Así crece la obra del Metro de Málaga al Hospital Civil.
Portazo de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga en su reclamación por la millonaria deuda del Metro
No admite el requerimiento para que anule la liquidación del suburbano, ascendente a 63,4 millones. Sí accede a suspender cautelarmente la orden de pago.
Más información: Andalucía ha pagado ya casi 800 millones de euros por el funcionamiento del Metro de Málaga
La guerra por la financiación del Metro de Málaga se mantiene viva. Y, salvo sorpresa, acabará llegando a los tribunales. Un camino que se antoja inevitable después de que la Junta de Andalucía haya rechazado el requerimiento previo realizado por el Ayuntamiento para que anulase la liquidación de 63,4 millones de euros.
La determinación adoptada por el Gobierno regional choca de lleno con la demanda acordada el pasado 24 de enero por la Junta de Gobierno Local, que fue trasladada a la Administración andaluza el 4 de febrero. Desde ese momento, la Junta disponía de un mes de plazo para contestar. Y la respuesta ha sido contraria a los intereses municipales.
Aunque Fomento no atiende las razones esgrimidas por el Consistorio para dejar sin efecto la liquidación millonaria, la mayor parte de la misma vinculada con los costes de explotación del suburbano, sí accede a suspender cautelarmente la orden de pago que había sido dictada hasta tanto en cuando se pronuncien los tribunales.
Este movimiento es semejante al seguido con los otros ayuntamientos a los que la Junta también está pidiendo el cumplimiento de las obligaciones económicas que fueron asumidas en el marco de los convenios de los metros andaluces. Entre ellos, el de Sevilla, al que exige 133,7 millones.
En el caso del acuerdo de construcción y explotación del Metro de la capital de la Costa del Sol, el pacto data de inicios de 2003. Conforme al mismo, la Junta asumía el abono del 75% de los costes de explotación del ferrocarril urbano, quedando el otro 25% en manos del Ayuntamiento.
Alrededor de 800 millones pagados
La realidad, sin embargo, es que en los ya más de diez años que lleva funcionando el suburbano, sólo la Administración regional ha pagado, afrontando la totalidad de los gastos, ascendentes a unos 800 millones, mientras que el Consistorio se ha inhibido por completo.
Transcurrido todo este tiempo, los actuales responsables de Fomento, que aducen la obligación de proceder de este modo, han dado el paso de reclamar a Málaga parte de la suma adeudada. De los 63,4 millones de la liquidación, casi 56 millones se vinculan a la explotación.
La respuesta municipal desde el primer momento ha sido contraria a la petición, llegando a exigir su anulación. El equipo de gobierno del PP entiende "no ajustada a derecho la liquidación efectuada, ya que el montante que pretende liquidar la Junta de Andalucía responde a la cantidad resultante de multiplicar en cada uno de los años de explotación del suburbano la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio".
"Esos son los parámetros que ha modificado la Junta en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones: 16 de julio de 2014 y 22 de octubre de 2020, ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003. En definitiva, la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica", sentencia.
Una vez confirmada la negativa de la Junta a validar la tesis municipal, el Consistorio dispondría de dos meses para poder interponer un contencioso administrativo. No es la primera vez que explota este escenario, como demuestra el hecho de que ya acudiera a los tribunales después de recibir por parte de la Junta otra exigencia de pago en xx.
