La Invisible vuelve a escena. Lo hace tras un nuevo acuerdo político que pone sobre la mesa la necesidad de proceder, llegado el momento, a desalojar a quienes desde hace ya catorce años y medio lo okupan. 

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Málaga abre esa puerta. Ya lo hizo en 2018, aunque la salida a la calle de varios miles de personas, que clamaron contra la actuación pretendida, disuadió al alcalde, Francisco de la Torre. Ahora queda por ver si es la última. 

El mensaje que lanza el colectivo, ante este nuevo amago, es contundente: "Nos tendrá enfrente". Son algunas de las palabras utilizadas por Eduardo Serrano, uno de los portavoces de La Invisible en el debate plenario celebrado ayer en la Casona del Parque. Acto en el que fue aprobada la propuesta de avanzar en el camino del desalojo. Serrano inició su intervención con un simbólico: "Aquí estamos los terribles okupas". 

Un mensaje que coincide con el que transmite otra de las voces que en los últimos años ha reflejado el sentir del colectivo. Amanda Romero habla con la misma convicción que lo hizo su padre, el otrora dirigente de Izquierda Unida y parlamentario andaluz y nacional.

Fachada del edificio de la calle Nosquera, en Málaga.

"Claro que vamos a hacer frente; eso no se justifica de ninguna manera", dice de manera categórica Romero cuando se le pregunta por el posible desalojo. De sus afirmaciones no se deduce intención alguna de proceder de manera "voluntaria" a abandonar el edificio de la calle Nosquera, 9 y 11.

Básicamente, porque tal y como asegura de manera reiterada, no hay razones para el procedimiento en el que ahora trabaja el equipo de gobierno. "Nos iríamos voluntariamente si fuésemos los que hemos incumplido los acuerdos o estuviésemos traicionando el objetivo del proyecto", añade. 

En el actual escenario, la portavoz del grupo lanza preguntas. "¿Por qué es razonable que se intente justificar el desalojo de un espacio que está en funcionamiento y es capaz de demostrar lo que puede generar, hasta el punto de ser reconocido por el Consistorio como entidad de interés público general?"

"Por momentos hemos pensado que el alcalde era lo suficientemente inteligente como para entender lo valioso que es para una ciudad como Málaga tener proyectos singulares como éste, pero nos damos cuenta de que en vez de rentabilizarlo en términos políticos, con la cesión del espacio, lo que hace es pegarle la patada a la pelota y postergar un conflicto", apostilla.

El origen de La Invisible se remonta a marzo de 2007, cuando un grupo de personas, patada en la puerta incluida, okupó de manera irregular un inmueble de propiedad municipal. Lo que fue expropiado con la idea de crear una incubadora de empresas, con un coste final cercano a los 4 millones, pasó a ser el epicentro de un centro social y cultural alternativo.

El propio colectivo asume aquella intervención como un "acto de desobediencia ante el abandono del edificio y la falta de equipamientos destinados a uso cultural y social". Un acto, eso sí, que consideran "legítimo". 

Un momento clave en el presente conflicto tiene lugar en 2011, cuando vio la luz, con el apoyo del Ayuntamiento y de otras instituciones públicas y entidades privadas, un protocolo de intenciones que tenía por fin, entre otros objetivos, la explotación del espacio. La vigencia del mismo era de un año. Transcurrido el periodo, el acuerdo no fue renovado, iniciándose un largo periodo de tiempo que dura hasta hoy. 

100.000 euros en conservación

La Fundación de los Comunes, gestores de La Invisible, sostienen que existen documentos jurídicos municipales que concluyen que desde el citado protocolo hasta el momento actual existe una "cesión en precario", que tendría que haber avanzado con la cesión regulada.

Romero explica que con informes favorables de Cultura y Urbanismo, el equipo de gobierno llevó la propuesta a la Junta de Gobierno Local, "y cuando se tenía que aprobar se rompieron las negociaciones, se bloqueó y nunca más se supo". 

"Esto es un ciclo en el que las dos partes llegan a acuerdos; se demuestra el interés público de la iniciativa; el alcalde adquiere compromisos y La Invisible también; nosotros cumplimos y cuando le toca al Ayuntamiento, bloquea las negociaciones sin explicación alguna", viene a resumir. 

Este es el punto en el que se encuentra la ya larga partida entre los dos actores. En la misma, De la Torre, abrió la puerta a desarrollar un proceso de diálogo con los ocupantes del inmueble. Sin embargo, nada se sabe después de años de espera. 

Un silencio que se rompe ahora con el movimiento de Ciudadanos, el socio de gobierno del PP en la Casona del Parque, y con el anuncio del concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, de que se está trabajando desde hace meses en un expediente que, con casi toda probabilidad, contendrá razones para defender la necesidad del desalojo.

A la espera de conocer los informes, verbalmente el edil habla de impulsar la rehabilitación integral del inmueble, para después abrir un procedimiento que permita adjudicar su explotación como espacio cultural. Un procedimiento que colisiona con el interés de La Invisible, que desde hace años ha ejecutado tareas de conservación en el edificio por valor de 100.000 euros. Un dinero recaudado en diferentes campañas de crowdfunding.

A las razones manejadas por los populares se suman las de la formación naranja, que ha llegado a denunciar el uso del inmueble municipal como centro logístico para la celebración de manifestaciones. Una afirmación que no es negada por Romero. 

"Espacio contestario"

"Dentro de un espacio que es contestatario e inconformista, que plantea modelos alternativos de organización y toma de decisiones, no pensarán que no se va a participar de protestas o que es un espacio en el que no se van a organizar grupos que van a llevar a cabo acciones y manifestaciones", asegura.

Uno de los pilares de La Invisible desde su gestación es que cuenta con el apoyo de entidades culturales y sociales de referencia a nivel nacional. Entre ellas, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que en abril de 2018, suscribió un convenio de colaboración con la Fundación de los Comunes para "planificar y ejecutar conjuntamente proyectos culturales". Una firma a la que hay que sumar el Macba y Hangar de Barcelona, la UNIA... 

Estos son los avales de los que viene haciendo gala un colectivo que ya avanza va a vender cara su salida. Las cartas están sobre la mesa. Resta por saber si el equipo de gobierno está dispuesto a echar un órdago y seguir con él hasta el final o, como antaño, sólo amaga.