Una operaria de Limasam recoge parte de los residuos.
Málaga frena el cobro de la nueva tasa de basura y lo supedita a tener plenas garantías para evitar litigios
El concejal de Economía, Carlos Conde, admite que el Ayuntamiento no podrá cumplir el calendario previsto para implantar la nueva tasa de basura y abre la puerta a retrasar su aplicación al cuarto trimestre por la falta de seguridad jurídica de la ley estatal de residuos.
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Nuevo cambio de planes en la aplicación de la nueva tasa de basura de Málaga.
Lejos de estar cerca de poner en marcha el tributo que gravará la producción de residuos de los hogares de la capital de la Costa del Sol, cumpliendo con las exigencias del Gobierno de España, el Ayuntamiento admite abiertamente que el primer recibo, previsto para el tercer trimestre de 2026, se retrasará.
El asunto es que desde el equipo de gobierno del PP tampoco son capaces de precisar en qué momento será posible activar el procedimiento de cobro.
El concejal de Economía, Hacienda y Recaudación, Carlos Conde, habla de que podría ser en el cuarto trimestre. "¿Será en el cuarto trimestre? No lo sé. Estamos trabajando en ello", ha añadido, dejando claro que el Ayuntamiento no fijará una fecha definitiva hasta contar con las garantías suficientes para evitar futuros problemas legales.
Conde ha justificado esta cautela en la elevada litigiosidad que está provocando la implantación de la tasa en numerosos municipios españoles, una situación que ha calificado como un "verdadero galimatías jurídico" y un "verdadero dolor de cabeza" para los ayuntamientos.
El caso de Madrid
El responsable de Economía ha citado expresamente la situación vivida por el Ayuntamiento de Madrid, donde diversas resoluciones judiciales han obligado a revisar la aplicación del tributo y han abierto la puerta a devoluciones millonarias de recibos.
A su juicio, un escenario de este tipo tendría un importante impacto sobre la estabilidad presupuestaria municipal.
"El Ayuntamiento de Málaga no se puede plantear una situación como la que le está ocurriendo a Madrid, que se ve en la necesidad de devolver un dinero presupuestado que está financiando actuaciones del propio Ayuntamiento", ha afirmado.
Precisamente por ello, el Consistorio malagueño optará por una aplicación prudente de la nueva tasa y evitará incorporar en sus previsiones presupuestarias ingresos cuya recaudación todavía no esté suficientemente garantizada.
"No vamos a pintar en el presupuesto la totalidad de un ingreso si todavía no tenemos ciertas garantías de su cobro. Seremos siempre moderados en las previsiones", ha explicado.
Reuniones para blindar la ordenanza
Conde ha explicado que el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas entre las áreas de Economía, Servicios Operativos, Limasa, la Asesoría Jurídica, la Secretaría General y la Intervención con el objetivo de elaborar una ordenanza que pueda superar posibles impugnaciones judiciales.
Según ha señalado, la principal dificultad reside en la propia redacción de la Ley de Residuos, que considera excesivamente ambigua en aspectos esenciales para calcular la tasa.
Entre ellos, ha citado la obligación de repercutir el coste del servicio en función de la generación de residuos, sin que la normativa determine con claridad cómo debe realizarse ese cálculo.
"¿Qué es lo que genera una familia? ¿Lo que genera una vivienda? ¿Se calcula según el consumo de agua? ¿Por el valor catastral? Ni siquiera eso está claro", ha lamentado.
El concejal ha asegurado que cada municipio ha optado por fórmulas distintas y que muchas de ellas han terminado siendo recurridas ante los tribunales.
Conde ha aprovechado para reclamar al Gobierno central una modificación de la Ley de Residuos con el objetivo de reducir la inseguridad jurídica que, según sostiene, está afectando a los municipios encargados de desarrollar la normativa.
En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha solicitado formalmente, a través de la Comisión de Economía de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se introduzcan cambios en la legislación para aclarar los criterios de aplicación de la tasa.
"Nuestros pasos serán firmes cuando tengamos seguridad jurídica. No podemos permitir que una decisión de este tipo comprometa la estabilidad económica del Ayuntamiento", ha concluido el edil.
Un sistema de recaudación ya diseñado
Según el anteproyecto municipal, la cuota media por vivienda se situará en torno a los 129,29 euros anuales (sin IVA), aunque el importe final variará en función del valor catastral del inmueble y del número de personas empadronadas.
Las estimaciones sitúan la mayoría de los recibos entre 123,60 y 157,66 euros al año, un tramo que afecta a más del 40% de las viviendas de la ciudad.
El nuevo sistema incorpora por primera vez a los hogares como sujetos obligados al pago, junto a pequeños comercios y actividades económicas, en un cambio sustancial respecto al modelo anterior.
