Vista del municipio de Ardales.
Grietas y fisuras en casas: Ardales pagará 353.628 euros por daños causados por una obra municipal
Los desperfectos comenzaron a aparecer en el verano de 2023, después de los trabajos ejecutados entre 2020 y 2021 y una fuga en la red municipal de agua.
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El pequeño pueblo de Ardales, habitado por poco más de 2.500 euros, va a tener que indemnizar con más de 350.000 euros a varias familias que se vieron afectadas años atrás por importantes daños en varias viviendas en la calle Los Carros y la plaza de San Isidro.
La determinación acaba de ser dictaminada por el Consejo Consultivo, que, en una resolución del pasado 29 de enero, informa favorablemente la propuesta del Consistorio de reconocer su responsabilidad patrimonial en este suceso.
En concreto, la cantidad reclamada y aceptada asciende a 353.628,36 euros. Esta es la suma con la que compensar los serios daños provocados por una obra de urbanización y una fuga en la red de agua sobre varios inmuebles.
El expediente se ha tramitado de oficio por el Ayuntamiento para determinar si procede indemnizar a los propietarios de varias edificaciones por la aparición de grietas y otras patologías graves.
Los daños, según se recoge en el dictamen, comenzaron a manifestarse en el verano de 2023, después de que el Consistorio ejecutara entre 2020 y 2021 obras de urbanización en la calle afectada y se produjera, también en verano de 2023, una fuga en la red municipal de abastecimiento de agua.
A ojos de los integrantes del Consultivo, las lesiones incluyen daños materiales en el exterior e interior de las viviendas y la inhabitabilidad de varias de ellas, que deben ser desocupadas para acometer las reparaciones.
Los informes técnicos destacan el carácter progresivo de los daños y advierten de que la valoración económica es provisional y dependerá de la evolución de las patologías y del momento en que se inicien las obras de reparación.
Causas
El Consejo señala que todos los informes coinciden en atribuir el origen de los daños al funcionamiento del servicio público municipal.
Entre ellos figuran el informe de un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento, los informes del arquitecto municipal, un informe pericial presentado por los vecinos y otro de la aseguradora.
Los técnicos apuntan a una excavación junto a las cimentaciones de las viviendas más profunda de lo previsto en el proyecto —en torno a un metro, tangente a los cimientos, en lugar de los 50 centímetros contemplados—, unida a un compactado deficiente de los rellenos bajo el pavimento y a la fuga de agua en la red de abastecimiento.
Esa combinación habría reducido la capacidad portante del terreno, hecho el suelo potencialmente colapsable y provocado asientos diferenciales que se han traducido en fisuras y grietas en los muros de carga.
Indemnización y obras en el vial
La propuesta municipal estima en 353.628,36 euros la cuantía total a abonar a los afectados, según el informe del arquitecto municipal de la Oficina Técnica de Urbanismo emitido el 17 de diciembre de 2025.
La cifra incluye, de forma individualizada, los daños de cada vivienda —presupuesto de ejecución material, beneficio industrial e IVA— y las actuaciones necesarias en el vial mediante micropilotes, con el objetivo de estabilizar el terreno y evitar un mayor deterioro de las edificaciones.
El Consejo Consultivo considera que esta valoración se ajusta al principio de reparación integral del daño previsto en la Ley 40/2015, aunque aconseja actualizar los importes y contemplar los gastos derivados de la imposibilidad de ocupar determinadas viviendas mientras duren las obras.
Aunque avala la existencia de responsabilidad patrimonial, el órgano consultivo llama la atención sobre las "grandes diferencias" entre el proyecto de urbanización y lo realmente ejecutado, especialmente la mayor profundidad del cajeado junto a las fachadas y la disposición de arquetas y redes tangentes a las cimentaciones.
Señala que esos cambios debieron ir acompañados de medidas de seguridad o de obras complementarias que garantizasen que no se afectaba a las viviendas, y sugiere esclarecer si las modificaciones respondieron a órdenes de la dirección de obra o a decisiones de los operarios.