimas estadísticas oficiales del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y de la Fiscalía General del Estado.

Entre 2023 y 2024 contabilizaron 1.377 delitos de maltrato animal en un solo ejercicio, representando casi la mitad de todas las infracciones medioambientales del país.

A pesar de la gravedad de estas cifras —que saldaron el año con cientos de investigados y detenidos—, la aplicación del marco penal actual permite que casi la totalidad de los infractores eviten la cárcel.

La brecha de la impunidad en el Código Penal

¿A qué se debe esta brecha entre el delito y el castigo efectivo? El problema no reside únicamente en la detección de los casos, sino en el engranaje del Código Penal.

Tras la última reforma de la Ley Orgánica 3/2023, las penas máximas por los casos más atroces (con resultado de muerte del animal) se fijaron habitualmente en un rango de 18 a 24 meses de prisión.

Aquí es donde entra en juego el artículo 80 del Código Penal, que permite a los jueces suspender las penas de prisión inferiores a dos años cuando los procesados carecen de antecedentes penales.

El resultado práctico es desalentador: las condenas suelen saldarse con multas económicas, trabajos en beneficio de la comunidad o inhabilitaciones temporales para la tenencia de animales, pero sin ingreso real en prisión.

Un cambio urgente

"Una sociedad moderna también se mide por cómo se protege a quienes no pueden defenderse", afirmó en sus redes sociales el abogado y divulgador penalista Xavi Abad.

Abad ha denunciado públicamente el choque entre la sensibilidad social actual y la tibieza de las sanciones judiciales y ha desgranado los vacíos legales que perpetúan esta situación y solicita una reforma urgente del Código Penal que haga que los maltratadores de animales cumplan una pena adecuada.

La propuesta exige al Ministerio de Justicia y al Congreso de los Diputados un giro firme en la legislación:

  • Penas mínimas más severas: Elevar el umbral de las condenas para que los delitos graves de maltrato no queden amparados por la suspensión automática de la cárcel.
  • Criterios más duros ante la crueldad y la reincidencia: Imponer prisión efectiva obligatoria en casos donde concurra ensañamiento, abandono con resultado de muerte o uso de armas y métodos crueles.
  • Fin de los vacíos en la vía penal: Evitar que actuaciones graves se resuelvan mediante simples sanciones administrativas o multas económicas de escaso impacto disuasorio.

La iniciativa continúa sumando apoyos diarios, canalizando la indignación social hacia una demanda concreta: que las leyes dejen de actuar como un mero papel mojado y garanticen una justicia real para los animales.