Debo confesar que corren malos tiempos para la lírica empresarial, por mucho que los indicadores macroeconómicos mejoren perspectiva, vivimos en un espejismo, y de ningún modo quiero que me tachen de practicar la agorería.

Yendo al centro del debate, si un trabajador denuncia a su empresa por vulneración de un derecho fundamental, reclamación de cantidad, etc., el empresario y el trabajador entran al juzgado de lo social con un 80/20 de probabilidades, y ya se imaginan a quién le toca el 20%.

Y si levantamos la vista hacia Hacienda, el panorama no mejora. Cuando el fisco detecta una “oportunidad” para aumentar la recaudación, y el empresario osa discrepar, entra en escena el viejo aforismo latino solve et repete —primero paga, después reclame—.

Si el empresario cree tener la razón, en ese momento debe iniciar un tortuoso camino de recursos que se alargará en el tiempo. Ciertamente, la mitad de las veces dan la razón a los litigantes que nunca pierden su condición de sujetos pasivos.

Ante este panorama no extraña a nadie que haya surgido el movimiento https://contribuyentesaccion.com/ una plataforma que intenta ser el altavoz de una ciudadanía que se siente cada vez más desprotegida frente a una administración tributaria, que bien parece olvidar que detrás de cada empresa hay personas, empleos y proyectos que sostienen al país.

Volviendo al principio pro operario que da título a este artículo. Nació con un propósito tan noble como necesario, y no fue otro que equilibrar una desigualdad histórica entre trabajador y empleador en los tiempos convulsos que se iniciaron con la Revolución Industrial. Aquella época estaba marcada por jornadas inhumanas, ausencia absoluta de descansos, despidos fulminantes ante la mínima dolencia y, en su versión más horrible, el trabajo infantil. En ese paisaje de dureza extrema, proteger al trabajador era una obligación moral, algo que ayuda a entender mejor a pensadores como Engels y Karl Marx, quienes tuvieron la posibilidad de analizar aquella realidad desgarradora.

Pero si Marx despertara a finales de 2025, comprobaría que su pronóstico de un capitalismo superado por un sistema donde la producción se gestionaría colectivamente —y no para beneficio individual—, vería que se ha cumplido su vaticinio por una vía que él jamás habría imaginado.

Me refiero a la erosión continuada de los márgenes empresariales mediante la hiperprotección judicial al trabajador, la exacción fiscal convertida en deporte nacional y un absentismo laboral que crece cada año a dos dígitos.

En estas circunstancias los márgenes empresariales, antaño espacio de maniobra y riesgo calculado, hoy son saeteados sin tregua por estas fugas constantes, auténticas vías de desagüe que dejan a muchas empresas con un final triste en su cuenta de resultados año tras año.

Ciertamente, hemos pasado del trabajador indefenso del siglo XIX al trabajador del siglo XXI que cuenta con un abanico amplísimo de derechos, permisos y beneficios. Esa evolución es positiva, pero no está exenta de excesos.

Proteger al trabajador es necesario, pero perjudicar sistemáticamente a la empresa no. El principio pro operario está pensado para resolver dudas razonables interpretando la norma a favor del trabajador. De hecho, cualquier conflicto laboral judicializado se decide bajo la lógica de una empresa poderosa que sojuzga a los empleados, por lo que debe ser la parte sacrificada/condenada. Ese automatismo es profundamente injusto y miope, porque pasa por alto una obviedad, que no es otra, que sin empresas no habrá trabajadores, ni salarios, ni impuestos, ni estado del bienestar...

Una resolución judicial que ignora la viabilidad empresarial mediante un fallo a favor del trabajador, tenga razón o no, es un fallo que no alcanza el objetivo de proteger el empleo, de hecho lo está poniendo en riesgo. Asimismo, en otras áreas del Derecho es inaceptable que una de las partes del proceso vaya con ventaja previa, sin embargo, en lo laboral, es así por norma, de ahí el principio que invoco en el título de este artículo.

Cuando los ayuntamientos exprimen a las empresas con impuestos y/o burocracia excesiva, Hacienda aumenta la presión fiscal y los tribunales fallan sistemáticamente en contra del empleador, el mensaje que recibe quien arriesga su patrimonio y, hasta la casa en la que habita, es desalentador.

Los derechos laborales, la sanidad pública, las pensiones, las ayudas sociales etc., nada de eso existiría sin un tejido empresarial fuerte. La empresa ni el empresario son el adversario, ni el lobo que hay que abatir como decía Churchill, más bien el chasis que sostiene la economía de un país. Y si a ese chasis se le echa encima un exceso de carga el sistema completo se desploma y colapsa.

La clase empresarial cada vez más la engrosan empresarios comprometidos con todos sus grupos de interés, entre los que destacaría a sus trabajadores. Así, que, el sistema necesita a trabajadores responsables, médicos rigurosos a la hora de dar una baja, administraciones sensatas que no ataquen a la empresa con más carga fiscal y jueces menos apriorístico, que protejan por igual al trabajador y a la empresa. Porque una sociedad sin empresas es una sociedad condenada a la pobreza económica, que es la peor de las pobrezas.