La torre del puerto de Málaga, como se ha bautizado el hotel de 116 metros de altura (según los datos de los promotores), proyectada en los terrenos del dique de levante, ha transmutado su condición de tótem de progreso y desarrollo de la capital de la Costa del Sol a lo que ya parece atisbarse como nuevo motivo de enfrentamiento político.

Lejos de los días en los que todas las administraciones con voz y voto en este asunto soplaban a favor de la propuesta empresarial, impulsada por un fondo de inversión vinculado a la familia real catarí, el escenario actual está salpicado de dudas. 

Interrogantes acrecentados por el evidente cambio de rumbo protagonizado por el Gobierno central y del PSOE, uno de los partidos que lo sustentan. El otro socio, Podemos, siempre se ha mostrado contrario a esta iniciativa. Un detalle de peso por cuanto es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra a la hora de autorizar el pretendido uso hotelero en suelo portuario.

El reciente acercamiento de los socialistas a las tesis críticas con la operación contrasta con la aquiescencia que estos mismos responsables políticos mostraban en el origen la intervención. Días en los que era el PSOE el que estaba al frente de la Autoridad Portuaria, entidad encargada de propiciar el proyecto, y de la Junta de Andalucía.

Años más tarde, ya sin el control del Gobierno andaluz ni del Puerto, pero sí estando al frente del Ejecutivo de la nación, el mensaje ha cambiado de manera clara. El nuevo sentir existente en el grupo municipal de la formación en la Casona del Parque, donde ya abiertamente se pronuncian de manera adversa al hotel, es fiel ejemplo de ello.

De especial significado es la reciente implicación en el debate del Ministerio de Cultura. Tras ejercicios en los que guardó silencio, amparándose en el mutismo expresado a su vez por la Consejería de Cultura respecto a la posible incidencia de la futura construcción sobre el paisaje de la ciudad, el departamento ahora dirigido por Miquel Iceta ha decidido tomar cartas en el asunto.

Y lo hace preguntándose si la torre no incide negativamente sobre el patrimonio urbano de la capital. "Las características de estas edificaciones podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga", sostiene el departamento ministerial.

Representantes del mismo ya mantuvieron semanas atrás los primeros encuentros con responsables municipales, de los que recibieron información sobre la modificación urbanística que sigue tramitándose como elemento previo a la obra. De la conclusión del informe ministerial dependerá en buena medida el futuro del proyecto. 

En el seno del equipo de gobierno del Ayuntamiento, algunos sospechan que los últimos movimientos del Ejecutivo no pretenden otra cosa que armar el argumento justo para que el hotel no llegue a la mesa del Consejo de Ministros. Una línea de pensamiento que empieza a ser compartida por quienes en los últimos meses veían clara la hoja de ruta trazada para aprobar sin más discusión esta iniciativa.

El cambio de discurso en el que ahora están inmersos los socialistas no es único en el periplo de una iniciativa que salió a escena por vez primera, de la mano del entonces presidente del Puerto, Enrique Linde, en 2007. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba dispuesto para sentar las bases de la operación, se encontró con la negativa del alcalde, Francisco de la Torre, hoy uno de los grandes defensores de la torre.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Javier Ramírez

A finales de 2007, en el marco de una reunión celebrada por el Ayuntamiento y el Puerto, los técnicos de la Administración local cerraron la puerta a la idea del hotel. "Deberá eliminarse la propuesta de una gran edificación terciario turístico, comercial, de la plataforma", decía textualmente el informe municipal.

En el mismo se mencionaba la necesidad de que ese mismo suelo quedase "sin edificabilidad y limitado" a usos como áreas libres, viario peatonal, aparcamiento en superficie y aparcamiento bajo rasante.

Un pronunciamiento que chocaba con la línea de pensamiento que unos años más tarde, en la víspera de las elecciones locales de 2011, expresó el propio De la Torre. De hecho, incluyó la construcción de un hotel en altura, de hasta 175 metros, en su programa, pese a que su desarrollo competía a la Autoridad Portuaria.

Ahora, el propio Linde hace memoria de lo ocurrido. "Como no sabíamos qué hacer en ese suelo vimos la posibilidad de un hotel; vinieron inversores interesados y hablé con el alcalde; me dijo que era una idea interesante, con lo que puse en marcha el cambio de uso necesario", rememora en una conversación con El Español de Málaga. Su alegría, como en otros muchos asuntos de negociación con el regidor, le duró poco. "De pronto me dijo que no", añade.

Proyecto estrellas en las municipales

Su sorpresa fue cuando vio que incluyó esta iniciativa en su programa a las municipales de 2011. Esa decisión provocó un agrio enfrentamiento en las redes sociales, en las que Linde escribió: "El alcalde propone un hotel en el dique de levante. ¡Ahora! Dijo que no en 2007. Síndrome de Penélope", llegó a criticar, añadiendo: "Teje ahora lo que estuvo destejiendo tres años atrás".

Con la marcha de Linde y el paso fugaz de José Sánchez Maldonado, llegó el turno de Paulino Plata, el verdadero responsable de la propuesta que siete años después de que se activase sigue sin ver la luz.

Su apuesta, junto con el papel clave del arquitecto José Seguí, fue determinante en sentar las bases de la operación. De hecho, pese a las dudas expuestas por la Abogacía del Estado, Plata impulsó la convocatoria de un concurso exprés que trajo consigo la concesión condicionada del suelo al grupo catarí. La concurrencia contó con dos firmas, si bien la competidora no cumplía ninguna de las exigencias reclamadas.

Pese a la existencia de contestación ciudadana y de colectivos profesionales, caso del Colegio de Arquitectos, de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Icomos, entre otros, la torre ha contado con el camino expedito. Hasta ahora, cuando surgen las primeras discrepancias serias por parte del Gobierno central. 

Al papel relevante de Cultura hay que sumar la posición férrea mostrada por Puertos del Estado en informes recientes, en los que sostiene la necesidad de que antes de que el asunto llegue al Consejo de Ministros tenga lugar la aprobación definitiva del ajuste urbanístico por parte del Pleno municipal.

Una interpretación que contrasta con la que hacen los juristas de la Gerencia de Urbanismo, que sostienen que no es posible aprobar definitivamente una modificación que autoriza el uso hotelero si previamente no se permite el citado uso.

El debate sobre el hotel alcanza un punto clave, en el que se produce una discusión jurídica de alcance que puede condicionar el futuro de la iniciativa. Queda por saber hasta dónde están dispuestos a ceder los actores ahora protagonistas.