Desde hace algún tiempo, algunos amigos con hijos en edad universitaria me animan a escribir sobre las pruebas de acceso, las notas de corte, la oferta de plazas y la situación de las universidades españolas, con especial atención a las andaluzas.
La publicación, como cada 15 de agosto, del célebre ranking de Shanghái —Academic Ranking of World Universities (ARWU)— me decidió por fin a atender el encargo y el inicio del curso universitario ofrece ahora la ocasión de publicarlo.
Resulta curioso que en la lista aparezca el día más festivo del calendario español, la Virgen de agosto. Para muchos responsables universitarios, la publicación del ranking se vive con una mezcla de expectativa y decepción según la posición obtenida.
Este año la suerte ha sido esquiva: respecto al año pasado, España ha pasado de tener 36 a 30 universidades entre las 1.000 mejores del mundo, con la salida de ocho centros y la entrada de dos nuevos (la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la de Valladolid).
No hay ninguna universidad española entre las cien primeras, siendo la Universidad de Barcelona la única situada en el top 200. Italia se encuentra en una situación similar: solo sitúa La Sapienza de Roma entre las doscientas primeras.
Lo fácil sería culpar al sistema español en su conjunto, pero cuando se entra en el detalle, podemos constatar que de las ocho universidades que desaparecen de la lista, salvo la madrileña Carlos III, las siete restantes comparten características similares: las universidades de Cantabria, Córdoba, Baleares, Cádiz, Las Palmas, Lleida y Jaén se fundaron entre 1972 y 1993, son de tamaño pequeño (entre 11.000 y 20.000 estudiantes) y se sitúan lejos de los grandes centros económicos y demográficos del país.
Son las denominadas «universidades de proximidad», a las que algunos se han referido como universidades de provincias.
En algunos casos, nacieron como escisiones de otras históricas, como Las Palmas de la de La Laguna o Jaén de la de Granada. Otras fueron fundadas al albur del desarrollo de la España de las autonomías, con el planteamiento ─en muchos casos más demagógico que fundamentado─ de “una provincia, una universidad”.
Ese modelo, sin embargo, consiguió democratizar la educación superior, lo que permitió que la primera generación universitaria de muchas familias trabajadoras de regiones como Andalucía, Canarias, o las Castillas pudiese acceder a la universidad.
El ARWU está concebido para seleccionar por arriba, no para discriminar por abajo. Que una universidad salga del listado no significa necesariamente que sea mala ni siquiera que haya empeorado, sino que otras instituciones más grandes, mejor financiadas o más orientadas hacia los indicadores concretos del ranking la han superado.
Ninguna de las 30 universidades españolas del listado puntúa en el apartado de premios: el ARWU cuenta los Nobel y la Medalla Fields —el principal galardón internacional de las matemáticas— ganados por profesorado mientras trabajaba en la institución, y ninguna universidad española tiene ninguno. Solo una universidad española puntúa por los Nobel de sus exalumnos: la Complutense. Catorce de las treinta tampoco tienen ni un investigador en la lista de Clarivate, que identifica al 1% de los científicos e investigadores con mayor impacto y número de citas a nivel global.
Las limitaciones estructurales de estas universidades no se explican únicamente por la financiación o la investigación; también están relacionadas con el modelo territorial sobre el que se ha construido el sistema universitario español.
Nuestro modelo es un sistema de universidades muy descentralizado, con estudiantes de baja movilidad. Se calcula que el 68% de los estudiantes de grado matriculados en universidades presenciales cursa la carrera en la misma provincia en la que reside su familia.
Solo un 32% se matriculó en otra. Madrid absorbe el grueso de los estudiantes que se mueven de provincia, siendo Cataluña la comunidad que más consigue retener a sus estudiantes. Estamos ante un hecho cierto: es fácil que la universidad de tu provincia oferte la carrera que deseas cursar o una muy similar.
Sin embargo, estos centros no siempre cumplen su función de fijar población; aunque los estudiantes se formen en su provincia de residencia, muchos terminan marchándose a trabajar en otras regiones. Por ejemplo, en Castilla y León, el porcentaje de emigrantes con titulación universitaria pasó del 20% en 1992 al 60% en 2018, según una tesis doctoral publicada por la UAB.
