La cementera de La Araña no es uno de los grandes debates municipales ni suele surgir entre los temas de conversación de los más interesados por la política local, pero salió en La Resistencia. El rapero paleño Delaossa explicó en el programa de entretenimiento de David Broncano, uno de los más populares entre los jóvenes de toda España, que la portada de su disco La Tour Liffe -con decenas de millones de escuchas- incluía una imagen histórica de una manifestación de madres de El Palo contra el transporte pesado de la fábrica en la barriada de La Araña. Tras la aclaración, Delaossa dedicó algunos tacos a la instalación.

El hallazgo de una cueva en la cantera de La Araña, del que informó en primicia EL ESPAÑOL de Málaga, ha reabierto el debate de la cementera en la ciudad, cuyo peso es innegable. Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Málaga durante la comisión de Medio Ambiente del 20 de julio de 2020, esta fábrica de la multinacional alemana FYM-Heidelberg contamina más que todos los vehículos de la ciudad juntos.

"Solo la cementera de La Araña emite tanto dióxido de carbono como todo el tráfico público y privado de la ciudad", explicó entonces el responsable del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) del consistorio, Pedro Marín Cots. Junto con la central térmica de Campanillas, el aeropuerto y el puerto, detalló que supone casi la mitad del CO2 desprendido Málaga capital.

A lo largo de los años, no han sido pocos los vecinos de la zona que se han movilizado contra este complejo. Una larga guerra a la que hacía referencia Delaossa y que supone, según explican los vecinos, "prácticamente luchar contra un muro"; pero que a través de la acción judicial de la Asociación de Vecinos de El Candado consiguió algunos éxitos judiciales, a cuyas sentencias ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

Victorias legales de El Candado

En 2012, los representantes de la urbanización, situada a menos de un kilómetro de la fábrica, lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la licencia que le había otorgado el Ayuntamiento de Málaga a la cementera para hacer obras y modificar las instalaciones. En ese momento, la Justicia concluyó -según la sentencia nº 1772/2012 del TSJA- que la evolución medioambiental realizada era insuficiente, que no estaba clasificada en la categoría IND-4 como le correspondía, que el edificio de la cementera se situaba fuera la ordenación urbanística e incluso que la torre de la fábrica excedía de la altura máxima permitida. De haberse aplicado esta sentencia, el resultado hubiera sido demoledor para la empresa que explota la cantera.

En el año 2014, otra victoria judicial, esta vez, para anular la autorización medioambiental que le había sido otorgada a la cementera por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo así lo estimó en su sentencia nº 204/2014, donde incluso señaló que el proceder del entonces delegado provincial de Medio Ambiente al firmar la autorización llegaba a "invadir, presuntamente, terrenos propios del ilícito penal de la prevaricación". El juzgado se comprometió a deducir testimonio a la Fiscalía Provincial, pero finalmente la causa fue archivada y prescribió, explican fuentes jurídicas a este periódico.

Finalmente, en 2017, la sentencia nº 1826/2017 del TSJA anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga de 2013 para aprobar el Plan Especial de la fábrica de cemento, que pretendía regularizarla definitivamente. En el año 2018, al encontrarse la Asociación de Vecinos de El Candado con que aspectos de las sentencias a su favor no eran ejecutados por las administraciones públicas, firmaron un acuerdo con la cementera mediante compensaciones medioambientales y económicas.

Parte de ese compromiso es la instalación de equipos de medición de la calidad del aire y del ruido existente en la urbanización, a cuyos resultados pueden acceder los vecinos a través de una página web y de cuyo coste se ha hecho cargo el Ayuntamiento de Málaga. No obstante, tras la firma de esa tregua hace tres años, la AVC ha vuelto al tablero de juego al personarse este lunes como parte interesada en el descubrimiento de la cueva en la cantera de La Araña, un movimiento en el que han pedido también que el informe arqueológico que estudia el valor cultural de la gruta sea realizado exclusivamente por funcionarios públicos. 

Mientras tanto, la Junta de Andalucía otorgó una nueva autorización ambiental a la cementera, según explican fuentes jurídicas con una restricción mayor que la concedida inicialmente, y está en trámite tanto un nuevo Plan Especial de la Cementera -en la que necesariamente se han visto forzados a subsanar defectos señalados por la sentencia de 2017- como un Plan Especial de Canteras.

Reivindicaciones de El Palo

Por su parte, la Asociación de Vecinos de El Palo ha sido uno de los grandes impulsores del movimiento social para la protección de la cueva, que ha supuesto la última batalla de una larga trayectoria de enfrentamientos con la fábrica. La recogida de firmas para proteger la gruta que han bautizado como Maravilla Blanca, promovida por el Club de Montañismo Rincón de la Victoria, alcanza a fecha de publicación de este artículo unas 7.800 rúbricas.

Los precedentes de la AAVV de El Palo con la fábrica no se centran tanto en sus aspectos urbanísticos, sino fundamentalmente medioambientales. En 2017, mandaron un recurso a la nueva autorización ambiental a la fábrica, que no recibió respuesta. En 2018, pidieron que el medidor de calidad del aire instalado en la barriada fuera industrial, en vez de urbano, también sin éxito.

Han pagado formaciones para entender en profundidad los posibles efectos secundarios que podría tener sobre la salud la emisión de residuos de la fábrica, han comprado sus propios medidores de Estados Unidos que la Justicia no considera homologados, han realizado varios recursos a documentos oficiales sin respuesta por parte de las administraciones, se han unido a la Plataforma Andaluza Contra la Incineración de Residuos y por el Aire Limpio (PACIRAL)... Un sinfín de acciones de guerra de guerrillas para lograr unos datos que les resulten informativamente satisfactorios sobre los efectos de las emisiones en la salud de los vecinos.

"Tienes la sensación de verte solo, prácticamente luchar contra un muro", plantean desde la entidad vecinal: "A veces te desmoraliza, pero no nos cansamos. Hay que seguir adelante erre que erre porque al final las cosas se consiguen", relatan.

Dado el predicamento que tiene la empresa cementera en la zona, donde patrocina diversos eventos, equipos deportivos y visitas escolares en las que explican el funcionamiento de la fábrica, no siempre se ven respaldados por toda la ciudadanía: "La suerte que tenemos aquí es que el mar limpia mucho. No se nota tanto la contaminación, no la estás viendo, pero la estás respirando".

Plantean convertir el complejo en un centro de atracción turística a partir de las cuevas y/o en parte de un cinturón verde de parques que rodeen la ciudad, alternativas con las que creen que se podrían crear suficientes empleos para paliar ese hipotético cierre de la fábrica, en la que trabajan entre 80 y 500 personas, según la fuente consultada.

Incluso aunque la Junta de Andalucía concluya que se debe proteger la cueva por sus valores arqueológicos o medioambientales, tanto el gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Málaga han destacado su intención de compaginar la conservación de la gruta con la actividad de la cementera en la cantera, lo que les aleja de esa visión. "Llegar vamos a llegar, estoy convencida. Lento, pero llegaremos", sentencian desde la AAVV de El Palo.