El vídeo que la familia tiene como prueba de "la calma" del fallecido.

Torremolinos

La CEP pide acciones por la difusión en redes de mensajes que tachan de "asesino" a un agente en Torremolinos

El documento enuncia que las acusaciones "se han multiplicado en las últimas horas a través de varias plataformas digitales".

Más información: Ione Belarra, líder de Podemos, denuncia "violencia policial racista" en la muerte de Haitam en Torremolinos

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Las claves

La Confederación Española de Policía (CEP) en Málaga denuncia la difusión en redes de mensajes que acusan a un agente de "asesino" tras la muerte de un hombre durante una intervención policial en Torremolinos.

El sindicato considera que estas acusaciones suponen un grave ataque al honor del funcionario y solicita la apertura de acciones judiciales por injurias, calumnias y delito de odio.

La CEP subraya que, según datos oficiales, la muerte del hombre se debió a una parada cardiorrespiratoria y no existen indicios de homicidio o asesinato por parte de los agentes.

El sindicato pide medidas urgentes para frenar el hostigamiento masivo y proteger la imagen pública de la Policía Nacional y la integridad del agente señalado.

La polémica surgida en torno a la muerte de un hombre de 35 años por infarto mientras era reducido por la Policía Nacional en Torremolinos ha dado un nuevo giro. La Confederación Española de Policía (CEP) en Málaga ha remitido un escrito al comisario provincial de la Policía Nacional en el que expresa su “máxima preocupación” por la “amplificación” en redes sociales de mensajes que señalan directamente a un agente como "presunto autor de un asesinato". El sindicato considera que estas manifestaciones suponen "un grave ataque al honor del funcionario y a la imagen pública del cuerpo, y solicita la apertura de acciones judiciales por injurias, calumnias y delito de odio".

El documento, fechado el 10 de diciembre y firmado por el Comité Ejecutivo Provincial, al que ha podido tener acceso EL ESPAÑOL de Málaga, denuncia que las acusaciones "se han multiplicado en las últimas horas a través de varias plataformas digitales".

En algunas de estas publicaciones donde se tilda de asesino al agente, se difunden vídeos donde se le identifica claramente como participante en la detención y se le atribuyen varioscomportamientos ilícitos. La CEP subraya que estas imputaciones se están viralizando a pesar de que, según los datos oficiales, "la muerte del hombre se produjo por una parada cardiorrespiratoria y no existe indicio alguno que sustente la versión de un homicidio o asesinato".

Uno de los episodios que más preocupación ha generado en el sindicato es la publicación en la red X realizada por la diputada Ione Belarra. En su mensaje, la política compara el caso con los asesinatos machistas y lo califica de “violencia policial racista”. Para la CEP, declaraciones de este tipo equiparan la actuación policial con delitos violentos dolosos y sugieren una motivación discriminatoria por parte de los agentes, lo que ha derivado en un “hostigamiento masivo” hacia el funcionario implicado.

El sindicato también adjunta enlaces a vídeos difundidos en Instagram y TikTok. En uno de ellos, una usuaria dice que “seis policías matan a un chico de 32 años”, que le aplicaron cinco descargas de taser “achicharrándolo vivo” y que el cuerpo “no aparece”. La CEP recalca que este tipo de mensajes, además de ser “gravemente difamatorios”, están generando un clima de hostilidad pública basado en afirmaciones que, insisten, "no cuentan con soporte alguno en la investigación oficial".

En su escrito, la organización sindical solicita al comisario provincial que evalúe los hechos y, en su caso, impulse o respalde las acciones judiciales necesarias para depurar responsabilidades penales contra quienes han difundido los contenidos. Además, anuncia su voluntad de personarse como acusación en defensa del honor y la integridad moral del agente, así como de la imagen institucional de la Policía Nacional.

El sindicato insiste en que la rápida adopción de medidas es esencial para frenar lo que consideran un ataque reputacional grave, con consecuencias directas sobre los funcionarios implicados.