La Junta de Andalucía da vía libre a la construcción de una gasolinera en la carretera de la Azucarera de Málaga

La Junta de Andalucía allana el camino para la construcción de una nueva gasolinera en la ciudad de Málaga. En concreto, el proyecto autorizado desde el punto de vista medioambiental contempla una instalación de suministro de combustibles en la carretera Azucarera-Intelhorce, 2.

La Consejería de Sostenibilidad Ambiental ha validado el plan especial de este desarrollo, según consta en el informe, fechado el pasado 10 de septiembre. En el mismo se considera que la ejecución de la estación de servicio no tiene efectos negativos para el medio ambiente.

No obstante, se da la circunstancia de que la parcela elegida para esta actuación se encuentra situada y afectada parcialmente por la huella de inundabilidad.

Ordenación de la futura gasolinera.

La evaluación ambiental, que ha implicado la consulta a varios organismos técnicos, concluye que el proyecto, a desarrollar en una superficie de 1.290 metros cuadrados de un total de 2.349 metros industriales, no generará impactos ambientales significativos si se aplican rigurosamente las medidas preventivas y correctoras fijadas.

En este sentido, se han valorado aspectos como la gestión de aguas, la posible afección a zonas inundables, la generación y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, y la protección de la masa de agua subterránea local, hoy en mal estado y por tanto sometida a especial control.

El informe detalla que el abastecimiento de agua de la nueva actividad supondrá una demanda menor a la del uso anterior de la parcela como matadero, y que las aguas residuales serán tratadas y vertidas a la red municipal, sin riesgo de contaminación, siempre y cuando se cumplan las autorizaciones y procedimientos preceptivos.

Además, se fijan una serie de obligaciones a seguir por parte del promotor. Es el caso de separar y gestionar correctamente las fracciones de residuos, minimizar los riesgos durante la construcción y funcionamiento, y realizar informes de seguimiento ambiental semestrales, bajo la supervisión técnica exigida por la normativa vigente.

La aprobación queda supeditada al estricto cumplimiento de todas las condiciones ambientales fijadas, advirtiendo que el informe puede decaer si en cuatro años no se culmina la tramitación administrativa del proyecto.