Imagen de unas mascotas con sus dueños.

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Economía

Entró en vigor: multa de hasta 50.000 euros si tu mascota no lleva microchip en España

La norma contempla que perros, gatos y hurones deben estar registrados en el sistema autonómico correspondiente.

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Las claves

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La Ley de Bienestar Animal en España exige que perros, gatos y hurones lleven microchip y estén registrados.

La falta de identificación con microchip se considera una infracción grave, sancionada con multas de 10.001 a 50.000 euros.

El microchip vincula legalmente al animal con su propietario y facilita la localización en casos de pérdida, robo o abandono.

El procedimiento de implantación del microchip es sencillo, rápido y solo debe realizarse una vez en la vida del animal.

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, ha dejado de tratar la falta de identificación como un simple descuido burocrático para convertirla en una infracción grave, con todo lo que eso implica en el bolsillo del propietario de la mascota.

La norma contempla que perros, gatos y hurones deben llevar microchip y estar registrados en el sistema autonómico correspondiente. No es una recomendación ni un consejo de buenas prácticas. Es una obligación legal, y su incumplimiento abre la puerta a sanciones que arrancan en los 10.000 euros y pueden escalar hasta los 50.000.

El dispositivo funciona como una matrícula. Vincula al animal con una persona concreta y permite que la Administración sepa, en cualquier momento y ante cualquier incidencia, a quién pedir cuentas.

Sin esa identificación, el animal existe pero su responsable, a efectos prácticos, no. Si se pierde, las posibilidades de recuperarlo se reducen drásticamente. Si aparece abandonado, demostrar quién debía cuidarlo se convierte en una tarea casi imposible.

El régimen sancionador de la Ley 7/2023 se articula en tres niveles. Las infracciones leves, para los incumplimientos formales que no causan daño directo al animal, se castigan con multas de entre 500 y 10.000 euros.

Las graves, entre las que figura expresamente la falta de identificación, junto a dejar al animal confinado en terrazas o trasteros, usarlo como reclamo publicitario sin autorización o no notificar su desaparición, conllevan sanciones de 10.001 a 50.000 euros.

Y en lo más alto de la escala, reservada para los casos en que se causa la muerte del animal u otros perjuicios extremos, las muy graves pueden alcanzar los 200.000 euros.

Frente a ese riesgo, el remedio es sencillo y barato. Un veterinario implanta el chip en cuestión de minutos, el animal queda dado de alta en el registro autonómico y el trámite no vuelve a repetirse en toda su vida.

Este coste tiene un valor añadido: si el perro o el gato se pierde, es robado o sufre un accidente lejos de casa, ese pequeño dispositivo es, con frecuencia, el único camino de vuelta.