A esta escasa movilidad estudiantil se añade otro rasgo estructural: el 66,8 % del profesorado doctor trabaja en la universidad donde leyó su tesis, porcentaje que alcanza el 73 % en los centros públicos, según la Fundación CYD.
Todos los países necesitan ambas cosas, tanto centros de élite como instituciones que formen al grueso de los profesionales que la sociedad requiere. En otros países europeos, en cambio, tienen mayor peso las denominadas «becas de movilidad», que permiten a los universitarios estudiar donde quieran y evitan que los centros se vean obligados a entrar en una competición de titulaciones para retener población.
La universidad de proximidad es, en nuestro contexto, un sustituto de ese sistema de movilidad. El problema, en todo caso, es que España no es capaz de producir suficientes centros de élite.
El problema, por tanto, no es la existencia de universidades de proximidad, sino que el sistema español no distingue con claridad entre tres funciones diferentes: garantizar el acceso a la educación superior, formar a los profesionales que necesita cada territorio y competir en la investigación internacional. Pretender que todas las universidades hagan las tres cosas, con los mismos medios y bajo un modelo prácticamente uniforme, solo conduce a la frustración.
Hay gobiernos que, cuando detectan un problema, intentan resolverlo. Otros prefieren encontrar un culpable y eludir su responsabilidad de resolverlo. En materia universitaria, el Gobierno español ha optado por la segunda alternativa. Y la ministra del ramo ya ha identificado al sospechoso: la universidad privada.
Así ha anunciado nuevas medidas contra lo que denomina "locura de privatización salvaje" promovida, según ella, por algunas comunidades autónomas, vinculando su crítica al aumento de plazas privadas frente al escaso crecimiento de la oferta pública. El problema de ese enfoque no está en exigir calidad —debe exigirse a todos—, sino en convertir la titularidad en un atajo para presumirla o negarla.
Dividir las universidades entre públicas y privadas, atribuyendo a las primeras una presunción de virtud social y académica y a las segundas una sospecha de elitismo y devaluación de los contenidos no permite entender la realidad del sistema.
Durante los últimos veinticinco años apenas se han creado universidades públicas mientras han nacido numerosas privadas. Luego, si faltan plazas en las universidades públicas, ¿por qué no las crean?
Pero a continuación surge otra cuestión: ¿para qué queremos más universidades públicas que funcionen exactamente igual que las actuales? Y de ahí se deriva otra: ¿cómo vamos a crear nuevas universidades públicas cuando el propio sistema reconoce no disponer de recursos suficientes para financiar adecuadamente las existentes?
Una cosa es exigir calidad y otra utilizar la regulación para imponer un modelo único de universidad, convirtiendo las características de la pública en el patrón con el que medir a todas las demás.
Estados Unidos demuestra que no existe una relación mecánica entre titularidad y excelencia. Entre las primeras posiciones conviven grandes universidades públicas —Berkeley, UCLA, Washington o Michigan— con privadas como Harvard, Stanford, MIT, Princeton o Yale. El Reino Unido añade un tercer modelo: instituciones autónomas y sin ánimo de lucro, distintas tanto de la universidad pública continental como de la privada estadounidense.
Oxford y Cambridge, por ejemplo, se definen como instituciones independientes y autogobernadas, mientras que University College London (UCL) tiene jurídicamente la condición de entidad benéfica. La excelencia, por tanto, no responde a una única fórmula de propiedad o gobernanza.
La Universidad de Málaga (UMA) se sitúa en el intervalo 801-900 del ARWU 2026 y es la tercera universidad andaluza clasificada, por detrás de Granada —301-400— y Sevilla —401-500—. En el ámbito español, Granada ocupa una posición comprendida entre la 4.ª y la 7.ª; Sevilla, entre la 8.ª y la 12.ª; y Málaga, entre la 19.ª y la 24.ª.
Por número de estudiantes, Sevilla ocupa el primer lugar andaluz con 70.000, Granada el segundo con 55.000 y Málaga el tercero con 40.000.
La UMA ofrece 60 grados, 75 másteres y 25 programas de doctorado. Siguiendo con el ranking de Shanghái por disciplinas, sus áreas mejor valoradas son Ingeniería de Telecomunicación y Educación, ambas en el intervalo 201-300 mundial, e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en el 301-400.
