Mi madre cumplió el año pasado 65 años y decidió no jubilarse. En parte porque su incorporación al mercado laboral fue tardía y aún le quedan años por cotizar, pero principalmente porque le encanta su trabajo, como gestora de servicios en el 112.

Lleva casi 20 años dedicada a trabajar en emergencias y siente una gran responsabilidad y compromiso con el trabajo que realiza cada día.

Recientemente la han operado satisfactoriamente de cataratas, en la sanidad pública, y su incorporación estaba prevista para el lunes 19, justo tras el accidente en Adamuz.

Durante ese fin de semana hablamos mucho y compartía conmigo la triste apatía con la que afrontaba su reincorporación, ella y sus compañeros llevan años reclamando la mejora de sus condiciones, persiguiendo un objetivo que, por obvio, parece irreal, que se reconozca que son un servicio de emergencias.

Por extraño que parezca, los empleados que cogen el teléfono ante una catástrofe como la vivida en Adamuz están incluidos en el convenio de teleoperadores. De esta forma, en Andalucía equiparamos a aquellos que atienden un acto de violencia de género o un intento de suicidio con los profesionales que están vendiendo una línea telefónica. Sin desmerecer a los segundos, creo que las diferencias son alarmantes.

Además, es un servicio delegado totalmente a empresas privadas, que lógicamente priorizan la optimización de beneficios, no siempre del servicio. Mi argumento en los últimos años ha sido siempre el mismo, que le queda muy poco para jubilarse y que no debe alterarse por una situación que está fuera de su control.

Como buena economista, le intenté hacer entender durante todo el fin de semana que es normal que una empresa busque resultados económicos y, sin embargo, todos estos argumentos han descarrilado.

Descarrilado.

Porque hay noticias que te resetean, obligan a detenerse y a revisar certezas que parecían sólidas, casi incuestionables. El accidente no es solo una tragedia puntual, ni una concatenación de errores técnicos; es el síntoma de un modelo que ha ido desplazando el centro de gravedad de lo público hacia una lógica que no siempre sabe mirar a las personas.

El 112 es, para muchos, la primera y última esperanza. No es un servicio más, no es una línea telefónica cualquiera, no es un engranaje intercambiable dentro de una maquinaria de externalizaciones.

Es una voz que responde cuando todo lo demás falla. Y, sin embargo, quienes sostienen esa voz trabajan bajo convenios que no reconocen la especificidad de su labor, con condiciones que ignoran el impacto emocional, psicológico y ético de atender emergencias ajenas durante años.

La privatización de los servicios públicos se ha presentado como una solución eficiente, moderna, inevitable. Un eufemismo que disfraza decisiones políticas de necesidad técnica. Externalizar no es solo delegar la gestión; es, en muchos casos, diluir responsabilidades y trasladar el foco desde el cuidado hacia el beneficio. Cuando el objetivo principal es optimizar resultados económicos, el servicio deja de ser un fin y se convierte en un medio. Y hay ámbitos en los que ese desplazamiento no es neutro: tiene consecuencias.

Mi madre lo sabe sin necesidad de teorizarlo. Lo sabe porque ha escuchado demasiadas voces quebradas, porque ha tomado decisiones bajo presión, porque ha sostenido con profesionalidad situaciones que no caben en ningún informe trimestral. Por eso su apatía no es cansancio físico, sino desgaste moral. El de quien siente que se le exige vocación infinita en un sistema que escatima reconocimiento y protección.

Pasé el fin de semana intentando tranquilizarla con argumentos racionales, explicándole que las empresas funcionan así, que la búsqueda de rentabilidad es legítima, que no todo puede sostenerse desde lo público sin criterios de eficiencia. Y sigo creyendo que el mercado no es, por definición, el enemigo. Pero hoy entiendo que hay fronteras que no deberían cruzarse. Que hay servicios donde la lógica económica no puede ser la única brújula. Porque no todo lo valioso es rentable y no todo lo rentable es justo.

El accidente de Adamuz nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia? ¿Cuánto vale una respuesta a tiempo, una decisión bien tomada, una trabajadora descansada y reconocida? ¿Qué ocurre cuando convertimos la emergencia en un producto y la atención en un coste a minimizar?

Mientras hablábamos del descarrilamiento, mi madre guardó silencio. Un silencio que no necesitaba explicación. Y entonces comprendí que, quizá, mi error había sido mirar el problema desde los márgenes equivocados. Que no todo se puede explicar con curvas de oferta y demanda. Que hay trabajos que no se miden en productividad, sino en responsabilidad. Que hay servicios que no se pueden delegar sin perder algo esencial por el camino.

Me toca admitirlo: me equivoqué. Y asumir, con una mezcla de inocencia y alivio, que al final hay verdades que no necesitan demostración empírica. Como esa que dice que hay cosas que no se privatizan sin consecuencias. O esa otra, más sencilla y más certera, que he vuelto a comprobar estos días: que las madres, casi siempre, tienen razón.