Una patrulla de la Guardia Civil.
Investigan a varias personas y empresas por emisiones de polvo procedente de explotaciones mineras en Málaga
Estas investigaciones se centran en Coín, en torno a presuntos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y por la posible usurpación de aguas.
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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, en el marco de la operación 'Pulvis', ha investigado a ocho personas, entre ellas gerentes de empresas, técnicos especializados y tres entidades jurídicas relacionadas con la explotación minera a cielo abierto. Estas investigaciones se centran en presuntos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y por la posible usurpación de aguas.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ordenó la investigación hace varios meses tras recibir una denuncia de una plataforma vecinal que alertaba sobre irregularidades medioambientales cometidas durante años en diversas explotaciones mineras de la localidad de Coín, según informó la Guardia Civil mediante un comunicado.
Las pesquisas iniciales revelaron que las canteras emitían reiteradamente polvo en suspensión al aire y vertían aguas con partículas de polvo en cauces públicos. Tras inspeccionar las instalaciones, los agentes confirmaron la presencia de grandes cantidades de polvo que escapaban al exterior debido a la falta de medidas correctoras o a la ineficacia de las existentes, afectando significativamente al entorno.
Vecinos de la zona describieron la situación como "insostenible" en los últimos años, pese a numerosas denuncias ante las administraciones competentes. Estos problemas incluían molestias, daños en viviendas y afecciones respiratorias para los residentes. Además, los agentes comprobaron que el polvo y las aguas de riego de las explotaciones terminaban en el río Pereila, creando un sedimento que podría dañar la flora y fauna de este espacio protegido.
La actividad minera también impactó a los cultivos subtropicales cercanos, cuyos frutos quedaban cubiertos de polvo o cal. Incluso tras ser lavados, estos productos no podían venderse como fruta fresca, lo que perjudicó económicamente a los agricultores al reducirse su valor en el mercado.
Asimismo, la Guardia Civil constató que dos de las explotaciones mineras utilizaban de forma presuntamente irregular agua extraída de pozos ubicados dentro de sus instalaciones para fines industriales.
La operación 'Pulvis' fue desarrollada por agentes del Seprona de la Comandancia de Málaga, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Coín.