Y estamos asistiendo en Málaga al nacimiento de tres universidades privadas con modelos muy diferentes. UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía desarrollan campus presenciales, mientras que UTAMED tiene una orientación íntegramente digital.
Más que sumar indiscriminadamente alumnos, titulaciones y capacidades futuras, lo relevante es que la nueva oferta privada se está dirigiendo hacia estudios con una fuerte demanda insatisfecha y en los que las familias están más dispuestas a asumir el coste de la enseñanza privada.
En una reciente entrevista en un medio local el rector de la UMA, Teodomiro López, ha declarado que antes de autorizar estudios de Medicina en centros privados, se debe potenciar y permitir el crecimiento de la institución pública.
El rector defiende que la universidad pública debe consolidarse y recibir recursos antes de abrir la puerta a la oferta privada en la región, achacando sus problemas a una infrafinanciación estructural; y volviendo de esta forma a la dicotomía entre universidad pública y privada, que, como hemos visto, no sirve por sí sola para explicar la calidad o la excelencia de una institución.
Otros proyectos de universidades privadas en Andalucía son los dos campus de la Universidad Loyola en Sevilla y Granada, y la Universidad CEU Fernando III en Sevilla. En Córdoba la Universidad Loyola también tiene un campus. Y en Almería se anuncia un proyecto privado bastante avanzado.
Parece evidente que Sevilla, Granada y Málaga se están consolidando como los tres grandes nodos universitarios andaluces, mientras que el resto de los campus provinciales tendrán que adaptar su dimensión a su realidad demográfica y buscar su futuro en la especialización.
Aunque el número total de universitarios se encuentra en máximos históricos, la demanda evoluciona de manera muy desigual según los territorios y las titulaciones, y la reducción demográfica terminará afectando especialmente a los campus más pequeños.
La reacción paradójica de muchas universidades consiste en ampliar el catálogo de títulos para conservar alumnos y estructuras, lo que explica en parte la proliferación de dobles grados.
Esa multiplicación de titulaciones dispersa las plantillas, aumenta las tareas docentes y de coordinación y puede reducir el tiempo disponible para investigar, especialmente cuando los incentivos y la financiación tampoco acompañan.
El camino opuesto a la proximidad es la concentración, como otros países han comenzado a hacer para salir mejor parados en estos rankings. Francia —haciendo gala de su espíritu jacobino— es uno de los países con una educación superior más centralizada del mundo, lleva años fusionando facultades, grandes escuelas y laboratorios. Pero no solo los ha fusionado, sino que también les ha proporcionado la financiación necesaria para competir como universidades de élite.
Los resultados son visibles: Paris-Saclay ocupa hoy el puesto 13 del ARWU, Sorbonne Université el 55 y Aix-Marseille se encuentra en el intervalo 151-200. El caso de Paris-Saclay es especialmente ilustrativo: se sitúa inmediatamente detrás de Cornell y por delante de UCLA, constituyendo un resultado extraordinario para una institución nacida de un proceso de concentración universitaria.
La financiación pública universitaria española se sitúa alrededor del 0,75 % del PIB, frente al compromiso de alcanzar al menos el 1 % establecido en la LOSU. Francia ronda el 1,1%.
Las universidades de proximidad no sobran. Han sido uno de los grandes instrumentos de movilidad social de la España democrática y han permitido que miles de jóvenes fueran los primeros universitarios de sus familias. Lo que sobra es fingir que todas pueden ofrecer de todo, investigar en todo y competir con todos mientras se las mantiene sin masa crítica ni recursos suficientes. La proximidad facilita el acceso; no garantiza por sí sola la excelencia.
España necesita distinguir misiones: universidades cercanas y especializadas para formar profesionales, ayudas de movilidad para que el domicilio familiar no decida la carrera y algunos polos con dimensión suficiente para competir en la investigación internacional.
También debe exigir la misma calidad a los centros públicos y privados. Mientras no lo haga, seguirá ampliando la oferta universitaria sin resolver la cuestión esencial: cómo combinar acceso, especialización y excelencia investigadora.
