Planes de pago y amenaza de embargo: así ha reducido Málaga más de 20 puntos la morosidad en las VPO

Pese a que el débito acumulado con el paso de los años ronda ya los 31 millones de euros, las estadísticas manejadas por el Ayuntamiento de la capital permiten observar una reducción significativa en los impagos en el periodo 2020-2025.

Según la información aportada a EL ESPAÑOL de Málaga por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la morosidad media anual ha pasado del 56,82 % en 2020 a estar por debajo del 36% en 2025.

Esto supone una caída acumulada de 20,84 puntos porcentuales en apenas cinco años y consolida una tendencia descendente que se acelera especialmente desde 2023.

Solo en el último ejercicio, la variación ha sido especialmente acusada. En comparación con 2024, la morosidad se ha reducido en 10,75 puntos.

La serie histórica muestra un comportamiento irregular en los primeros años del periodo analizado. Tras una ligera mejora en 2021, cuando la morosidad bajó hasta el 53,60%, el indicador volvió a repuntar en 2022, alcanzando su peor dato de toda la serie, con un 58,46% de media anual y picos mensuales superiores al 60%.

El punto de inflexión llegó en 2023, con una caída muy intensa de más de diez puntos, hasta el 48,29%.

A partir de ahí, la mejora se consolida en 2024 y se acelera de forma notable en 2025, cuando prácticamente todos los registros mensuales se sitúan por debajo de los niveles de años anteriores.

Durante el primer semestre de 2025, la morosidad pasó del 42,63% en enero al 35,82% en junio. En la segunda mitad del año, los valores siguen a la baja, como lo demuestra el hecho de que en noviembre estuviese incluso por debajo del 30%.

Este parámetro confirma el esfuerzo realizado en estos años desde la Casona del Parque.

Algo que destaca el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien valora de forma muy positiva la evolución de los datos y destaca el trabajo realizado para revertir una situación que se arrastraba desde hace décadas.

"Lo importante es que vamos bajando el índice de morosidad. La gente va asumiendo su responsabilidad y, además, es un dinero que el Ayuntamiento va recuperando para reinvertirlo en vivienda y en mantenimiento. Eso es fundamental", subraya.

Pomares recuerda que el objetivo inicial marcado al equipo técnico era reducir la morosidad en torno a un 5% anual. "En dos años no solo no hemos bajado un 10%, sino un 20%. El equipo ha doblado el objetivo que nos habíamos marcado, así que solo puedo felicitarlos", señala.

De cara a 2026, el edil fija un nuevo reto: "Nos volvemos a poner el mismo objetivo, bajar otro 5%. Si conseguimos bajar más, perfecto. La idea es acercarnos progresivamente a un índice de morosidad similar al de la vivienda libre, porque siempre hay un porcentaje que es normal en cualquier comunidad".

Planes de pago y control individualizado

Desde el Ayuntamiento insisten en una estrategia que incluye como aliciente principal el control individualizado de los casos, estableciendo planes de pago asequibles para los afectados.

Esta labor cuenta desde hace varios ejercicios con el apoyo externo de una empresa especializada, integrada por abogados y trabajadores sociales, que analiza la situación económica real de cada familia.

"Se visita a los afectados y se determina si no pagan porque no pueden o porque no quieren. Si no pueden, se les propone un plan de pago adaptado a su realidad. Si pueden pagar y no hay voluntad, se inicia un proceso monitorio", explica Pomares.

El Consistorio limita el esfuerzo económico exigible a estas familias al 30% de los ingresos demostrados del inquilino.

"Nunca pedimos más de un tercio del ingreso. Aunque el alquiler sea mayor, si la persona solo puede pagar ese 30%, se ajusta. Entendemos que hay que dejar margen para vivir", añade.

En los casos en los que se acredita capacidad económica y se rechaza cualquier acuerdo, el Ayuntamiento recurre a la vía judicial para reclamar la deuda, lo que puede derivar en embargos de nómina o bienes. "Curiosamente, cuando llega la orden de embargo, todo el mundo acepta la solución de los planes de pago", apunta el concejal.

La realidad de los alquileres en el parque de vivienda social de Málaga, con unas 4.000 en régimen de arrendamiento, es variada. Frente a los 500 euros que se pueden estar pagando mensualmente en la actualidad en las promociones más modernas se pueden encontrar otras de renta antigua, pertenecientes al parque de AVRA, por las que se abonan unos 50 euros al mes.

Un problema de décadas

La deuda acumulada por impagos en el parque público de vivienda de Málaga ronda los 31 millones de euros, una cifra que se ha ido generando a lo largo de más de dos décadas.

Desde el Área de Vivienda subrayan que la mejora registrada en 2025 indica que las medidas adoptadas están funcionando, aunque advierten de que el reto ahora es consolidar esta tendencia en el tiempo.

"La clave es concienciar. Hay miles de familias esperando una vivienda pública y pisos con alquileres muy bajos que no se están pagando. Eso es lo que estamos corrigiendo", concluye Pomares.