El colectivo Coppa sobre la ley contra la violencia vicaria: "No es solo un daño al animal, sino también un impacto en la victima"

En Las Palmas de Gran Canaria, un hombre fue condenado a un año de prisión tras matar al cachorro de su pareja, arrojándolo por un risco. Este suceso marcó un hito en la lucha judicial contra la violencia vicaria. Por primera vez, se consideró violencia machista vicaria porque buscaba quebrar psicológicamente a la mujer a través del daño causado a su animal de compañía.

Estableció así un precedente que reconoce el vínculo afectivo con los animales como parte central del entorno emocional de la víctima y refuerza la urgencia de que la legislación contemple y sancione estas conductas dentro de la protección integral frente a la violencia de género.​

La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) ha presentado al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y al Ministerio de Juventud e Infancia una serie de enmiendas al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre medidas en materia de violencia vicaria.

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"Es urgente. La ley tiene que reconocer, a nivel de definición dentro del concepto de violencia vicaria, la que se realiza por el agresor, instrumentalizando a los animales o cometiendo delitos contra los mismos en el contexto de la violencia de género", afirman en un documento.

Las propuestas, elaboradas por un equipo multidisciplinar de abogadas, psicólogas y juezas especializadas en violencia de género, insisten en la necesidad de visibilizar la utilización de animales como instrumento de agresión, una práctica común y extremadamente dañina dentro de la violencia vicaria.

El impacto en la víctima

CoPPA destaca que muchos agresores amenazan, maltratan o incluso matan a los animales de la víctima con el fin de someterla emocionalmente, incrementar su miedo o castigarla. "Aquí no solo se produce un daño a causa del temor por el animal, sino que el impacto sobre la víctima se agrava por la pérdida del vínculo afectivo y del apoyo emocional que el animal representaba", explica CoPPA en sus propuestas.

La entidad, que trabaja en este ámbito desde 2014, ha respaldado sus enmiendas con un informe titulado Violencia de género: cuando se agrede a la víctima a través de sus animales, en el que analiza la conexión entre el maltrato animal y la violencia de género, proponiendo medidas de protección y prevención.

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La evidencia científica confirma que la agresión o amenaza hacia los animales es una manifestación frecuente de la violencia vicaria. Por ello, CoPPA reclama su reconocimiento legal y la aplicación de sanciones específicas dentro de un marco de protección integral a las víctimas.

Además, CoPPA propone modificar diversas normativas clave, como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre sus sugerencias se incluye incorporar en las estadísticas oficiales los casos en los que los animales resulten víctimas mortales en contextos de violencia de género.

El ámbito familiar

En materia de formación, la entidad propone que la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpore la "perspectiva del maltrato animal en el ámbito familiar" junto con la perspectiva de género, infancia e interseccionalidad, tanto en la formación inicial como continuada de jueces y magistrados.

Asimismo, CoPPA solicita ampliar las medidas de protección civil para incluir a los animales con los que la víctima mantenga un vínculo afectivo, de modo que queden amparados por la orden de protección y se impida su uso como herramienta de coacción. Esto implicaría asegurar la custodia exclusiva a la víctima y el alejamiento del agresor.

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Finalmente, la organización recuerda que varios países han incorporado disposiciones similares en sus leyes sobre violencia doméstica y de género. La propuesta, subraya CoPPA, "se alinea con estas buenas prácticas internacionales y fortalece la protección integral de todas las víctimas, humanas y animales".

La Coordinadora, integrada por profesionales de la psicología, psiquiatría, sociología, criminología, pedagogía y derechos humanos, trabaja para proteger a personas y comunidades vulnerables. Su labor se basa en el conocimiento científico y técnico, promoviendo políticas públicas, reformas legislativas y programas orientados a la prevención y atención de cualquier forma de abuso o maltrato.