Málaga ya se prepara para llevar a los tribunales la millonaria deuda del Metro que le exige la Junta de Andalucía

Vuelve el sonido de tambores de guerra al Metro de Málaga. Después de casi siete años de paz institucional, los mismos que se cuentan desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Junta de Andalucía, los nubarrones se ciernen nuevamente sobre el ferrocarril urbano. Y lo hace de manera casi inesperada.

Con las máquinas afanadas en la ejecución de la prolongación del suburbano hacia el entorno del Hospital Civil y allanado el camino de entendimiento entre la Administración regional y el Ayuntamiento de la ciudad, se reabre la herida nunca cerrada de la financiación del proyecto. 

Asunto que, según admiten fuentes municipales, acabará en la vía judicial si la Junta no atiende la demanda realizada desde la Casona del Parque a finales de la semana pasada, en el sentido de anular la liquidación de casi 64 millones de euros que le ha sido transmitida. 

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De hecho, las fuentes consultadas dan por segura una respuesta negativa del Gobierno andaluz a esta reclamación, lo que abrirá la puerta a la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales por parte del Ayuntamiento. 

El desacuerdo principal radica en la suma que se reclama, no en el hecho de que el Consistorio tenga que afrontar parte de ese pago. Lo que no indican las fuentes es la cifra que estaría dispuesto a asumir el Ejecutivo local, indicando que está siendo objeto de estudio.

El motivo del enfrentamiento ya oficializado no es otro que la exigencia que hace la Consejería de Fomento al Consistorio para que asuma el pago de las obligaciones que fueron contraídas en el convenio original del Metro, que data de principios de 2003. 

Pese a que el alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado en numerosas ocasiones la renegociación del mismo, la realidad es que es ese el único documento existente en el que se fijan los compromisos de las dos partes. 

El mismo establece de manera taxativa la necesidad de que el Ayuntamiento sufrague el 25% de los costes de explotación del ferrocarril urbano. Es a este parámetro al que se vincula, por ejemplo, la bonificación que se le aplica al usuario del Metro, con el objeto de que pague mucho menos que el coste real del servicio, que puede rondar los 4 euros por pasajero. Frente a esa suma, el valor medio asignado en realidad es de 0,82 euros. La diferencia es asumida por las dos administraciones.

El mismo trato que a Sevilla

La disputa estalla justo cuando el motivo de la misma parecía olvidada. Eso, al menos, de cara al público. Porque según admiten fuentes autonómicas, el tema ha sido puesto sobre la mesa del Ayuntamiento en varias ocasiones. De hecho, las fuentes son contundentes al asegurar que se ha tenido que remitir la liquidación "porque había que hacerlo", aludiendo al posicionamiento expresado por los servicios jurídicos de la Junta.

A diferencia de épocas pasadas, cuando al frente de la Junta estaba el PSOE en solitario o el PSOE e Izquierda Unida, De la Torre no puede ahora denunciar que a Málaga se le da un trato distinto del aplicado a Sevilla, por ejemplo. 

Fomento ha actuado con la misma contundencia con el Ayuntamiento sevillano, así como con los cuatro municipios metropolitanos que se benefician del suburbano hispalense (Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache). A todos ellos les reclama el pago de 172,6 millones. De ellos, 133,7 millones a Sevilla capital por la explotación de la línea 1 durante los 15 años que lleva en funcionamiento.

Si bien no se conocen los detalles de la posición actual del equipo de gobierno liderado por De la Torre, sí se puede recordar que en 2019, poco tiempo después de la llegada del PP a la Junta, el alcalde ya abordó la necesidad de renegociar las condiciones del Metro.

En una reunión de finales de marzo de ese año, sacó a relucir el asunto y reclamó la revisión del convenio. En ese momento, tomó como punto de partida, como en etapas anteriores, que poco o nada se mantiene de lo que sirvió de base para el acuerdo de colaboración entre las dos instituciones. 

Variaciones significativas

Ni el coste de la obra es el mismo (se aproximará a los 900 millones cuando llegue al Civil, frente a los alrededor de 360 iniciales), ni el calendario de desarrollo es el que era (la primera fecha fijada era febrero de 2009), ni el trazado es idéntico (el tramo hasta La Malagueta se acortó hasta la mitad de la Alameda y se extiende hacia la zona norte).

"El Ayuntamiento no es responsable de la nueva situación y hay que revisar su posición en el tema de la financiación", indicaron en aquel momento varias fuentes consultadas. Un argumento que se asemeja mucho al ahora empleado.

La deuda más pesada es la relacionada con la explotación. Sobre ese particular, lo que defendía De la Torre años atrás era que la suma demandada por la Junta tenía que modificarse, atendiendo al impacto que ha tenido sobre el coste los numerosos incrementos de inversión y las revisiones contractuales con la concesionaria. 

En este punto es clave recordar que la tarifa técnica estimada en el origen del proyecto era de 1,94 euros, frente a los cerca de 4 euros actuales. En este escenario, lo que se llegó a plantear desde el Consistorio es que había que pagar conforme a la tarifa inicial y no a la actual, fruto de ajustes de los que, insisten, no ha participado el Ayuntamiento.